El Gobierno fomenta el aborto

El Gobierno ha anunciado nuevas medidas para promover y fomentar el aborto. Obligará a las comunidades autónomas a facilitar su práctica y para ello limitará o suprimirá el derecho de los profesionales de la Sanidad a ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Ya es una anomalía que se obligue a quienes objetan a inscribirse en un registro público, lo que bien podría ser una vulneración del derecho a su intimidad y a no hacer públicas sus convicciones morales, en lugar de imponer esa obligación a quienes están dispuestos a practicar los abortos. Se incumple además el principal deber deontológico de los médicos que es velar por la vida y la salud de las personas. Por más que se pretenda negar, el embrión humano es un ser vivo que pertenece a la especie humana. Es, por tanto, un hombre si bien en estado embrionario o prenatal. El Gobierno pretende además impedir el suministro de cualquier información a las mujeres sobre la naturaleza y eventuales consecuencias de la «operación» a la que se van a someter. No digamos la visión de la realidad de la práctica. No vaya a ser que reflexionen y se atrevan a pensar por sí mismas.

La legislación actual sobre el aborto es inmoral, injusta e inconstitucional porque deja sin protección jurídica a la vida humana prenatal. En la práctica ya está configurado como un derecho. Por si hubiera alguna duda, Pedro Sánchez ha anunciado su bárbara decisión de configurarlo como un derecho incluido en la Constitución. No es capaz de aprobar los Presupuestos ni de sacar adelante la mayoría de los proyectos de ley, gobierna como un chalán de feria y pretende reformar la Carta Magna. Por otra parte, dada su irrefrenable tendencia a cambiar de opinión según su conveniencia, tal vez sea este anuncio indicio probable de que no lo hará. El aborto no puede ser nunca un derecho. Podrá estar despenalizado en algunos casos. Podrá ser una u otra la forma jurídica de proteger la vida humana. Matar no puede ser nunca un derecho. En ese caso, habría también un correlativo deber de matar.

Estos son los datos del crimen continuado y masivo. En España el pasado año se practicaron 106.172 abortos provocados, uno de cada cuatro niños concebidos. Esto es una atrocidad que clamará contra la moralidad de una sociedad que, en una gran proporción, acepta, e incluso aplaude, esta sucesión masiva de asesinatos de seres humanos no nacidos. La Doctrina Social de la Iglesia no deja lugar a dudas y considera que «el aborto es un delito abominable y constituye siempre un desorden moral particularmente grave».

¿Por qué este anuncio y en este preciso momento? Una posibilidad es que la promoción del aborto sea una de las escasísimas excepciones a la falta de convicciones del presidente del Gobierno. Es muy probable que se trate de una maniobra de distracción más para intentar ocultar su debilidad y los desastres de su gestión, y especialmente los escándalos de corrupción que asolan a su entorno familiar y político. Tampoco cabe descartar un intento de paliar las críticas y el descontento del sector izquierdista radical de su Ejecutivo, cuyas ideas suele compartir, pero que se aleja en otras ocasiones por su carácter absurdo o contraproducente para sus intereses de mantenerse en el poder.

En la cuestión del aborto ha rebasado todos los límites jurídicos y morales posibles. La legislación actual es un puro despropósito. Ya no se trata de configurarlo en la práctica como un derecho. Ahora el objetivo es llevarlo a la Constitución, vulnerar los derechos de los profesionales de la Sanidad y fomentarlo para que su número crezca sin cesar. El objetivo este año es la superación del récord criminal de 2024. El Gobierno promueve, fomenta y jalea uno de los más terribles crímenes de la historia.