El País / Editorial: Pasar página
La democracia debe liquidar todas las cuentas pendientes con la dictadura
La propuesta no de ley que aprobó hace unos días el Congreso, con el apoyo de una amplia mayoría, la abstención del PP y ningún voto en contra, para exhumar los restos de Franco y sacarlos del Valle de los Caídos puede convertirse en otra iniciativa más que provoca durante unos días un pequeño revuelo y que luego queda arrinconada y olvidada hasta que, en otro momento, vuelva a resucitar para repetirse una vez más el cansino proceso de escenificación de viejas cuentas pendientes que tienen su origen en la Guerra Civil y la larga dictadura. En este caso, ya salió al quite el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, para decir que no tocaba, que el acuerdo mayoritario del Congreso solo servía para abrir viejas heridas.
Más de 80 años después del golpe de Estado contra la República, que terminó propiciando una cruenta guerra fratricida y una larga y sanguinaria dictadura, no ha habido aún un acuerdo duradero entre todas las fuerzas políticas para cerrar de una vez por todas aquel aciago periodo y, lo que es peor, hay quienes regresan de tanto en tanto a soplar las brasas que aún titilan de aquello para agitar las banderas que se levantaban en uno y otro frente por si les sirven para sacar petróleo en el presente. Y ya es tiempo de que los muertos descansen en paz, y de evitar burdas caricaturas entre lo que fue aquello y lo que ocurre ahora.
La Ley de la Memoria que Zapatero puso en marcha debía haberse leído en esa clave, como el proyecto que venía a cerrar las heridas y a pasar de una vez al olvido —es decir, a que salieran de la estricta lucha partidista— los rencores que quedaran de aquel trágico periodo. Hacerlo bien pasaba por atender a una de las últimas reclamaciones de las víctimas, la de desenterrar a sus muertos de las miles de cunetas que quedan dispersas por el territorio español como una marca de la feroz represión franquista. Y obligaba también a enfrentarse a los trazos simbólicos que seguían exaltando a la dictadura en pueblos y ciudades y, de manera monumental, en lugares como el Valle de los Caídos. Aquella ley, que pudo aplicarse con mayor o menor suerte durante el Gobierno socialista, quedó paralizada con la llegada del PP. Y, lo más grave, no limó las antiguas asperezas que sobreviven: en algunos lugares, las incendió.
Y eso es justo lo que ya no tiene ningún sentido. La democracia española debería dar señales de su madurez y enfrentarse al tratamiento del pasado como un asunto de Estado. Trazar algunos acuerdos mínimos sobre lo que significó aquello, saber escuchar a las tantas comisiones de expertos que se han ido creando y deshaciendo y donde pueden estar reflejadas todas las sensibilidades políticas, hacer pedagogía con los más recalcitrantes, encontrar aquellos lugares de memoria donde mejor puedan sostenerse los valores democráticos de la España actual. Eso va más allá de exhumar los restos de Franco del Valle, que por acertada que sea podría quedar en otra anécdota más: lo que hace falta es un plan y, más importante todavía, una clara y rotunda voluntad de las fuerzas políticas de no seguir sirviéndose de la metralla del pasado para hacer la política el presente. ¿Será alguna vez posible que los demócratas unan de una vez sus fuerzas para cerrar los estertores que quedan de aquella aciaga dictadura?
