El Parlamento aprueba una amnistía para los presos políticos en Venezuela
La oposición ha sorprendido al chavismo. La agenda legislativa de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela fue modificada de forma repentina este martes para incorporar la discusión en segunda instancia y aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación que beneficiará a 78 presos políticos. Después de siete horas de debates, la propuesta de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática fue sancionada.
El Parlamento, dominado por la oposición, iba a discutir esta legislación el jueves, pero la diputada Delsa Solórzano propuso incluirla en el debate. La bancada oficialista consideró como un traspié esta maniobra opositora por no estar prevista en el orden del día de la sesión de la AN. El chavismo, que calificó a la ley como un “adefesio”, se ha negado a ofrecerle un voto a favor. “La amnistía es un olvido sin reparación a las víctimas”, dijo el parlamentario oficialista Pedro Carreño.
La liberación de los presos políticos eleva la tensión en este país caribeño. La reputación del Gobierno venezolano es cuestionada por los encarcelamientos de políticos que aumentaron desde las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, ocurridas entre febrero y marzo de 2014. Los dirigentes opositores Leopoldo López, Daniel Ceballos, Manuel Rosales y Antonio Ledezma fueron arrestados por supuestamente instigar al odio y conspirar contra el Gobierno.
López es uno de los líderes más incomodos para el chavismo. Este exalcalde del municipio caraqueño Chacao y dirigente del partido Voluntad Popular promovió una “salida” del Gobierno hace dos años mediante protestas. En las manifestaciones callejeras contra Maduro hubo 43 muertes, casi todas debido a disparos de balas, en varias regiones del país. El exalcalde fue perseguido por el Gobierno, pero decidió entregarse a los militares y ser encarcelado una semana después de que se iniciaran las movilizaciones contra Maduro.
Su encarcelamiento no ha dejado ser reciamente criticado por los defensores de los derechos humanos. Este político fue condenado a 13 años y nueve meses de prisión en septiembre del año pasado, una sentencia considerada como preocupante para la salud de la democracia en Venezuela por organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas y Human Rights Watch.
El liderazgo de López, encarcelado en los calabozos de Ramo Verde, ha aumentado después de su condena, mientras que Maduro atraviesa por una pérdida exponencial de popularidad debido a la debacle económica y la crisis política del país. El debilitamiento de la hegemonía chavista se expresa en las encuestas. Un 19% de la población elegiría al opositor como el próximo presidente de Venezuela por encima de Maduro y del gobernador de Miranda,Henrique Capriles Randonski, según un sondeo divulgado este mes por la firma Hinterlaces.
Las trabas de la oposición
La aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional reaviva la pugna de poderes entre el Parlamento y el Supremo. Henry Ramos Allup, presidente de la AN, ha advertido que desde el Supremo se “cocina” a fuego una sentencia para declarar inconstitucional esta amnistía.
El Gobierno se niega a concederle libertad a los opositores. Mientras se discutía la amnistía en el Palacio Federal Legislativo (sede del Parlamento), el presidente Maduro asomó que obstaculizará su aplicación. “Tengan la seguridad de que esa ley, por aquí (en referencia al Ejecutivo), no pasará”, dijo.
La Ley de Amnistía, que tiene 29 artículos, debe ser revisada por el jefe del Estado para su promulgación. Maduro ahora se barajea entre dos opciones establecidas en la Constitución Nacional de Venezuela. Este mandatario puede sugerir modificaciones en esta legislación que deben someterse a una nueva discusión en el Parlamento, pero también puede enviarla vía exprés al Supremo para evaluar su constitucionalidad y detener su aplicación.
El chavismo, que tilda como “asesinos” a los presos políticos, ha promovido campañas en contra la ley de amnistía que, según el Gobierno, promoverá la impunidad. Pero los parlamentarios opositores aseguran que esta ley excluye del beneficio a las personas acusadas de homicidios, lesiones graves y crímenes de lesa humanidad.