El infierno de ser católico en la Nicaragua de Ortega y Murillo: «Ir a misa es una odisea de la que no se sabe si regresarás»

     Nicaragüenses participan, en Costa Rica, en un viacrucis por los migrantes y presos políticos de Nicaragua EFE

«Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua». Esta es la sentencia que suele darse a los sacerdotes, religiosos y laicos que son capturados por la dictadura sandinista en la Nicaragua de hoy, en donde todo está prohibido, incluso tener fe. El gran pecado de los católicos en Nicaragua es intentar profesar su libertad religiosa.

El país vive la etapa más sombría de persecución religiosa de su historia. Solo en los últimos tres años, Nicaragua ha perdido más de la cuarta parte de su clero católico. Predicar el Evangelio ha pasado a ser una profesión de alto riesgo y los católicos se sienten como «una especie en peligro de extinción», en palabras de un joven que funge como «delegado de la palabra», el nombre que reciben los laicos que predican las enseñanzas católicas en los sectores alejados. «Casi no contamos con acceso a servicios religiosos, porque todos los sacerdotes han sido desterrados. Ir a la Santa Misa es una odisea de la que no se sabe si regresarás», apunta el joven, que vive en Nicaragua y que, por esa razón, prefiere el anonimato.

«No sé si volveré a Nicaragua. Quiero hacerlo, por supuesto, pero no tengo permitida la entrada y, además, sé que mi regreso implica encierro, cárcel y tortura y que puede ser más útil aquí, en esta nueva feligresía», confiesa el padre Paco*, un sacerdote joven a quien no le permitieron la entrada a Nicaragua y vive actualmente en otro país centroamericano. Los sacerdotes encarcelados sufren de desnudez forzada, así como torturas y otros tratos crueles, luz artificial continua y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes, de acuerdo con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que trabaja en informes específicos de la persecución de Ortega a la Iglesia católica. El padre Paco -que utiliza un seudónimo por seguridad- asegura que hay, por lo menos, cinco amigos suyos, también sacerdotes, de quienes no ha sabido nada desde hace un año. «Si tú puedes averiguar dónde están y si están con vida, me darías mucha paz», dice por teléfono a ABC.

A falta de cifras oficiales, que son una utopía en la dictadura nicaragüense porque no existen y porque las que existen no son creíbles, las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos fungen como la fuente documental más confiable. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), en su informe de 2024 sobre violación a la libertad religiosa en Nicaragua, contabiliza la cancelación de la personalidad jurídica de 419 organizaciones asociadas a algún carisma católico, el cierre de 22 medios de comunicación católicos, 15 inmuebles de la Iglesia católica, y la persecución a 22 religiosos católicos desnacionalizados, 42 desterrados y 65 criminalizaos y encarcelados en condiciones de tortura. A estos datos hay que sumar, por lo menos, el caso de los 13 párrocos que fueron capturados a principios de agosto por la policía sandinista, en la más reciente embestida del régimen contra los clérigos católicos.

Según una investigación titulada ‘¿Una iglesia perseguida?’, firmada por la abogada y activista Martha Patricia Molina, desde 2018 hasta enero de 2024, ha habido 740 ataques contra la iglesia y 136 sacerdotes, 91 monjas, once seminaristas, tres obispos, tres diáconos y un nuncio apostólico han sido expulsados o desterrados del país. Y los datos no han hecho más que incrementar en 2024. Molina, exiliada en EE.UU., se ha pronunciado en redes sociales y asegura que «la Iglesia católica está viviendo en este momento la peor etapa de la represión Ortega-Murillo desde abril de 2018». En la misma línea, otro párroco exiliado que prefiere no dar nombre ni seudónimo, dice a ABC que «la dictadura aprovecha la atención mundial de otros conflictos para encarcelar a católicos en Nicaragua y continuar la persecución en medio del silencio cómplice de varias personas».

El Vaticano aún no se ha pronunciado por la situación, aunque el Papa Francisco ha pedido en múltiples ocasiones el cese de la persecución a la Iglesia en Nicaragua y el diálogo para aliviar las tensiones. Además, se conoce que la sede de la Iglesia católica ha optado por las «coordinaciones discretas» con el régimen de Managua, para lograr la liberación de los sacerdotes, quienes suelen ser desterrados del país y encontrar refugio en países vecinos o en el mismo Vaticano.

¿Qué busca el régimen persiguiendo, específicamente, a los fieles de la Iglesia católica nicaragüense? Para Humberto Belli, coordinador de la organización opositora Concertación Democrática Nicaragüense, la respuesta a la pregunta debe ir más allá del simplismo y de la mera acción de silenciar a quien piensa distinto. Belli sugiere que muchos piensan que la intención detrás de la represión a los católicos es silenciar aquellos sectores de la comunidad cristiana que consideran desafectos. Él no lo ve así. «Si este fuera el fin, entonces no tendría explicación la expulsión de los religiosos que coordinan asociaciones y apostolados completamente apolíticos. Más allá de las motivaciones políticas, obra otra más soterrada y siniestra, que es el afán de extirpar en la población el amor y obediencia a la Iglesia».

La teoría de Belli es compartida por Héctor Lindo Fuentes, historiador de Centroamérica y profesor emérito de Historia en Fordham University: «Los gobiernos autoritarios, ansiosos por monopolizar el poder, siempre han resentido la influencia de líderes religiosos en la población. Los grupos religiosos que de alguna manera se oponen a la agenda de las dictaduras de turno pagan un precio alto por su influencia sobre la población», afirma.

