El manual trumpista que se aplica en España

Un político acorralado por la justicia se denuncia víctima de una campaña de acoso orquestada por los medios y unos jueces corruptos que obedecen a intereses ilegítimos. Sus aliados en el congreso y los medios afines se lanzan a una campaña contra el «lawfare», el uso del sistema legal para alcanzar objetivos de índole política. Ante el riesgo de poder ir a prisión, se proclaman «presos políticos». «O yo, o el fascismo», pronuncian.

El victimismo para esconder problemas legales y políticos es un rasgo intrínseco del populismo, a izquierda y derecha, tal y como afirman estudios publicados en años recientes. Esa estrategia cobra fuerza después de la Gran Recesión de 2008, preludio de un auge imparable de fuerzas demagogas que han puesto contra las cuerdas a los sistemas institucionales de occidente.

El caso de Donald Trump, y su condena penal por 34 cargos relacionados con un fraude fiscal y electoral, pone de relieve hasta qué punto la política se ha transformado en no pocos sistemas democráticos en la defensa de una persona. Tras la lectura del veredicto, el Partido Republicano, otrora defensor a ultranza de las instituciones, se ha lanzado a defender al reo, denunciado una persecución sin precedentes, el intento de dañar políticamente a un candidato por la vía judicial.

Piden reformas del poder judicial, prometen investigar a los jueces que han investigado al delincuente condenado, reniegan de un sistema que ellos mismos ayudaron a construir y que hasta hace nada defendían por principio.

Luego están los medios. Tras el veredicto, una de las mayores defensoras de Trump, amiga personal suya, la jueza Jeanine Pirro, se lanzó inmediatamente en su programa de Fox News a aclarar cuál es la situación: «Lo llamamos lawfare, es más bien una guerra, es derribar a alguien, no solo políticamente, sino legalmente, y buscar quitarle sus libertades civiles». Lo mismo proclamó Megyn Kelly, periodista y comentarista que salió de Fox News en un caso de acoso sexual, que ha tenido sus más y sus menos con Trump, y que ahora denuncia también «lawfare» contra el expresidente.

Han incitado Trump y su equipo a la guerra intestina y fratricida entre periodistas. En EE.UU. hay una crisis de credibilidad de los medios como pocas, con un 63% que dice haber perdido la confianza en la prensa, tal y como demuestran las más recientes encuestas del centro Per Research. En ese contexto, los tertulianos, diarios y televisiones afines al expresidente avivan las llamas del descrédito de los medios independientes, apuntan a firmas reconocidas o grandes cabeceras como el «Times» o el «Post», les llaman «enemigo del pueblo», «escoria», «lo peor de lo peor», haciéndose eco de proclamas de Trump.

Es un caso de manual. Todos esos ejemplos —el victimismo, la negación del sistema judicial, el uso de medios instrumentales para denunciar persecución, la constante agitación social— se ha visto en el Brasil de Bolsonaro, en el México de López Obrador, en la Colombia de Petro, la Hungría de Orbán. Y ahora, desde el estallido del caso Koldo y las investigaciones por los negocios de su mujer, en la España de Sánchez, donde el presidente del Gobierno se proclamó de forma preventiva víctima de una persecución injusta a él y su mujer, y amagó con dimitir pero acabó quedándose para resistir y detener el embate de fuerzas ilegítimas que quieren doblegar al pueblo.

Está claro, que ideológicamente, el referente español de Trump es Vox. Su líder, Santiago Abascal, se abrazó literalmente al expresidente en su visita a Washington en enero. Pero el manual de resistencia de Trump, su eterna batalla contra la adversidad judicial, se ha aplicado recientemente en España desde el poder.

Varias de las afirmaciones de Trump son muy parecidas a las del presidente Sánchez. Baste un discurso que dio durante un acto de graduación en la Academia de la Guardia Costera de EE.UU., cuando la justicia le pisaba los talones no a él, que entonces era presidente, sino a sus hijos y su empresa, por supuesto fraude contable que al final el juez consideró probado. «Es una injusticia. Y a lo largo de la vida, uno descubre que las cosas no siempre son justas. Descubre que le suceden cosas que no merece y que no están justificadas. Pero no hay que bajar la cabeza, hay que luchar. Ningún político en la historia de nuestro país —y digo esto con gran certeza— ha sido tratado peor o más injustamente que mi persona».

Lo explicaron de forma bastante clara Jens Meijen y Peter Vermeersch en un artículo centrado en Europa Central, publicado por Cambridge el año pasado y titulado «Políticas de Memoria Populista y la Actuación de la Victimización»: Los populistas se convierten a sí mismos en representación del pueblo que dicen defender en una víctima humillada. El líder o partido populista es desde ese momento un héroe que a su vez protege o venga a otras víctimas, mientras que las supuestas élites —empresariales, judiciales, mediáticas— son vistas como traidoras. Dado que el populista y el pueblo al que representan se presentan como víctimas, el llamamiento a hacer justicia fuera de los márgenes institucionales existentes cobra más y más fuerza.

Es ahí cuando las instituciones comienzan a sacudirse. Trump ya lo intentó con las falsas denuncias de que era víctima de un fraude electoral que le costó la presidencia, pero la insurrección fracasó. Ahora vuelve a la carga con el veredicto de su primera imputación por la vía penal (tiene otros tres pendientes).

En España, hoy Sánchez opera desde el poder, utilizando su posición institucional para contrarrestar las investigaciones judiciales y mantener el control político. La dinámica es clara: cualquier intento de responsabilizar a los líderes populistas se convierte en una oportunidad para reforzar su narrativa de persecución y victimización, consolidando así su base de apoyo, con el efecto deseado o casual de deslegitimar a las instituciones democráticas —el judicial, la prensa— que intentan mantener el estado de derecho.

La repercusión de estas tácticas no solo amenaza la estabilidad institucional, sino que también erosiona la confianza pública en el proceso democrático, creando un entorno cada vez más dividido y conflictivo.