El País / Editorial: Ante el precipicio

Una bandera española en una estatua a la entrada del Parlament de Cataluña. CHRIS MCGRATH GETTY IMAGES

Una declaración unilateral abriría la puerta a una gravísima crisis

Ajenos a las señales que desde todos los frentes —sea el político, social, económico o internacional— se envía al independentismo para que no siga adelante con sus planes de proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña, el president Puigdemont y el entorno más radical que lo rodea —el vicepresidente Junqueras, la CUP y las organizaciones Òmnium Cultural y la ANC—, sopesan seguir adelante con sus planes suicidas.

Es importante que se diga bien claro al secesionismo cuáles serían las consecuencias de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI); y no solo para que así no puedan alegar ignorancia cuando éstas se materialicen, sino para que quede en evidencia ante los ciudadanos —y también ante el mundo— la absoluta irresponsabilidad de haberse lanzado al abismo de forma plenamente consciente.

En primer lugar, dicha declaración llevaría a un conflicto directo con el Estado, que este no podría soslayar. Si ya el orden constitucional, como señaló Felipe VI, está en estos momentos puesto en cuestión por los independentistas, la DUI supondría, inevitablemente, el empleo de todo el arsenal de medidas que contempla la Constitución Española y el Código Penal para hacer frente a un desafío tan claro como evidente. Y esa primera respuesta sólo sería el anticipo de decisiones más contundentes que supondrían un enorme salto atrás en el autogobierno logrado, de tal manera que lo que costó décadas conseguir pueda perderse en solo unas horas.

En segundo lugar, dichas consecuencias serían gravísimas y, desgraciadamente irreversibles, en cuanto a la fractura social. Tras haber quedado en evidencia el domingo en Barcelona que, como pretenden los independentistas, no hay un solo pueblo catalán que respalde unánimemente su causa, sino una sociedad que mayoritariamente apuesta por la convivencia dentro de la Constitución, una DUI rompería definitivamente la sociedad catalana en dos y abriría las puertas a pasiones y sentimientos muy difíciles de controlar o encauzar.

En tercer lugar, se agravarían exponencialmente los daños económicos, ya observados en la fuga de numerosas compañías emblemáticas y que ahora darían paso a una extensión generalizada de la inseguridad jurídica para empresas, inversores, ahorradores y todo tipo de agentes económicos.

Que nadie se llame pues a engaño: una Cataluña en completa quiebra política, social y económica es lo que se esconde tras la DUI. El independentismo puede tener la tentación de pensar que su imagen internacional se beneficiaría de un escenario de alta tensión como el que seguiría a una DUI. Sin embargo, ha quedado acreditado de sobra, por solidaridad con España pero también por interés propio, que los socios europeos de España van a respaldar a la democracia española y su Constitución frente a una amenaza de tal calibre y que, paralelamente, el mundo económico no va a quedarse a ver cómo se resuelve la situación.

Nada ni nadie espera a los independentistas detrás de la DUI: solo el caos económico y la soledad política. Por eso, frente a quienes defienden que la Declaración Unilateral de Independencia situará al secesionismo en una posición de fuerza, la evidencia indica que será su final definitivo como proyecto político.

Que haya quienes, a sabiendas de los enormes daños para las personas, los bienes y las instituciones que esta DUI supondría estén aún sopesando si seguir por ese camino, muestra hasta qué punto el independentismo está hoy en manos de unos líderes tan mesiánicos e inmorales que están dispuestos a sacrificar a Cataluña e inmolarse con ese fracaso antes que a certificar el fracaso y ruina de su proyecto.

El president Puigdemont, su gobierno y las organizaciones que les apoyan han llegado al abismo. No deben saltar ni pensar en arrastrar a nadie más tras de sí. Por eso urgimos a todas las fuerzas políticas, incluidas aquellas que estos días se han manifestado a favor del diálogo, que les conminen a no tomar esa decisión. Que utilicen su apelación al diálogo precisamente para interceder y frenar el plan, y volver a una legalidad desde la que se pueda empezar a hablar. Por el bien de todos, pero sobre todo de esa Cataluña a la que declaran lealtad. Puigdemont está a tiempo de evitar la catástrofe y de comenzar una senda de diálogo y negociación en la que Cataluña no solo no pierda, como está a punto de hacer a gran escala, sino que además gane un futuro mejor en el seno de la legalidad.

Y si tal declaración de independencia se llega a producir, como amenazan los independentistas en la sesión de hoy en el Parlament, llamamos a las fuerzas políticas a que, tal y como pidió el Rey Felipe VI, se pongan sin matices al servicio de la restauración del orden constitucional.