El Poder Judicial planta cara a Sánchez: la amnistía «supone abolir el Estado de derecho»

Reunión del Pleno del CGPJ en el que se ha debatido sobre la amnistía con la ausencia de Cuesta

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este lunes la declaración institucional contra la amnistía propuesta por ocho vocales conservadores del órgano, un texto que advierte de las consecuencias que tiene en la separación de poderes una medida con la que se pretende beneficiar a encausados, prófugos y condenados del ‘procés’.

Según ha podido saber ABC , con nueve votos a favor, la mayoría del órgano expresa así su «intensa preocupación y desolación por lo que la amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España». «Cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada, y más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables las amnistías para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el presidente del Gobierno en funciones», señala el texto en contra del que han votado cinco vocales, todos propuestos por el PSOE. El presidente, Vicente Guilarte, ha votado en blanco y ha anunciado que expresará su parecer en un voto: entiende como «indeclinable labor institucional del CGPJ defender la actividad jurisdiccional» de los órganos judiciales, pero considera que hasta que no se conozca la literalidad del texto legislativo el debate queda residenciado en el terreno político, al que el CGPJ debe permanecer ajeno. Insistirá en su escrito en la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Tras un intenso debate el Consejo ha sacado adelante la declaración sin que el llamamiento al boicot por parte del vocal y exdiputado Álvaro Cuesta haya tenido el menor efecto sobre sus compañeros progresistas, que «en un ejercicio de responsabilidad», señalaron fuentes de este sector, sí fueron a la reunión. De hecho Cuesta ha sido el único que no ha acudido al pleno. Cuesta considera la propuesta de declaración sobre la amnistía «manifiestamente ilegal» y acusa a sus compañeros de sublevarse «contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023». El mismo planteamiento de la ministra Margarita Robles, para quien los vocales del Consejo carecen de legitimidad para opinar sobre la norma.

En su declaración institucional, algo más amplia que la propuesta inicial pues se han añadido dos puntos nuevos, el Consejo señala que en esta amnistía se confunde el «interés de España» con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya, es «algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político», valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. «Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora». Dicen los vocales que aprobar esta amnistía «supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio de un interés personal».

Antes de entrar en el grueso del texto de la propuesta, los vocales defienden su legitimidad «ante los comentarios vertidos en las últimas horas acerca de la extemporaneidad de esta declaración bajo el argumento de que este Consejo debió esperar a conocer el texto de la proposición de ley para emitir su opinión, afirmamos tanto nuestra legitimidad como la oportunidad para hacerlo ahora». En este sentido recuerdan que su pronunciamiento ante iniciativas legislativas «es parte también de los estándares europeos en materia de independencia judicial». «No puede considerarse en ningún caso ajeno a las funciones de los Consejos de Justicia, ni desde luego de este Consejo General del Poder Judicial, alzar su voz cuando la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de derecho puedan estar en peligro».

A juicio de los vocales, «no es compatible con el principio de Estado de derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución, y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno. Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España».

Según la declaración aprobada, esta amnistía supone hacer que una determinada clase política sea jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos (el texto de la propuesta decía «casta») lo que, «con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso «el más elemental» principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución.

Asimismo, se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: «si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales. La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera«.

En su opinión, lo que se violenta con la medida anunciada por el presidente del Gobierno «no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial».

Los firmantes de la declaración que se ha llevado a pleno son los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y Ángeles Carmona. A ellos se han unido el también conservador Wenceslao Olea.

No fue solo Cuesta el que reaccionó ante la propuesta de la declaración institucional de sus compañeros. También lo hizo Jueces para la Democracia,  a través de un comunicado Jueces y Juezas para la Democracia, la tercera asociación en número de afiliados, considera que la declaración que quieren someter a debate y votación la mitad de los vocales en la que se habla de abolición del Estado de derecho supone «un abuso de las atribuciones legales que ostentan y una desviación de la legítima función de ese órgano«. Conlleva, además, dicen, una »invasión clara« de la función jurisdiccional que la Constitución reserva a la judicatura.

Recuerda esta asociación, con varios vocales dentro de ese órgano, que la «exclusiva función del juicio de constitucionalidad» solo corresponde al Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Carta Magna.

«Es evidente que existen dudas legítimas sobre esa futura y desconocida proposición de ley que alimentan un debate jurídico y político que se está produciendo en una sociedad plural y que está llamado a desarrollarse también en los tribunales», apuntan desde JJpD. «Ante estas dudas, queremos llamar a la calma a la sociedad y recordar que el ordenamiento jurídico contempla vías para la formulación, tramitación y resolución de las discrepancias, y la defensa del orden constitucional y legal«.

Señala además que el CGPJ, como órgano constitucional que es, «está llamado a mantener el deber de neutralidad en el debate partidista«. Sin embargo, la asociación considera que esa neutralidad se abandonó hace tiempo «dando sobradas muestras de parcialidad». Así acusa a los vocales del sector conservador de obviar las funciones legales que les corresponden «y tienen abandonadas desde hace años».

«Reclamamos, por ello, responsabilidad, sometimiento a la legalidad y respeto a las instituciones. Y pedimos a esas/os vocales que no conviertan al CGPJ en un actor partidista, y que no afecten a la imagen de neutralidad e independencia de la judicatura y el Poder Judicial, convirtiendo el Consejo en una caja de resonancia de posiciones partidistas«.