El fracaso de la dictadura totalitaria del siglo XXI

El asalto policial y la confiscación de la sede de la OEA en Managua, revelan el fracaso de una dictadura totalitaria que está empeñada inútilmente en promover una una radicalización política, una especie de salto al vacío de la cúpula del régimen, que no tiene apoyo ni siquiera en sus propios partidarios, que representan menos de un 20% del electorado.

La radicalización confirma que con Daniel Ortega y Rosario no hay salida política, económica, y social a la crisis profunda que vive el país desde que hace cuatro años, cuando el 18 de abril de 2018 se produjo el estallido social, demandando la salida de los gobernantes del poder, elecciones libres y la democratización de Nicaragua.

La Rebelión de Abril fue reprimida con el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz, que dejó 355 asesinatos, miles de heridos y centenares de presos políticos, forzando a centenares de miles de personas al exilio en Costa Rica, Estados Unidos, España, Panamá y otros países.

Desde septiembre de 2018 Daniel Ortega se atornilló en el poder, imponiendo un estado policial que canceló por las vías de hecho las libertades de prensa y de expresión, las libertades de reunión y movilización. Y, finalmente, en 2021 eliminó el derecho a elegir y ser electo al cancelar las elecciones, cuando encarceló a los siete precandidatos presidenciales de la oposición –Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, y Noel Vidaurre– y a más de 30 líderes cívicos y políticos –estudiantes universitarios, líderes campesinos, activistas políticos, empresarios, defensores de derechos humanos, y periodistas– e ilegalizó a los únicos dos partidos opositores.

De esa manera, Ortega se autoproclamó presidente el 10 de enero de 2022, después de reelegirse en una farsa electoral el pasado 7 de noviembre sin competencia política, con un altísimo nivel de abstención electoral, en medio de un reclamo nacional e internacional por su ilegitimidad.

Cuatro meses después, Ortega ordena y manda, pero no gobierna, y tampoco ha logrado restablecer la alianza económica con el sector privado empresarial, que le permitió gobernar hasta antes de abril de 2018, sin democracia ni transparencia, pero con cierta legitimidad política y estabilidad económica. Mientras tanto, la nueva mayoría política que surgió en la Rebelión de Abril, el movimiento autoconvocado azul y blanco, está descabezado en su liderazgo, pero sigue resistiendo en la cárcel, en la sociedad civil, en los territorios, y en el exilio, sin aceptar la “normalidad” de la dictadura.

Las fisuras en los pilares del régimen 

Ortega mantiene el control total del Estado y el partido de gobierno, –el Ejército, la Policía, los paramilitares y los poderes del Estado- y aplica una política tributaria extorsiva para financiar el presupuesto y el clientelismo económico de sus bases, con el apoyo de algunas fuentes de financiamiento externo, principalmente del Banco Centroamericano de Integración  Económica (BCIE).

Pero la única salida que promete a sus partidarios es una dictadura familiar dinástica, como la de Somoza que fue derrocada en 1979, irónicamente después que la OEA decretara el desconocimiento del régimen de Anastasio Somoza Debayle. Y también les promete una alianza con la Rusia de Vladimir Putin, la República Popular China, Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte, que le puede otorgar alguna protección e impunidad internacional, pero ninguna garantía de sostenibilidad para el país y su régimen autoritario.

Hay fisuras visibles en los pilares del régimen. La vigilancia política que Ortega y su esposa la vicepresidenta Murillo ejercen hoy sobre los generales del Ejército y la Policía, los ministros y magistrados, los diputados, alcaldes, y secretarios políticos, revela un estado de absoluta desconfianza en un sistema que no está basado en ideologías, sino en el temor a la purga y la represión, y a perder la prebenda económica.

El malestar entre los empleados públicos, civiles y militares, y los costos internos de la corrupción provocados por la familia Ortega Murillo, son cada vez más notorios, pero tampoco hay señales de que estas fisuras se transformen en grietas y divisiones de poder, si no se produce un mayor nivel de presión política nacional e internacional contra el régimen, una presión verdaderamente incremental, máxima, que conduzca a la suspensión del estado policial.

