La situación actual de Citgo Petroleum Corporation, una empresa crucial en el sector energético estadounidense y un activo estratégico para Venezuela, se encuentra en una encrucijada legal y financiera. La Corte de Delaware aún no ha determinado qué acreedores serán elegibles para participar en la distribución de los ingresos de la venta de las acciones de PDVH (Citgo). Este proceso, marcado por su complejidad y consecuencias significativas, llega a un punto crítico con el vencimiento del plazo para otorgar embargos condicionados.
Simultáneamente, una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha rechazado revisar el caso del alter ego de Citgo, dejando que el procedimiento de venta de sus acciones progrese sin intervención adicional. Esta decisión subraya la autonomía del proceso judicial y la relevancia de la jurisprudencia existente en casos de esta naturaleza.
Central en este debate ha sido la tesis del “alter-ego”, un principio legal que ha permitido a los acreedores de la República ejercer acciones contra el activo de Pdvsa en Estados Unidos, incluyendo las acciones de PDV Holding. Según este principio, que requiere el cumplimiento de dos condiciones: control político del Estado sobre la empresa estatal (Citgo) y la creación de una situación de injusticia para los acreedores del Estado. Por lo que los acreedores tendrían el derecho de actuar contra los activos de las empresas estatales, en este caso, Pdvsa.
El argumento del “alter ego” ha sido que “el gobierno de Maduro ha aprobado varias leyes y decretos que obligan a Pdvsa a adoptar conductas alineadas con sus objetivos sociales y políticos. Asimismo, utiliza a Pdvsa como herramienta política para lograr sus objetivos nacionales e internacionales. La estatal petrolera venezolana, a su vez, sigue estas obligaciones que le dicta el régimen venezolano”.
Este escenario legal complejo se ha visto agravado por el historial de manejo financiero de Citgo durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Las políticas de endeudamiento -los bonos del Pdvsa 2020 y el préstamo de Rosneft que tienen como garantía de las acciones de Citgo- implementadas durante la administración de Maduro que fueron ampliamente rechazadas por la oposición venezolana en la Asamblea Nacional de 2015, colocaron a Citgo en una posición de riesgo financiero. Además, la moratoria unilateral de la deuda declarada por Maduro, aparte de las sanciones internacionales, exacerbó esta situación, complicando aún más el panorama legal y financiero de Citgo.
Se ha debatido intensamente sobre la gestión de las cuentas bancarias de Citgo en Estados Unidos y su impacto en la capacidad de Maduro para pagar las deudas. Contrariamente a ciertas afirmaciones, las cuentas no se transfirieron al gobierno interino, un detalle crucial en el contexto de las obligaciones financieras de Venezuela.
En cuanto a las afirmaciones sobre el monto total de las acreencias sujetas a medidas de embargo, es fundamental abordarlas con un análisis cuidadoso y detallado, especialmente considerando que algunas cifras han sido cuestionadas por su precisión.
La decisión de la Corte de Delaware en marzo de 2023 y las recientes acciones de la Corte de Apelaciones tienen implicaciones directas para la República, resaltando la interconexión entre las decisiones políticas y las responsabilidades financieras.
Por último, es importante reconocer que ni la Asamblea Nacional de 2015 ni el gobierno interino han utilizado a Pdvsa y Citgo con fines políticos. Los esfuerzos de renegociación de la deuda en 2019, aunque no garantizaban un trato igualitario para todas las deudas de Pdvsa, han sido un paso hacia la resolución de este complejo dilema financiero.
En resumen, el caso de Citgo destaca la importancia de no haber tenido una gobernanza corporativa sólida y responsable, así como las consecuencias a largo plazo de las políticas económicas y las decisiones judiciales de las administraciones de Chávez y Maduro. La resolución de este caso no solo determinará el futuro de Citgo, el remate de sus acciones, sino que también servirá como un importante caso de estudio sobre la gestión de activos estatales en el extranjero y la interacción entre política, economía y derecho.
