El éxodo de Venezuela y Nicaragua provoca brotes xenófobos en la región

Cientos de miles de venezolanos han cruzado las fronteras terrestres hacia Brasil y Colombia en los últimos meses para intentar escapar de la crisis económica, política y social que vive su país. Colombia ha dado residencia temporal a más de 800.000. Centenares emprenden cada día una trayectoria terrestre para alcanzar Perú, Chile, Argentina e incluso Uruguay. Perú, que desde hace dos años les otorga un permiso temporal de trabajo, estima que casi 400.000 venezolanos se han establecido en su territorio desde hace un año. El pico fue el 11 de agosto pasado, cuando entraron en un solo día 5.100.

En Ecuador, según datos del Ministerio del Interior, al menos un millón de venezolanos ha cruzado la frontera común, si bien los que permanecen en el país son unos 250.000. Ante las críticas, Quito ha eliminado la exigencia de pasaporte para el ingreso en el país de niños y adolescentes venezolanos siempre que lleguen acompañados de sus padres o tutores con el citado documento. Las restricciones administrativas tuvieron un efecto inmediato y ya el sábado se registró poca afluencia de venezolanos en la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando entró en vigor la exigencia de presentar el pasaporte. “Ya no hay venezolanos esperando en Rumichaca”, informó la televisión ecuatoriana Teleamazonas, en referencia al paso fronterizo entre Ecuador y Colombia.

Paralelamente, la crisis desatada en Nicaragua desde mediados de abril —una ola de protestas antigubernamentales duramente reprimida por fuerzas de seguridad y grupos armados al servicio del régimen— ha provocado el éxodo de miles de nicaragüenses, la mayor parte de los cuales se ha refugiado en Costa Rica. No hay datos oficiales del número real de llegadas, porque muchos de ellos entran por veredas, como se llaman los pasos informales en la frontera entre los dos países, pero en los cantones fronterizos su presencia resulta cada vez más visible.

La presión migratoria de venezolanos y nicaragüenses en países en delicado equilibrio a causa de la crisis económica y el aumento de la criminalidad está originando una situación muy compleja desde el punto de vista de la seguridad. La ciudad de Paracaima, en el Estado de Roraima (norte de Brasil, frontera con Venezuela), se ha convertido en una bomba de relojería. La localidad, de 16.000 habitantes, es la puerta de entrada de los venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Por ahí han llegado en los últimos meses más de 40.000 venezolanos y muchos de ellos —un millar, según distintas fuentes— se alojan en tiendas repartidas por la ciudad. El sábado, después de que un comerciante local fuera asaltado y agredido por cuatro venezolanos, según la versión de la policía local, la población reaccionó con una protesta en contra de los migrantes presentes la ciudad. Los manifestantes destruyeron sus tiendas de campaña, quemaron sus pertenencias y atacaron a los venezolanos con piedras y artefactos incendiarios artesanales. Los vídeos de los incidentes publicados en las redes sociales muestran el nivel de crispación general. “No aguantamos más a estos bandidos, que están robando nuestras casas y molestando a nuestras mujeres”, gritaba un hombre en una grabación. En otro vídeo se ve a varias personas arrojando gasolina a las tiendas de los venezolanos al grito de “vamos a prenderos fuego”. Al menos 1.200 venezolanos han abandonado Brasil en las últimas horas a raíz de los incidentes de Paracaima. El Gobierno brasileño convocó ayer una reunión para analizar los hechos.

Traslado a otras ciudades

Antes abierta a la llegada de venezolanos, que solían cruzar la frontera para comprar en sus tiendas, Paracaima es hoy una ciudad asustada por el creciente flujo migratorio desde el país vecino. Parte de los venezolanos busca oportunidades de trabajo allí y otros continúan viaje hacia Boa Vista, capital de Roraima, a 200 kilómetros de distancia. En febrero, el presidente de Brasil, Michel Temer, admitió la vulnerabilidad de los extranjeros y anunció medidas de ayuda, además de proponer llevarlos a otras ciudades del interior del Estado y otros Estados como São Paulo, a 3.500 kilómetros de Roraima. Las buenas intenciones, sin embargo, parecen haberse quedado por el camino, según Camila Astano, de la ONG Conectas Derechos Humanos. “El Gobierno se comprometió a trasladar a 18.000 venezolanos a otras ciudades y hasta el momento solo se ha evacuado a 800”, dice Astano, para quien los sucesos de Paracaima subrayan que es la escasa respuesta del Gobierno la que está alimentando la xenofobia y la crispación de los locales.