La radicalización: un síntoma del fracaso político 

El asalto a la sede de la OEA en Managua, tiene un enorme simbolismo político por el ataque a la Convención de Viena y representa un desafío continental. Pero no es un hecho aislado, sino que forma parte de la escalada de provocaciones que se agravó después de la farsa electoral, y del desconocimiento internacional de la reelección de Ortega por más de 50 países.

En los últimos tres meses, por ejemplo, se produjo la expulsión del nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, que era el único canal de comunicación del régimen con la comunidad internacional. Fue declarado persona non grata el embajador de Colombia, y se le impidió regresar al país a la embajadora de España. También fue expulsado el representante de la Cruz Roja Internacional, a quién nunca se le permitió entrar a la cárcel del Chipote.

La crueldad y la tortura en la cárcel también forman parte de esta irracional radicalización política. En Nicaragua hay más de 170 presos políticos, de los cuales más de 35 se encuentran bajo el régimen de aislamiento y tortura en la cárcel del Chipote. Bajo ese régimen de tortura murió bajo custodia policial en febrero de este año el general en retiro Hugo Torres, un exguerrillero sandinista, héroe en la lucha contra la dictadura de Somoza. Tras la muerte de Torres, el régimen se vio obligado a trasladar al régimen de arresto domiciliario a seis reos de conciencia de la tercera edad, que padecen de enfermedades crónicas, pero más de quince presos políticos  en esa misma condición aún siguen en las cárceles.

Esta semana se inició la séptima visita a los presos políticos en más de diez  meses en la cárcel del Chipote. La última vez que los familiares los vieron fue hace 45 días. Cuatro presas políticas: Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, y Suyen Barahona, han sido mantenidas en celdas de confinamiento solitario. Otros presos están en celdas compartidas, pero bajo condiciones de aislamiento. Ninguno tiene acceso a la lectura, ni siquiera a una Biblia, o un papel y un lápiz. Tampoco tienen derecho a recibir alimentación de sus hogares, y han sufrido pérdidas de peso que van de 20 a 60 libras con graves daños para su salud física y mental.

Todos han sido condenados a penas de ocho a trece años de cárcel en simulacros de juicios realizados en la misma cárcel. La mayoría por el presunto delito de conspiración contra la soberanía nacional, traición a la patria, y por divulgar opiniones y noticias en redes sociales que provocan desestabilización, según la llamada ley de Ciberdelitos. Y otros han sido condenados por presunción de lavado de dinero como mi hermana Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), y mi primo Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, mientras mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, exvicepresidente de la FVBCh fue condenado por supuesta gestión abusiva, en un proceso en el que también se emitió una orden de captura en mi contra, por el presunto delito de hacer periodismo.

Tres medios de comunicación siguen ocupados ilegalmente por la Policía:  Confidencial, asaltado dos veces, 100 % Noticias, y el diario La Prensa. A pesar de los cierres y la censura, seguimos haciendo periodismo, desde plataformas digitales. Hay más de 100 periodistas en el exilio, otros como Miguel Mendoza y Miguel Mora, están condenados en la cárcel, y más de 30 periodistas fueron sometidos a un proceso de investigación criminal en el Ministerio Público.

La radicalización también incluye la persecución contra la Iglesia católica, la sociedad civil, el sector privado, y los artistas e intelectuales, como expresión de un poder totalitario que pretende convertirse en el único intermediario ante la sociedad y particularmente ante los pobres.

Desde diciembre 2018, 168 organizaciones no gubernamentales, han sido despojadas de su personería jurídica, incluyendo la confiscación de sus bienes. La primera línea de ataque fue contra las organizaciones promotoras de derechos humanos y derechos democráticos. Después se extendió contra otras que promueven servicios educativos, humanitarios o sociales vinculadas la Iglesia católica, abarcando incluso las asociaciones médicas que denunciaron la negación oficial de la pandemia de la covid-19, y la Operación Sonrisa que promueve servicios de salud para curar a los nacidos con labio leporino, y asociaciones culturales como la Fundación de los cantautores Mejía Godoy, la Fundación Luisa Mercado que dirige el escritor Sergio Ramírez, y la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada por el sacerdote y poeta, Ernesto Cardenal.

Seis universidades privadas fueron confiscadas y otras despojadas del acceso al Presupuesto de la República, con el que financiaban su política de becas. Mientras el régimen mantiene una persecución feroz contra el movimiento estudiantil que fue la chispa de la Rebelión de Abril, y ha reforzado el control político sobre las universidades públicas cuya autonomía ha sido conculcada.