Centroamérica, que ha tenido una vastedad de gobiernos autoritarios en todas las etapas de su historia, ha perseguido, acosado, expulsado y hasta asesinado a laicos y religiosos de la Iglesia católica desde que ésta llegó al continente. El historiador sostiene que los ejemplos de represión sobran. Si bien el nicaragüense es el más actual, cabe recordar otros del siglo pasado. «Por ejemplo, el régimen militar guatemalteco expulsó a religiosas de la orden Maryknoll en 1967 y el gobierno de Anastasio Somoza García persiguió a Delegados de la Palabra a finales de la década de 1970. En El Salvador se dieron dos de los casos más emblemáticos de persecución de la Iglesia; primero, el asesinato de sacerdotes jesuitas y un grupo de religiosas estadounidenses de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y luego el famoso asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, ahora santo de la Iglesia católica», apunta Lindo Fuentes.

«Las implicaciones de esta realidad son tremendas, porque sus víctimas no son solo el estamento eclesial, sino millones de fieles a quienes se les está privando el acceso a la palabra de Dios y a los millares de niños, jóvenes en riesgo, ancianos y gente en extrema necesidad, a quienes también se les han arrebatado servicios caritativos y educativos muy valiosos», apunta Belli.

Hay, además, otra teoría en torno a la respuesta sobre los fines del régimen tras la implacable persecución contra la Iglesia católica de Nicaragua. «La pareja de dictadores busca fundar un nuevo modelo de religiosidad, una desde el Estado que se construya en torno a la figura de Rosario Murillo», sugiere Eliseo Nuñez, analista político nicaragüense exiliado. Y su teoría se apoya en la excéntrica figura de la esposa del dictador. Murillo, a quienes algunos califican directamente como «bruja profesional», ha acusado a sacerdotes católicos de «terroristas espirituales». Viste con anillos, collares, pulseras de lapislázuli y otras gemas con las que se reviste de pies a cabeza y utiliza como amuletos contra la mala suerte y garantía para alcanzar sus metas espirituales. Además, en un reportaje de ABC, una fuente cercana a la familia asegura que Murillo «lee las manos, consulta la ouija y dice que se comunicaba con espíritus», siguiendo la costumbre de la región de Niquinohomo, cuna de los espiritistas y hechiceros más célebres de Nicaragua.

Pero más allá de la teoría, Nuñez también coincide con los historiadores, católicos y líderes encuestados: «Ortega sabe que los púlpitos son siempre potentes de cara a la resistencia de cualquier dictadura. Este éxodo forzado y la zozobra dentro del clero es parte de la estrategia de Ortega por expulsar a todos los disidentes, y ha sido la Iglesia católica uno de los opositores más fuertes y voluminosos».

En la línea de Nuñez, fray Gabriel*, uno de los frailes dominicos que salió al exilio y se refugió en otro país centroamericano. «Como sacerdote y exiliado, veo que la persecución a la Iglesia, además de dolorosa, le ha dado credibilidad nacional e internacional a la Iglesia católica, como la única entidad que defiende al pueblo y plantó la cara por él en Nicaragua», explica el religioso, que por seguridad ha preferido usar un seudónimo. Fray Gabriel* sin embargo, considera, más allá de aplaudir el rol valiente de la Iglesia, hacer autoexamen: «No podemos obviar que también hemos cometido algunos errores, como la manera en que la Iglesia se sentó en la mesa de diálogo en el 2018, sin las habilidades negociadoras pertinentes que no ayudaron a la resolución del conflicto y solo lo empeoró», apunta el fraile.

¿Bajo qué argumento legal puede coartarse la libertad religiosa? En una dictadura, los marcos jurídicos importan poco. Pero, a fin de intentar tener algún argumento legal, el régimen nicaragüense se ha apoyado principalmente en el Código Penal para respaldar sus capturas. Las normativas más comunes usadas para criminalizar a religiosos son los artículos 410, 412, 460 y 462 del Código Penal, que hablan sobre menoscabo a la integridad nacional, conspiración para cometer menoscabo, obstrucción de funciones y desobediencia a la autoridad. Además, en los últimos casos, las autoridades se han apoyado en el artículo 30 de la Ley de Ciberdelitos, que se refiere a la propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información; el artículo 1 de la Ley de Defensa de derechos del pueblo; artículo 2 que regula la pérdida de nacionalidad; y el artículo 1 de la Ley de Reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua.

El padre Ricardo* -usa un seudónimo por seguridad- roza los 80 años y también tuvo que salir al exilio de un día para otro para evitar la cárcel. Hace una pausa durante la llamada con ABC, que atiende desde Europa. Él también dejó atrás a muchos amigos y feligreses que le rogaron que se fuera. «Me dijeron que por mi edad, si me atrapaban, no resistiría las torturas. Me enojé, pero supe que tenían razón. Un diácono amigo me dijo ‘déjenos que los sacerdotes jóvenes enfrentemos esto, si Cristo eso es lo quiere’», confiesa. Suspira y luego parece reflexionar en voz alta. «Hemos estado en silencio, pero es un silencio que también habla; un silencio penitencial de ver sufrir a tu pueblo, de sentirte impotente por estar lejos». Su voz parece quebrarse y luego se aclara la garganta. «Nos sentimos un poco solos también. Recen por nosotros, pero sobre todo por quienes están capturados. Recen mucho», implora.

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*Los nombres fueron modificados por seguridad de las fuentes.