El Gobierno de AMLO, ¿la nueva dictadura perfecta?

En agosto de 1990, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa bautizó al Gobierno de México emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como «la dictadura perfecta». Un término duro pero congruente con la tipología autoritaria, antidemocrática, corrupta y represora del PRI, que llevaba 60 años de poder. Un poder apoyado por un Ejército corrupto y servil, que durante décadas reprimió violentamente las manifestaciones políticas, sociales e intelectuales contra el régimen.

Han pasado 32 años y hoy diversas decisiones del Gobierno y del Congreso, expedientes secretos filtrados y hechos palpables a simple vista indican que estamos ante lo que puede ser el comienzo de una nueva «dictadura perfecta». Pero no la encabezaría el PRI sino el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) encarnado en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta nueva versión, el Ejército no parece conformarse con servir de apoyo al régimen de turno, como en el pasado, sino que ahora quiere cogobernar. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha impulsado y cabildeado en secreto reformas para tener más poder, ha desobedecido órdenes que públicamente ha dado el presidente López Obrador, y ha hecho gestiones directas para impedir que militares sean investigados y sancionados por el poder civil.

Así lo prueba información de la propia SEDENA, obtenida por el grupo de hacktivistas «Guacamaya», que opera en América Latina, y realizó un hackeo masivo a bancos de datos y/o correos electrónicos de Ejércitos e instituciones policíacas de México, Perú, Salvador, Chile y Colombia, al estilo de Wikileaks. La incómoda información sobre México comenzó a ser revelada por medios de comunicación y periodistas desde el 29 de septiembre pasado.

Desde las primeras filtraciones, se dibuja el rostro de una SEDENA que opera en una lógica y mecánica de autogobierno, anteponiendo sus intereses de grupo por encima de los intereses de la sociedad.

Pese a esa información y a todas las advertencias de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y la democracia, el 4 de octubre, la mayoría morenista y aliados en el Senado de la República concretaron el cambio a la Constitución, para legitimar que el Ejército Mexicano tenga el monopolio de la seguridad nacional, la seguridad pública nacional e injerencia en el sistema de justicia.

En esta versión de la «dictadura perfecta», parece que quien ocupa de facto la silla en la cabecera de la mesa no es el poder Ejecutivo, sino el poder militar. ¿Por qué?

El Ejército y la Presidencia

Desde Victoriano Huerta, militar que dio golpe de Estado a Francisco I. Madero en 1913, hasta 1946, fueron siete los militares que han ocupado la Presidencia en México. El último fue Manuel Ávila Camacho, titular de la SEDENA con el presidente Lázaro Cárdenas. Su Gobierno concluyó en 1946 y, desde entonces, ningún militar ha ocupado la Presidencia.

En México, comenzó a haber un proceso político que privilegió al poder civil, aunque el Ejército siempre se mantuvo como un pilar del régimen, encabezado por el PRI durante 70 años.

No fue hasta el año 2000 que el partido oficial perdió la elección presidencial y llegó al poder el Partido Acción Nacional (PAN), de oposición, con Vicente Fox. Fue un Gobierno plagado de corrupción desde la Presidencia. En ese sexenio, nació la Federación, encabezada por el Cartel de Sinaloa. El entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones,Genaro García Luna, colaboraba con dicha organización criminal a cambio de sobornos, según la acusación que existe en su contra en Estados Unidos donde se encuentra preso.

El Ejército Mexicano comenzó a acumular más poder cuando, en 2006, el presidente Felipe Calderón, también del PAN, sacó de sus cuarteles a los militares y los puso a realizar tareas de seguridad pública, aunque la Constitución lo prohibía. El pretexto era que debían ayudar a combatir a los carteles de la droga.

Mientras Calderón decía combatir a los narcotraficantes, su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su equipo más cercano establecieron relaciones de complicidad con la entonces llamada Federación. Y está documentado que la SEDENA, entonces encabezada por el general Guillermo Galván Galván, también tenía contactos con dicho grupo y que varios militares de alto rango fueron cómplices de diversas organizaciones criminales.

La presencia del Ejército en las calles provocó cientos de violaciones graves a derechos humanos, aumentaron las desapariciones y homicidios. Y no sirvió para aminorar los índices delictivos ni la violencia.

Cuando el PRI recuperó la Presidencia en el año 2012, con Enrique Peña Nieto, el Ejército continuó ampliando su presencia en las calles. Las tanquetas y los hombres de uniforme verde con armas de alto poder comenzaron a ser el panorama habitual en las principales ciudades y carreteras de México. El crimen siguió creciendo porque en ninguno de los Gobiernos, hasta ahora, ha habido una verdadera voluntad ni un plan integral para combatir el narcotráfico. Y porque fue creciendo la penetración de los carteles de la droga en las principales instituciones de seguridad pública y justicia, incluyendo a la SEDENA.

El caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala es un paradigma de la descomposición del Ejército Mexicano.

Al llegar a la Presidencia en 2018, AMLO, en vez de regresar a los militares a los cuarteles, comenzó a darles un poder inconmensurable, como nunca antes había ocurrido en los últimos 50 años. Ni siquiera con Calderón. Esto, pese a que, durante sus campañas políticas, se había manifestado en contra de la militarización y proponía que el Ejército regresara a los cuarteles y dejara las tareas de seguridad pública.

Desde los primeros meses de gobierno, la SEDENA se convirtió en uno de los principales contratistas del Estado. Así, el Estado los ha enriquecido con presupuesto y les ha garantizado a perpetuidad el usufructo de los beneficios que generen algunas las obras que construye, como el Tren Maya y el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otras. Aunque se pagaron con dinero público de toda la sociedad, las ganancias serás destinadas a pagar las pensiones de militares.

Además, paulatinamente, AMLO ha entregado a las fuerzas armadas el control de aduanas, puertos y aeropuertos, que antes estaba en manos de la administración civil.

A la par, desde la Presidencia, se protege a militares acusados de narcotráfico o de delitos de lesa humanidad. Así ocurrió desde 2020, con el caso del General Salvador Cienfuegos, extitular de la SEDENA, amigo personal y ex mando superior del actual Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

Cuando el Gobierno de Estados Unidos arrestó a Cienfuegos y lo acusó de haber colaborado con el crimen organizado mientras fue titular de la SEDENA, AMLO celebró la acción. Pero, un día después, reculó por presión de Sandoval y su Gobierno negoció con el encabezado por Donald Trump, en Estados Unidos, para que el militar fuera repatriado a México, con la promesa de que sería juzgado. Algo que nunca ocurrió. Fue exonerado, sin investigación de por medio, por parte de la Fiscalía General de la República.

Lo mismo ocurre en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en una acción en la que participó activamente el Ejército. La SEDENA ha boicoteado durante 8 años que se descubra la verdad y se sancione a los militares responsables del crimen y del encubrimiento. Cuando, en este Gobierno, hubo funcionarios que tenían la intención de llegar al fondo y consiguieron 20 órdenes de aprehensión contra militares, la SEDENA logró que se eliminaran 15 de estas órdenes y, en las otras cuatro ejecutadas, presionó al presidente para que fueran liberados, y paga a los abogados de defensa.

El poder de la SEDENA logró que el Fiscal especial del caso Ayotzinapa Omar Gómez —quien había logrado avances sustantivos en la investigación— renunciara a su cargo la semana pasada.

El 29 de septiembre, en conferencia de prensa, el propio AMLO dijo que quienes solicitaron las órdenes de aprehensión buscaban una «rebelión» en las fuerzas armadas. El 27 de septiembre, reveló que su Gobierno tenía «muchas presiones de todo tipo» por el caso Ayotzinapa, pero no dijo quienes lo presionaron. Lo cierto es que los militares se salieron con la suya.

La rápida descomposición de MORENA en el poder

En paralelo al empoderamiento de los militares, el Gobierno de AMLO y su partido se han descompuesto estructuralmente. Rápidamente, han reproducido las mismas características de aquel viejo y desgastado régimen del PRI: un presidencialismo conservador, retrógrado y autoritario. Han repetido esquemas de corrupción y, en algunos procesos electorales, las campañas de morenistas han sido contaminadas por acuerdos con la delincuencia organizada, lo que ha provocado que surjan gobernantes comprometidos con grupos criminales.

Esta descomposición no es exclusiva de MORENA, pero es más grave porque es el partido mayoritario: tiene la Presidencia, gobierna en 21 de los 32 estados del país, y ejerce el poder de manera autoritaria, no solo hacia afuera, sino incluso al interior del partido.

Este fenómeno de descomposición política lo he abordado en distintas colaboraciones como: «AMLO, tan lejos del Che y tan cerca de Pinochet», «Los renglones torcidos de la Cuarta Transformación», «El ‘narcopacto electoral’ entre los hijos y hermanos de ‘El Chapo’ con MORENA», que han generado furia en Palacio Nacional, en MORENA y en sus voceros voluntarios y/o pagados.