Por último, el régimen ha iniciado una cacería contra los artistas, músicos y cantautores, condenándolos al destierro, para intentar imponer el silencio y el monólogo oficial.

El ataque al sector privado empresarial

Lo que diferencia al régimen de Ortega con las dictaduras de Cuba y Venezuela, es la relación con la economía, que sigue liderada por el sector privado empresarial. La persecución contra los empresarios no contempla, todavía, una política de estatización económica. De manera que aunque la crisis política ha generado recesión, paro de inversiones, y más empobrecimiento de la población, la economía ha logrado una leve recuperación por el dinamismo del sector externo y las exportaciones, y por el impacto del incremento de las remesas familiares en el consumo.

El acoso contra el sector privado se basa en una política tributaria y de aduanas extorsiva que confisca las ganancias, con altos niveles de corrupción, pero no es un modelo de estatización socialista. En cierta medida, Ortega reprodujo el modelo de la dictadura de Somoza que proclamaba, –hagan plata que de la política me encargo yo–, ejerciendo el monopolio de la política, y haciendo su propio emporio de negocios a costa del Estado.

La familia Ortega Murillo también construyó su  grupo económico privado, Albanisa, financiado por la desviación millonaria de más de 5000 millones de dólares de la cooperación venezolana, que le ha permitido conformar una red de más de 27 empresas privadas en las áreas de energía, hidrocarburos, medios de comunicación, e inversiones inmobiliarias, manejadas por una red de testaferros.

Entre 2009 y 2018, Ortega se impuso en el poder con el control del Estado y gobernó con fraudes electorales, violaciones a la Constitución, y una represión selectiva basada en la cooptación del Ejército y la Policía. Pero, además, llegó a tener un apoyo político mayoritario apoyado en políticas sociales asistenciales, gracias a la desviación de la millonaria cooperación económica venezolana –unos 500 millones de dólares anuales– y a una alianza con los grandes empresarios, que les otorgó grandes oportunidades de negocios y le dio estabilidad económica al país, a costa de transparencia y democracia.

Este modelo de corporativismo autoritario, sin oposición política, que fue elogiado como “autoritarismo suave” o “populismo responsable” se benefició de un boom de exportaciones a Venezuela que favoreció a los empresarios y le permitió a Ortega gobernar, disponiendo de un presupuesto paralelo, sin necesidad de hacer una reforma fiscal.

Ortega se reeligió en 2016, después de ilegalizar a la oposición, con su esposa como vicepresidenta, y obtuvo incluso la bendición de la OEA; pero el sistema empezó a flaquear en 2017 cuando se cayeron los precios del petróleo y se acabaron las “vacas gordas” de la cooperación venezolana, y empezaron las tensiones económicas con el sector privado, con la reforma estatal a la Seguridad Social.

En abril de 2018, cuando esta dictadura que no estaba diseñada para gobernar con oposición perdió la mayoría política en las calles durante el estallido social, se convirtió en una dictadura sangrienta, y con la matanza se rompió por las vías de hecho la alianza con los empresarios, hasta el día de hoy.

Entre los presos políticos condenados en la cárcel del Chipote hay cuatro empresarios, vinculados al liderazgo del sector privado: el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, el CEO del Grupo Promerica, Luis Rivas Anduray, y el expresidente del Cosep Michael Healy, y el exvicepresidente Álvaro Vargas. Con la represión contra los empresarios, Ortega está quemando la última nave que le habría permitido intentar regresar a un diálogo nacional.

Con Ortega y Murillo no hay vuelta a la normalidad, sino más bien un statu quo de Estado policial, sin libertades democráticas, en el que intentan imponer una dinastía familiar, a costa del deterioro creciente de la economía. El sector privado empresarial, por su parte, representa el músculo de la economía nacional, que puede acortar o alargar la crisis de la dictadura, aunque su liderazgo está paralizado por la amenaza de la represión.

