El mal sueño de Bolívar fue una refinería | Octavio Enríquez

En los primeros meses de Daniel Ortega en el poder, su benefactor Hugo Chávez prometió realizar en Nicaragua el proyecto petrolero más grande de la región con una inversión de 4.000 millones de dólares. Dos contratistas, que participaron en aquella obra, aterrizada después a poco más del diez por ciento del ofrecimiento original, fueron señalados de pagar sobornos por otros contratos en Venezuela.

Con menos de cuarenta años, el contratista Miguel Ángel Castillo Lara, propietario de la empresa Castillo Max, Oil & Gas, alcanzó la cima de la industria petrolera de Venezuela en 2016, pero su triunfo fue efímero. Un año después el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) lo detuvo durante 90 días para investigarlo por el supuesto pago de sobornos con los que obtuvo contratos en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Antes de ese episodio, a Castillo Lara lo habían distinguido en la industria con un premio internacional como “líder del futuro”, ofreció charlas sobre innovación a hombres de negocios y a su empresa no le podía ir mejor. Las operaciones financieras de la misma, que nacieron locales en 2013, dieron un salto en enero de ese 2016 cuando vendió por primera vez fuera de su país seis boyas de amarre al proyecto de la refinería el Supremo Sueño de Bolívar en Nicaragua.

“El sistema fue construido en 20 semanas por un grupo multidisciplinario de venezolanos: ingenieros, electricistas, mecánicos y soldadores. Trabajar en este proyecto se convirtió en una puerta que permitió la entrada de la organización al negocio internacional. La exportación de las boyas demostró la calidad que tienen los trabajos hechos en el país”, expresó la compañía de Castillo Lara en su página web.

El complejo había sido dimensionado como la gema de las iniciativas de la cooperación venezolana en Centroamérica y el Caribe si se tomaban por ciertas las promesas oficiales: el fallecido presidente Hugo Chávez al asistir en 2007 a la puesta de la primera piedra mencionó una inversión de aproximadamente 4.000 millones de dólares para una obra que incluiría una planta de almacenamiento de combustible, una refinería para cubrir la demanda interna y exportar a países vecinos y un complejo petroquímico.

Todo debía desarrollarse en un plazo de cuatro o cinco años, pero no se hizo. La única idea que finalmente fue aterrizada fue la de la planta de combustible, con sus facilidades marítimas. Originalmente, se había planteado un presupuesto de 283 millones de dólares para la planta de almacenamiento, pero se culminó en 2017 por 227,7 millones de dólares adicionales.

El negocio fue suficiente para que se interesaran contratistas de Nicaragua, Venezuela, Francia, China y Perú. Entre los que participaron hubo empresas con trayectorias limpias, pero también otras que formaban parte de las contratistas favoritas de Pdvsa, las cuales fueron señaladas de cometer prácticas corruptas en contrataciones con la corporación estatal venezolana, según acusaciones que fueron conocidas tras su participación en Nicaragua.

Una fue la compañía de Castillo Lara, que jamás había realizado una exportación como la contratada y se le investigó por un supuesto fraude en la instalación en Venezuela de equipos semejantes a los vendidos en Nicaragua. La otra fue la gigantesca constructora china CAMC Engineering Ltd. que, dos años después de entregado el complejo nicaragüense, fue señalada en el principado de Andorra, por el pago también de millonarios sobornos por contratos con Pdvsa. En 2016, en pleno desarrollo de la obra en Nicaragua, esta misma empresa se vio involucrada en un escándalo de supuesto tráfico de influencias, en el cual habría participado una novia del expresidente Evo Morales.

Clave en las contrataciones para el complejo petrolero resultó el papel de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), desarrolladora de la obra. La empresa, manejada por los gobiernos de Chávez y Daniel Ortega, se volvió un símbolo de la corrupción por sus intereses en los sectores petrolero, maderero, financiero y de generación de energía, todos al amparo de la cooperación venezolana, administrada localmente por la familia presidencial sin controles institucionales ni transparencia.

