El juez instructor acusa a Bolsonaro de haber buscado instalar una «dictadura» en Brasil

De Moraes empezó la lectura del informe del caso afirmando que una «verdadera organización criminal» intentó romper el orden democrático en momentos en el que el país atravesaba «una nociva radical y violenta radicalización política» AFP

El juez Alexandre de Moraes, relator del Tribunal Supremo brasileño en el histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados de intentar un golpe de Estado, inició la sesión con un duro discurso que ya indica grandes posibilidades de que el líder ultraderechista sea el tercer expresidente condenado de la democracia, después de Luiz Inácio Lula da Silvay Fernando Collor. En un manifiesto contundente, Moraes dejó claro que será un verdugo del exmilitar y acusó a Bolsonaro y sus antiguos colaboradores de intentar instaurar una «verdadera dictadura» al tratar de impedir la investidura de Lula da Silva, tras las elecciones de 2022. Bolsonaro puede ser condenado hasta a 43 años en un proceso que definirá su futuro político.

«El país y su Tribunal Supremo solo pueden lamentar que, en la historia republicana brasileña, se haya intentado de nuevo un golpe de Estado, con la intención de instaurar un Estado de excepción y una verdadera dictadura», declaró el magistrado al presentar el informe final del caso, basado en una serie de eventos que, según la acusación, culminaron en los ataques al Congreso, el Palacio Presidencial y la sede del Tribunal Supremo el 8 de enero de 2023.

Moraes también abordó las presiones internas y externas que «no detendrán» al Tribunal, en referencia a las acciones del hijo de Bolsonaro, Eduardo, que ha conseguido el apoyo del presidente norteamericano Donald Trump para imponerle sanciones a los jueces y a toda la economía brasileña, a cambio de la libertad de su aliado ideológico sudamericano.

En un claro mensaje dirigido a los recientes intentos de intervención de Trump, el juez declaró que el Supremo «debe juzgar independiente de amenazas o coacciones, ignorando presiones internas o externas». Y añadió: «El camino aparentemente más fácil, y solo aparentemente, que es el de la impunidad y la omisión, deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia, como lamentablemente demuestra el pasado reciente de Brasil». Moraes mencionó, a su vez, que la defensa de la soberanía nacional no puede ser «vilipendiada ni extorsionada».

Bolsonaro no se presentó en la corte, como estaba previsto. Su abogado, Celso Vilardi, informó sin dar más detalles de que su ausencia se debe a un problema de salud. A diferencia del expresidente, el general Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa y también acusado, se presentó en la sala. La sesión fue abierta por el juez Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, quien repasó las reglas procesales, incluyendo la prohibición de cualquier tipo de manifestación de los presentes, ya sea de apoyo o de repudio.

Los ocho acusados responden por cinco crímenes: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, daño calificado por la violencia y grave amenaza, y deterioro de patrimonio catalogado. El riesgo de condena es alto, dada la robustez de las pruebas y las declaraciones incriminatorias de los acusados.

Las investigaciones de la Policía Federal en las que se apoya el juicio han revelado que la trama golpista fue planeada y discutida a través de audios, mensajes y documentos encontrados en los teléfonos de los acusados. Uno de ellos, el teniente coronel Mauro Cid, exasistente y mano derecha de Bolsonaro, firmó un acuerdo de delación premiada y confesó los detalles del plan, comprobados por la policía y por otros interrogados. Bolsonaro, por su parte, siempre ha negado las acusaciones, afirmando que se trata de una persecución política en su contra.

Una curiosidad de este juicio es que Bolsonaro podría ser condenado con base en una ley que él mismo promulgó en 2021. La Ley del Estado Democrático de Derecho (n° 14.197/2021), que reemplazó a la antigua Ley de Seguridad Nacional de la dictadura, criminaliza los actos contra la democracia, como el golpe de Estado y la abolición violenta del Estado democrático de derecho.

La sesión se desarrolla en la Primera Sala del Tribunal Supremo, un órgano que cuenta con solo cinco de los once magistrados de la Corte, además de Moraes y Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Luiz Fux. Para que haya una condena o absolución, se necesitarán los votos de al menos tres de los magistrados.

En esta instancia, la defensa de los acusados confía en un posible «embargo de infracción». En caso de que haya un voto en desacuerdo con la condena, esto permitiría que el proceso se discuta nuevamente ante el Pleno, formado por la totalidad de los once jueces. Una posibilidad que, de momento, no está descartada, ya que el juez Fux siempre ha dado señales de que puede, al menos, aminorar la pena de Bolsonaro.

«El hecho de que haya una divergencia puede ser un argumento fuerte para que la defensa intente llevar este debate para el Pleno», declaró en entrevista al ABC la abogada Ana Laura Pereira Barbosa, profesora de la universidad ESPM e investigadora visitante de la Universidad Humboldt de Berlín. Para la especialista, al intentar esta estrategia, la defensa cree que «sería posible imaginar que habrá al menos dos jueces más que votarían no necesariamente la absolución, pero defendiendo una pena más leve». Esos serían, además del juez Fux, dos magistrados electos por Bolsonaro durante su mandato, André Mendonça y Kassio Nunes.

El juicio de Bolsonaro y demás acusados está siendo transmitido en vivo y se prevé que termine el 12 de septiembre. Los brasileños acompañan con atención y muy divididos la decisión del Tribunal Supremo, lo que podría tener un impacto significativo en las elecciones generales del próximo año en Brasil, donde Lula da Silva debe ser candidato a la reelección y la oposición busca un nombre para ocupar el vacío de Bolsonaro que, independiente de este juicio, ya es inelegible.