El oficialismo en Honduras usa la violencia para afectar el recuento de votos de las elecciones

Militantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), de Honduras, salieron el lunes 15 de diciembre a las calles para protestar contra el proceso de elecciones generales del pasado 30 de noviembre, acatando así el llamado que hizo su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya.

Grupos de manifestantes comenzaron a protestar frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se guarda todo el material de los comicios generales, cuyos resultados aún se desconocen por varios problemas, incluido el inicio de un escrutinio especial previsto desde el sábado, pero que no ha podido comenzar, reportó la agencia de noticias EFE.

Otro grupo, algunos con el rostro cubierto con pañuelos, quemaban neumáticos y lanzaban piedras a unos 300 metros del INFOP, sobre el Bulevar Fuerzas Armadas, que conecta con las salidas hacia el norte, sur y este del país.

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto, con el 19,29% de los votos, escrutado el 99,40 % de las actas electorales, siendo el aspirante del conservador Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, el líder con el 40,52%, seguido por el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20%.

En reacción, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció que existe un «considerable riesgo» de que «se pierda el proceso electoral» de los comicios generales.

«Pueblo hondureño: es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz», alertó Hall en un mensaje en la red social X.

«Continúan acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales», subrayó.

Agregó que ante los hechos, «que constituyen delito», se han tomado medidas como la de solicitar «apoyo al jefe del Estado Mayor Conjunto (de las Fuerzas Armadas) para que resguarde la seguridad del personal del CNE en INFOP, el material electoral que ahí se encuentra y las instalaciones».

Hall dijo que se ha instruido «remitir comunicación a los partidos políticos, como responsables de acreditar los miembros de Juntas Especiales a cargo del escrutinio especial, de acuerdo a la Ley Electoral. En la misma, se les informa la imposibilidad de iniciar los escrutinios especiales y se les solicita que tomen las medidas necesarias para que las personas que han enviado a cumplir una función legal, no continúen acciones reñidas con la Ley al impedir el procesal electoral», señaló Hall.

Ante los últimos hechos denunciados, la funcionaria hizo un llamamiento al Colegio de Abogados de Honduras para que preste apoyo al CNE «desplazando notarios que levanten acta de todo lo que está sucediendo en INFOP, a efecto de documentar posteriores acciones legales».

También pidió «a la comunidad internacional y a los observadores documentar el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando, que puede desencadenar en situaciones insospechadas e insostenibles que el país no puede permitir».

«¡A los que están socavando la democracia de Honduras les recuerdo: el mundo observa y la historia juzga implacablemente!», apostilló.

El CNE, que desde el día de las votaciones tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales, debió comenzar el pasado sábado con el escrutinio especial de más de 2.700 actas electorales que presentan inconsistencias.

La Organización de Estados Americanos (OEA) dio a conocer el lunes que el jefe de su Misión de Observación Electoral en Honduras, Eladio Loizaga señaló ante el Consejo Permanente que «la Misión ha acompañado todo el proceso electoral: desde las primarias de marzo y la visita preliminar de julio hasta la observación de las elecciones del 30 de noviembre y del 7 de diciembre, con 101 observadores de 19 nacionalidades desplegados en 780 Juntas y 325 centros de votación en los 18 departamentos, así como el seguimiento 24/7 del escrutinio».

Los observadores del organismo hemisférico constataron «demoras, deficiencias técnicas y falta de pericia en las soluciones tecnológicas, pero no dolo ni manipulación del material electoral ni de los sistemas informáticos», como ha denunciado la presidenta Xiomara Castro.

Loizaga hizo un llamado urgente a las autoridades electorales a «iniciar sin demora el escrutinio especial y agilizar la publicación de resultados dentro de los plazos legales; exhortó a las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad y abandonar tácticas dilatorias; rechazó cualquier llamado a alterar el orden público o a declarar nulas las elecciones fuera de las competencias legales, subrayando que la voluntad expresada por las y los hondureños en las urnas debe respetarse».