El genocidio político venezolano

Un ciudadano firma una pancarta de la oposición en favor de una transición política. EFE

Desde aquel día del 2002 en el que Hugo Chávez apareció en cadena de radio y televisión explicando que la oposición había comprado un misil para derribar su avión, había que tomárselo muy en serio. De hecho, la realidad es que había que tomarlo como cierto. Sí, como cierto, porque en política una acusación severa como esa no se puede tomar de otra manera. Es como el Servicio Secreto que protege al presidente Barak Obama que recibe 30 amenazas de muerte cada día (‘The Telegraph’) y cada una de ellas, por más absurda que parezca debe ser tomada e investigada como «cosa cierta».

Por eso la oposición debió tomar como cierta la acusación cuando el jefe de espionaje venezolano apareció en 2004, también en cadena de radio y televisión, informando de que la oposición mataría a Chávez con un súper Jet F-16. También cuando el jefe de espías explicó con lujo de detalles cómo la oposición usaría otro F-16 en 2008. Cuando decidió comprar ya aviones propios en 2010 para asesinar al presidente y cuando ya se acusó a la oposición de comprar nada menos que una flotilla de F-16 en 2014. Más serio aun cuando la oposición, ya evidentemente sin liquidez por haber comprado tanto avión sofisticado, sólo pudo comprar un avión de hélices para acometer la misma tarea, en el 2015.

Acusaciones hilarantes

Imaginen los amigos lectores que el presidente del Gobierno español aparece en una rueda de prensa, junto a los jefes militares, explicando que la oposición actual ha invertido 2.000 millones de euros en aviones a reacción e incluso que le han dado las coordenadas donde bombardearían los poderosos y sofisticados aviones. Ahora imagínese usted que va a los mapas de Google e introduce esas coordenadas para saber cuales eran los objetivos militares de la oposición y descubre que el único objetivo del bombardeo era el pueblito de Villamedianilla, en la provincia de Burgos. ¿Podía la oposición venezolana, económicamente arruinada, gastar el equivalente al presupuesto de educación primaria de Venezuela para comprar aviones F-16, con la finalidad de bombardear un pequeño pueblo de menos de 10 habitantes, como reza una de las acusaciones? No importa cuán hilarante sea la respuesta, porque lo importante es lo que buscaba la acusación y lo que pretendía que respondiera la oposición.

Revisemos la realidad, que no es otra que acometer un ‘genocidio político‘. El primer candidato presidencial en la era chavista, Henrique Salar Romer, y por quien votaron los venezolanos, hoy está exiliado por una de esas acusaciones de magnicidio. El segundo candidato presidencial también demócrata, Manuel Rosales, también esta exiliado por «conspirador y magnicida». El líder de la Coordinadora Democrática, Enrique Mendoza, quien llevó a la primera y única victoria electoral opositora, fue juzgado por conspiración y magnicidio. El equipo de técnicos que ayudaron a organizar la estrategia electoral de la oposición, también fueron acusados formalmente y algunos están exiliados. Los banqueros, empresarios y financieros de la oposición fueron barridos con esa estrategia y a los periodistas de medios de comunicación que difundían opinión libremente como Miguel Henrique Otero (periódico ‘El Nacional’), Rafael Poleo (periódico ‘El Nuevo País’) Marcel Granier (canal de televisión RCTV) y Alberto Federico Ravell o Nelson Mezerhane (canal de noticias Globovisión) no sólo les arrebataron esos medios o los llevaron prácticamente a la ruina, sino que fueron acusados de magnicidas.

Nuevos liderazgos

Luego surgieron los nuevos liderazgos. Los precandidatos presidenciales de la actual Mesa de la Unidad Democrática, como Cecilia Sosa, Oswaldo Álvarez Paz y César Pérez Vivas, también han sido acusados por conspiración y magnicidio. Los liderazgos jóvenes y emergentes de los partidos tradicionales como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y del Partido Copei fueron o están siendo diezmados por conspiración y magnicidio. Quienes se marcharon del Gobierno como Henri Falcón para fundar su partido político, ya cuenta con dos averiguaciones abiertas y una amenaza del presidencial.

Los más jóvenes, el nuevo liderazgo estudiantil que despunta está siendo perseguido y encarcelado por conspiración, ya algunos han sido imputados por este delito, han rendido testimonio en la policía política del Gobierno o acusan seguimiento y hostigamiento por parte del servicio de espionaje. Los líderes que han surgido de las primarias de la Mesa de la Unidad, como el candidato presidencial Diego Arria, quien acusó a Chávez de sus vínculos con la ETA, hoy está exiliado por magnicidio. Los líderes opositores Leopoldo López y el segundo a bordo de su Partido Voluntad Popular, junto a Antonio Ledezma -quien no sólo es el alcalde mayor, sino también líder de su partido político-, hoy están presos en una cárcel militar, mientras que María Corina Machado se encuentra a la espera de ser imputada por segunda vez por el delito de conspiración y magnicidio.

A la oposición venezolana le queda un solo líder en libertad, Henrique Capriles, no así su partido político, cuyo máximo dirigente Julio Borges, su jefe de estrategia política y su jefe de estrategia electoral, quienes casi logran ganarle a Maduro en las últimas elecciones presidenciales, ya han sido formalmente acusados, buscados por Interpol o exiliados, por el mismo motivo; mientras no pocos creen a pies juntillas, que absolutamente toda la oposición ha planificado aproximadamente 70 planes de magnicidio.

Diría Fidel Castro que hoy, en el siglo XXI, ya no son necesarios los fusilamientos en el malecón, cuando se puede acometer un «genocidio político» a la vista de todos y que encima, muchos lo aplaudan.

Thays Peñalver es columnista del diario venezolano ‘El Nacional’.