El gran capital después del 7 de noviembre

Observar con cuidado, esconder nuestras capacidades, esperar nuestro tiempo, debe ser la síntesis de la estrategia en la lucha en contra de la dictadura Ortega-Murillo.

Después de 43 meses de crisis, el pacto Ortega-Murillo con gran capital se mantiene y por extensión su subordinación política a la dictadura, lo que constituyó una puñalada trapera a la rebelión de Abril 2018; a la concreta: el régimen mantiene vigentes todos los privilegios que permiten las ganancias extraordinarias de las elites empresariales y financieras.

El poder tiene completa claridad de sus intereses. El poder está a la vista: la dictadura, el capital, las empresas trasnacionales, los banqueros y el ejército. Ortega impuso el capitalismo neoliberal de compadrazgo y se produjo un paso libre a la confusión, la mentira, el fraude y la corrupción.

El escenario post farsa electoral pone en la picota la cohesión futura del COSEP y, más que nada, obliga a un replanteamiento estratégico de la política del gran capital que tiene un pie en el pacto económico-político con el régimen Ortega-Murillo y otro pie económico-estratégico con Estados Unidos/CAFTA, contradicción que ha puesto en riesgo de fractura a su propio cóccix. El COSEP trata de resolver esa contradicción con el silencio protector de la sociedad de caretas, pero no puede esconder su pasado colaboracionista.

El devenir del COSEP dependerá de la correlación de fuerza nacional e internacional que prevalecerá después de la farsa electoral. Después del 7 de noviembre el gran capital tendrá que definir su destino, aunque mantenga su política de en boca cerrada no entran moscas. No se trata solamente de miedo, sino de voltear a ver hacia otro lugar cuando la violencia la viven, de una manera u otra, todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Con su silencio solapa cualquier acto de violencia perpetrado desde el régimen que, con sus tentáculos represivos criminaliza cualquier manifestación de denuncia y resistencia que lleven a cabo la población.

Ni los empresarios ni los banqueros desean tomar partido en el proceso de deslegitimación ascendente, de ilegitimidad cada vez más evidente, que sufre Ortega-Murillo, por lo que guardan silencio sobre el tema de la represión generalizada y sobre la farsa electoral, silencio que además obedece a la enorme dependencia y el fructífero intercambio económico/comercial que empresarios y banqueros mantienen con los miembros de la “nueva oligarquía”; mientras continua, para su beneficio, esta relación, prefieren ceder a la dictadura, y lo hacen cómodamente, la cobertura de su seguridad empresarial.

¿Cómo quedará la nueva estrategia de cooperación entre el empresariado con la dictadura, de doble carácter, tanto económico como política/represiva? Pareciera que están apostando todo a la permanencia del “orteguismo con Ortega” en el poder en el período 2022-2026. La “familia” se ha convertido en una pieza clave para los sectores más influyentes del gran capital.

Todo parece indicar que los poderes fácticos bancario y empresarial buscarán fortalecer su posición económica comercial demostrando su falta de autonomía estratégica y su carencia de estrategia de desarrollo. No se puede soslayar su dependencia del pacto y el peligro que corren ante el posible descarrilamiento del régimen por la notable ausencia de vientos favorables para la economía nicaragüense, lesionándose a sí mismo al proseguir con una agenda que no tendrá un efecto favorable, en el mediano plazo, a sus intereses, ni utilización óptima de los recursos potenciales del país, es decir, sin despilfarrar ni malbaratar.

Sea como fuere, el aislamiento internacional del régimen, y su pérdida de base social, han hecho que algunos analistas señalen una acelerada crisis de su hegemonía, especialmente cuando en el horizonte se avizora que la farsa electoral incrementa su ilegitimidad. La dictadura y la democracia son incompatibles. Esta situación, sin embargo, no implica necesariamente que la caída del régimen sea inminente, dado el apoyo de los poderes fácticos internos (ejército, policía, sectores de la cúpula del gran capital y políticos comparsas). Pese a ello, tal declive es irreversible.