El caso es un ejemplo de cómo se manejó la relación binacional con negocios millonarios, empresas amigas y réditos políticos para los presidentes. En 2007, cuando Ortega subió al poder en Nicaragua, firmó con Chávez el acuerdo internacional que sumó el país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) que se tradujo en los siguientes nueve años en un generoso crédito petrolero de 3.721 millones de dólares. Este préstamo registrado en las estadísticas del Banco Central nicaragüense abrió una etapa de gobierno caracterizada por la privatización de la cooperación de Estado a Estado que se manejó en la práctica como un presupuesto paralelo al estatal y que terminó beneficiando al círculo cercano al gobernante nicaragüense, según sus críticos.

En enero de 2019, Albanisa fue sancionada por Estados Unidos, luego del castigo que previamente impuso a Pdvsa, socia mayoritaria de la empresa. Un año antes fue sancionado también Francisco López Centeno, vicepresidente de la compañía registrada en suelo nicaragüense y quien se desempeña desde hace décadas como tesorero de Ortega. Se trata de un personaje criticado en la prensa local por su enriquecimiento, el desvío de fondos de la ayuda a una empresa de sus familiares y gustos inusuales como el de tener un tigre por mascota, el que sus trabajadores solían pasear en los alrededores de su residencia en Managua.

Del lado de Venezuela, los engranajes del negocio los manejaban desde la cúpula de Pdvsa, propietaria del 51 por ciento de las acciones de Albanisa. En un inicio del convenio, el control directo era a través de un primo de Chávez, Asdrúbal, quien incluso presidía Albanisa cuando comenzó el proyecto de la refinería. Hoy es presidente de la petrolera estatal venezolana. Luego fue con Bernardo Álvarez, ya fallecido, quien fue el gran operador venezolano en el Caribe y Centroamérica desde la filial PDV Caribe y con Rafael Ramírez, que fue ministro de Energía y además presidente de Pdvsa; señalado por supuestos actos de corrupción.

Todos forman parte de un inventario de personas de interés identificadas en el proyecto Chavismo INC., que rastreó información en 69 países, con los que se construyó una base de datos que muestra un cuadro inédito sobre las relaciones de individuos y entidades vinculados con los gobiernos de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

La iniciativa fue producto de una alianza entre Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). En ella participaron periodistas e investigadores de Venezuela, Argentina, Panamá, España, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Bolivia. Así se reunió información que da cuenta de la magnitud de los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo.

En el caso de la ayuda venezolana a Nicaragua, la gestión estuvo signada por denuncias de abusos con los fondos. El exdirectivo de Pdvsa, Gustavo Coronel, quien trabajó durante 27 años en esa industria, destaca que el régimen venezolano repartió 90 mil millones de dólares entre ‘amigos’, pero asegura que “en ningún país, con excepción de Cuba, se alcanzó el nivel de derroche y corrupción que ha caracterizado la relación con Nicaragua”.

Por eso, Coronel considera que el acuerdo petrolero nunca estuvo destinado a combatir la pobreza, sino que perseguía que Ortega se sostuviera en el poder y convertir a Chávez en el líder regional de un movimiento antiestadounidense, que fue conocido como el socialismo del siglo XXI y del cual Nicaragua fue uno de sus más destacados protagonistas. “Fue realmente un club cleptocrático”, dice Coronel.

Del sueño a los negocios

Entre los negocios más grandes y poco transparentes figuró el “Supremo Sueño de Bolívar”. A 70 kilómetros de Managua, en el caluroso occidente de Nicaragua, en el poblado de Puerto Sandino, se pueden ver durante junio de este año a cabras pastar cerca de oleoductos. La pandemia ha terminado por vaciar el sitio de los trabajadores que antes frecuentaron la planta de almacenamiento de hidrocarburos Miramar. Este era el sitio donde se levantaría el proyecto de la refinería, del cual Chávez y Ortega pusieron la primera piedra en julio de 2007.