A dos meses de las elecciones que renovarán la presidencia y el Congreso, la crisis con los venezolanos puede acabar siendo utilizada políticamente. “Algunos candidatos han defendido que se cierre la frontera con Venezuela, que es algo inconstitucional”, denuncia Astano. La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) también ha alertado del riesgo de nuevos incidentes. “Está claro que el problema se agrava por la inoperancia de las autoridades. Lo que era una cuestión humanitaria ahora tiene una fuerte connotación de seguridad”, dijo Claudio Lamachia, presidente de OAB.

Mientras, países como Ecuador y Perú han endurecido los requisitos de entrada para intentar frenar el aluvión de llegadas. Desde este fin de semana Ecuador solicita el pasaporte en vigor a cualquier venezolano que quiera entrar al país; idéntica medida adoptará Perú desde el próximo sábado. Hasta ahora, los venezolanos podían entrar en los países andinos con su carné de identidad, dadas las dificultades de obtener un pasaporte en Venezuela. Desde hace dos años este trámite administrativo se ha convertido en una odisea por la carencia de materiales y porque la concesión de la cita se demora durante meses.

Otros países han comenzado a exigir visado a los venezolanos. Chile pide un certificado de antecedentes penales que debe emitir el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, además de la obligatoriedad de que el pasaporte no expire en los siguientes 18 meses a la entrada. Además, el consulado venezolano en Chile ha comenzado a solicitar el pago de 50 dólares americanos por la compulsa de certificados de penales a sus ciudadanos, una cantidad desorbitada para la mayoría de los refugiados.

Éxodo nicaragüense

Entre Costa Rica y Nicaragua también ha aumentado la tensión. Desde que estalló la crisis en Managua —una oleada de protestas contra un proyecto de reforma de la Seguridad Social— se han recibido más de 23.000 solicitudes de asilo en Costa Rica, aunque muchas corresponden a nicaragüenses llegados con anterioridad a este éxodo, cuando la colonia nica representaba el 10% de la población del país, de 3,8 millones de habitantes. Según la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), es una demanda válida en los dos casos, el de los recién llegados y el de los radicados anteriormente, porque ahora estos últimos tendrían dificultades para regresar a su país.

Para acoger a los recién llegados se han habilitado dos albergues que prácticamente no se utilizan ya que la mayoría se hospedan en casas de familiares o conocidos gracias a la existencia de amplias y engrasadas redes de migrantes nicaragüenses que sirven de apoyo en los primeros momentos.

El progresivo incremento en el número de llegadas ha generado entre los costarricenses un rechazo muy patente en redes sociales y en los enfoques de algunos medios. Esas muestras de xenofobia alcanzaron su punto culminante en una marcha celebrada el sábado en el centro de San José, la capital. Espoleados por el malestar derivado del deterioro de las condiciones de vida y los servicios públicos, así como por una inseguridad al alza, cientos de costarricenses participaron en una manifestación xenófoba contra inmigrantes nicaragüenses convocada por las redes sociales, en la que se registraron ataques a los extranjeros. La policía practicó 44 detenciones y el decomiso de armas blancas y bombas caseras, pero aún no ha identificado a los organizadores. La turba se dirigió un parque donde al grito de “fuera, nicas” y “asaltantes” la emprendieron contra nicaragüenses. Entre los detenidos hay algunos con antecedentes penales y miembros de grupos radicales y de barras bravas del fútbol. La inédita y violenta manifestación ha disparado las alarmas en Costa Rica, un país que históricamente ha dado asistencia a personas que huyen de sus países.