El dilema que enfrenta hoy Nicaragua ante la radicalización del régimen, es someterse o resistir. La política de “esperar y ver”, implica contemplar el derrumbe nacional en cámara lenta, esperando ilusamente que la burbuja económica que existe en el ámbito del sector privado se mantendrá inoculada de la deriva dictatorial y de la condena internacional. Por el contrario, la decisión de ponerle límites y frenos a la tiranía para recuperar gradualmente las libertades, entraña enormes riesgos, pero sobre todo requiere la unidad en la acción de todas las fuerzas vivas del país y de la comunidad internacional. Es el único camino que permitirá acumular mejores condiciones políticas para conquistar, a mediano plazo, la suspensión del estado policial y la salida de Ortega y Murillo del poder, para iniciar la transición democrática.

Mientras tanto, la impunidad con que opera una dictadura totalitaria fracasada representa una mala señal para Centroamérica, en medio de una crisis social que está provocando una nueva ola de migración masiva de nicaragüenses hacia Estados Unidos y Costa Rica.

La resistencia de la prensa

La resistencia del periodismo en Nicaragua es un factor clave para la recuperación de la libertad y lograr la suspensión del estado policial. A diferencia de otras crisis más prolongadas como la de Venezuela, en Nicaragua, en cuatro años se han concentrado todos los crímenes contra la prensa con marcada intensidad, incluyendo el asesinato de Ángel Gahona, la destrucción de Radio Darío, la censura de facto, y la aplicación de leyes represivas.

A pesar de la persecución y la censura, los periodistas seguimos informando y haciendo periodismo desde el exilio en plataformas digitales, pero hoy ya no tenemos fuentes que podamos citar en Nicaragua, porque informar y opinar, bajo un régimen totalitario, es un delito que se paga con cárcel. La criminalización del ejercicio del periodismo se ha extendido a la criminalización generalizada de la libertad de expresión.

Durante estos cuatro años, la resistencia de la prensa ha descansado en el coraje de los reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con el apego a la verdad a cualquier costo y la negativa a aceptar la censura o la autocensura.

Nuestra primera tarea fue nombrar a las víctimas de la represión y contar las historias de los asesinados que hasta hoy siguen siendo negadas y ocultadas por el Estado.

En efecto, los periodistas tomamos partido al lado de las víctimas de la masacre, para promover una agenda de verdad, memoria, justicia y no repetición, como un compromiso ético con la reconstrucción democrática del país. Una agenda que hoy demanda la liberación de los presos políticos y la anulación de los juicios espurios, para que recuperen su libertad y sus derechos políticos.

En abril de 2018, se hermanó la libertad de expresión de los ciudadanos con la libertad de los periodistas para difundir noticias e información confiable. El empoderamiento de la gente en la protesta y el uso intensivo de los teléfonos celulares y las redes sociales, generó un torrente de información e imágenes sin el cual no habría sido posible cubrir la insurrección cívica en su dimensión nacional.

Los periodistas y medios de comunicación seguimos realizando, primordialmente, una labor de curaduría profesional para verificar y contextualizar las imágenes e informaciones de las redes sociales.

El mayor desafío ha sido seguir haciendo periodismo investigativo y narrativo de calidad, bajo un clima de amenazas y polarización política extrema.

Las investigaciones periodísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos, y la corrupción del régimen, y la pandemia de la covid 19, premiadas en certámenes nacionales e internacionales, ofrecen una muestra irrefutable de la calidad del trabajo del periodismo nicaragüense.

Un periodismo de resistencia, que obligatoriamente debe ser también periodismo de calidad, porque lo único que nos defiende ante el totalitarismo y la calumnia oficial es la credibilidad ante nuestras audiencias. La confianza de nuestras fuentes, especialmente de los servidores públicos, civiles y militares, sigue siendo clave para contar la crisis del régimen, la corrupción, y la crisis económica y social.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, están haciendo una extraordinaria labor para denunciar la persecución de la prensa. Pero hacen falta muchas más historias sobre la realidad de Nicaragua bajo estado policial. No podemos y no debemos aceptar la normalización de la violencia y la entronización de una dictadura totalitaria en Nicaragua. Por ello, apelamos a la prensa internacional para mantener en el interés de la opinión pública mundial y en particular de América Latina, los días de dolor y esperanza que vive Nicaragua.

*Fragmento de una presentación realizada en el Foro Libertad de prensa en Las Américas. Adam Smith Center for Economic Freedom en Florida International University. 28 de abril 2022.