El exembajador de España en Venezuela, condenado por el cobro de comisiones millonarias de PDVSA
Raúl Morodo, embajador durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, y su hijo, reconocieron los delitos, que incluyen la creación de sociedades para evitar los pagos al fisco.
La Audiencia Nacional de España condenó este martes al embajador del dicho país en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, a diez meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, luego de que este y su hijo llegaran a un acuerdo con la Fiscalía y reconocieran el cobro de comisiones millonarias de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) entre 2013 y 2014, informó la agencia EFE.
Según las pesquisas de la Audiencia Nacional, Alejo Morodo, el hijo del exdiplomático, se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal; pero, «consciente de que la debida tributación de las rentas que obtenía en el desarrollo de esa actividad por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) le supondría un considerable desembolso», decidió crear una red de tres sociedades interpuestas para evitar los pagos al fisco, detalló el diario español El País.
El magistrado que llevó la instrucción, detalló que, entre 2007 y 2014, Alejo Morodo inició «una aparente relación contractual con PDVSA a través de dos de sus sociedades para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional, por los que estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6,6 millones de euros».
El dinero fue blanqueado a través de dichas sociedades ―Aequitas Abogados, Furnival Barristers y Morodo Abogados― en las que participaron dos socios venezolanos. Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, exdirectivo de PDVSA, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.
No obstante, la Audiencia Nacional indicó que «los servicios son prestados total y únicamente por la persona física de Alejo Morodo Cañeque, sin necesidad de actuar a través de sociedades que no intervienen en la prestación del servicio ni aportaron ningún valor añadido».
En cuanto al exembajador, el tribunal alegó que este percibió de dos de esas tres sociedades cantidades que han de clasificarse como «ganancias patrimoniales no justificadas», dado que «no prestaba ningún servicio en las mencionadas sociedades gestionadas por su hijo».
La Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel para el exdiplomático y ocho años y medio para su hijo, pero finalmente rebajó su solicitud a diez meses y dos años, respectivamente, al aplicarles las atenuantes de confesión de los hechos y de reparación del daño, al haber ingresado ambos un total de 1.410.000 euros de la deuda contraída con la Hacienda española.
El caso judicial tuvo su origen en 2020, cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció que Alejo Morodo, su padre y sus socios «recibieron fondos no justificados desde PDVSA« y «utilizaron mecanismos para intentar dotarlos de apariencia legal y desvincularlos de su origen ilícito». Para este fin confeccionaron «contratos simulados y facturas falsas carentes de toda justificación real y lógica» sobre servicios de asesoría fantasma. A la postre, las acusaciones fueron probadas y reconocidas por los implicados.
En ese momento, elexpresidente español Rodríguez Zapatero, afirmó en un programa radial que no conocía «en absoluto» las supuestas actividades delictivas del que fuera su embajador en Venezuela, Raúl Morodo, y afirmó que fue «un embajador más», con el que no tuvo una «especial relación».
El escándalo de corrupción reciente más importante entre el Gobierno español y el régimen de Nicolás Maduro es el conocido como «Delcygate«, que tuvo su origen en una visita secreta de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España en 2020 y sigue envuelto en penumbras y bajos fondos, que evidencian la conexión
La trama de corrupción que rodea al exministro de Transporte español, José Luis Ábalos, y que lo mantiene desde hace meses bajo investigación, como parte del llamado «Caso Koldo», ha revelado que, durante ese viaje a Madrid, que fue vendido por La Moncloa como una «escala técnica», Rodríguez ofreció a empresarios españoles ―al reunirse con Ábalos, con la anuencia de Pedro Sánchez― laventa fraudulenta de 104 barras de oro venezolano por 68,5 millones de dólares, informó El Confidencial.
Un informe de 2020, poco después de la visita de Rodríguez a Madrid, un alto funcionario del Gobierno de EEUU dijo: «España fue, es, sigue siendo, el mayor impedimento dentro de la Unión Europea para enfrentarse al régimen«. De ahí que haya espacio para muchas conjeturas en la trama corrupta y la turbia relación económica y política entre España y Venezuela.