Información interna de la SEDENA, ventilada a través de los «Guacamaya Leaks», confirma la penetración de Gobiernos estatales y municipales emanados de MORENA, así como la cooptación de funcionarios de instituciones de seguridad pública. Hasta ahora, se ha difundido información sobre Gobiernos de Chiapas, Campeche, Veracruz y Tabasco.

Y aumentan las denuncias públicas. El propio Obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, denunció públicamente, el 4 de octubre, que el Gobierno de Guerrero, encabezado por Evelin Salgado, de MORENA —e hija de Félix Salgado Macedonio, senador del mismo partido—, está coludido con el crimen organizado: «lo vendieron (al estado de Guerrero) por las cuestiones políticas, por la cuestión electiva, por la cuestión de compromiso que tienen con los narcotraficantes», dijo el obispo.

Ejército más poderoso vs. Gobierno civil más débil

En México, existe hoy un Ejército y unas fuerzas armadas con cada vez más poder de facto, práctico y económico. Y, por otro lado, un Gobierno civil cada vez más degradado y vulnerable. Por desgracia, los poderes que podrían servir de contrapeso, como el Congreso y el poder judicial, están en buena medida bajo la influencia del presidente.

López Obrador se ha arrojado a los brazos de un Ejército que aún tiene en los labios el sabor de la Presidencia y la sangre de la represión. La persecución contra el líder opositor Salvador Nava, de San Luis Potosí, en 1961; la masacre de Tlatelolco, en 1968; el Halconazo, en 1971; la masacre de Tlatlaya, 2014; y la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal rural Isidro Burgos, se suman a cientos de ejemplos de los abusos perpetrados por militares.

Se trata de un Ejército penetrado por la corrupción y el crimen organizado. A los ejemplos de complicidad por acción y omisión de la Guardia Nacional (GN, comandada por el Ejército), en Veracruz y Chiapas, que he comentado en colaboraciones anteriores, se suma información de Guacamaya Leaks publicada el 5 de octubre por la Revista Proceso, que se refiere a la penetración del Cartel del Golfo en la GN en Tamaulipas.

Se trata de un Ejército que genera y cabildea con éxito modificaciones a leyes para obtener más poder. «La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue la fuente original de la reforma que se aprobó en el Congreso para militarizar la Guardia Nacional», publicó el 6 de octubre Aristegui Noticias, en base al contenido de documentos filtrados por los «Guacamaya Leaks».

«El Ejército presentó sus planes a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de Presidencia», se afirma. Hasta antes de esa filtración, se había dicho que la propuesta había salido de la Presidencia, en agosto de este año. Pero ahora se sabe que fue la SEDENA quien propuso que la Guardia Nacional dejara de ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública y pasara al control total del Ejército, de un Ejército que desobedece las órdenes del presidente.

AMLO ha dicho públicamente que ha ordenado a la SEDENA entregar toda la información sobre el caso Ayotzinapa, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló, el 29 de septiembre, que los militares se niegan a entregar información clave.

Actitudes fascistas

En medio de este ambiente turbio que crece en México, en las calles han comenzado a surgir agresiones verbales y físicas contra ciudadanos y grupos de pensamiento libre e independiente, que disienten o cuestionan al actual Gobierno, como en los tiempos más vergonzosos del fascismo.

Los ataques y descalificaciones que López Obrador propaga, en sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, contra quienes disienten con él, han sido una semilla de intolerancia y odio, que ha traspasado peligrosamente el umbral de las agresiones en redes sociales, para convertirse en agresiones verbales y físicas en público.

Así ocurrió el 2 de octubre, cuando un grupo de personas, en su mayoría del sexo masculino, insultaron y atacaron a la prestigiosa académica Denis Dresser, en el Zócalo de la Ciudad de México. La politóloga ha sido, en los últimos meses, uno de los principales blancos de ataque verbal de AMLO, y ese ataque fue asimilado por los simpatizantes del régimen.

El inaceptable acto violento contra Dresser fue videograbado por los atacantes, y celebrado en redes sociales por influencers con declarada afinidad y apoyo a MORENA y al presidente, multiplicando una intolerancia y odio que nadie en su sano juicio puede celebrar. La historia demuestra que las filias y las fobias fanáticas e irracionales han llevado al mundo a desastres humanitarios.

México está tomando un camino cada vez más peligroso. La explosiva situación que combina autoritarismo, militarismo, popularización de actitudes fascistas y el poder del crimen organizado no va a terminar bien si los ciudadanos con cultura de legalidad,  pensamiento libre y democrático se quedan cruzados de brazos en casa. Estamos en los albores de una nueva «dictadura perfecta». Corremos el peligro de irnos a dormir como ciudadanos y despertarnos como esclavos.