Nicaragua ha dejado de ser un lugar atractivo para la inversión extranjera y empresarios locales y centroamericanos, por la radicalización de la dictadura y la ausencia de respeto a las leyes, al debido proceso legal y a los derechos humanos. Es decir, se vive una decadencia de los valores de la libertad y la democracia.

Se avecina un tiempo nuevo. La farsa electoral marcará un punto de inflexión simbólico con los años precedentes. El mayor aislamiento internacional y la pérdida paulatina de su base social serán factores claves que moldearán la política futura del país, todo apunta que el período 2022-2026 será agitado, peligroso y muy poco propicio para la consolidación de la dictadura.

La elite empresarial nicaragüense parece no haber despertado de la realidad de que Ortega-Murillo no se acomodará a los valores democráticos. No se trata de algo coyuntural, sus raíces son profundas. El deseo de mantener su hegemonía es el principal combustible de su política y prevalece sobre cualquier otra consideración. En lo sustancial, Ortega-Murillo y los poderes fácticos comparten diagnóstico sobre el contexto actual y en lo sucedido en los últimos años, que, vistos en perspectiva, conforman la base de sustentación de la estrategia de “el poder o la muerte”.

La permanencia de Ortega en el poder, más de tres años después de Abril 2018, no se explica sin el concurso del gran capital. Desde mayo de 2018, el gran capital ha sido un socio comercial, económico, político y estratégico clave para que la dictadura se mantuviera en el poder. Hasta hace bien poco, este proceso era percibido como mutuamente beneficioso y se asumió que el crecimiento económico conduciría de forma casi natural y mecánica a una nueva correlación de fuerzas favorable a las elites empresariales.

Hoy, resulta evidente que Ortega camina en otra dirección. Conviene tener presente que para Ortega la alianza con el gran capital siempre ha sido un medio para garantizar la supervivencia del régimen, no el preludio de una transición democrática, en ningún caso la desaparición de la dictadura. En el diálogo convocado por la dictadura, Ortega va a ofrecer mucho y cumplir poco.

De ahí que las protestas de Abril 2018 actuaron como advertencia para Ortega de los riesgos existenciales que acompañaban dicha alianza por el incremento de la desigualdad social acompañada con la represión política. Asimismo, del aplastante aislamiento internacional y de la pérdida de base social, Ortega extrajo lecciones inquietantes: no detenerse, no retroceder en incrementar el control dictatorial sobre la sociedad y los grupos de poder, léase gran capital, como demuestra el ascenso de César Zamora a la presidencia del COSEP con el beneplácito de Ortega.

Influenciado por el análisis cubano-venezolano, Ortega considera que afronta un período de cambio histórico profundo, marcado por el declive de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos y de su capacidad de proyectarse globalmente. Análisis que le da confianza a Ortega de que el nuevo orden mundial tripolar le da un margen de maniobra y que ni las sanciones de la Unión Europea ni de los Estados Unidos lo pueden derrocar.

De la misma manera, Ortega piensa que las derrotas de Estados Unidos en Afganistán, Siria e Irak, y la crisis interna de la sociedad norteamericana, limitan la posibilidad de una mayor injerencia efectiva estadounidense en la política de Nicaragua, y, por tanto, la capacidad de Washington para cambiar drásticamente la correlación de fuerzas internas en Nicaragua. ¿Tendrá razón? Conviene no perder de vista que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han actuado, en el caso de Nicaragua, de manera reactiva la política sin reglas que ejecuta Ortega. En ese contexto de presunto debilitamiento de Estados Unidos, la estrategia de Ortega persigue lograr que el gobierno estadounidense lo considere un actor estratégico a nivel centroamericano. Su estrategia es transformarse, para Estados Unidos, en un factor importante y necesario en el tablero político de Centroamérica.