El precio de la lealtad: los súper salarios del orteguismo
Funcionarios cercanos a Daniel Ortega, algunos sancionados en Estados Unidos por corrupción, cobran del Estado sueldos incompatibles con la realidad de uno de los países más pobres del continente, violando un decreto de regulación salarial. En la lista figuran el presidente del Banco Central de Nicaragua, el superintendente de bancos, un sobrino de Gadafi y hasta un exdirigente estudiantil sandinista.
El precio de la lealtad a Daniel Ortega tiene un costo alto para las arcas públicas, porque en Nicaragua se paga muy bien a aquellos funcionarios que son fieles al régimen sandinista: gozan de grandes sueldos sin ser fiscalizados. Estos súper salarios que reciben algunos altos directivos de las instituciones públicas violan una ley que el presidente mandó a publicar cuando retomó el poder en 2007, como parte de un proceso de “ordenamiento salarial” para terminar con el “desorden” dentro de la administración pública.
En Nicaragua, los salarios de los funcionarios públicos no se conocen porque no están publicados en ningún lugar. En los 15 años de gobierno de Daniel Ortega, el hermetismo institucional se ha convertido en la norma, dando lugar a la segunda gestión más corrupta de Latinoamérica, de acuerdo con el más reciente informe de Transparencia Internacional. Pero esta investigación de Nicaragua Investiga y CONNECTAS logró acceder a los salarios que paga el Estado a sus funcionarios más leales. Entre ellos identificó a 12 muy cercanos al régimen que ganan sueldos que superan los de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua.
Tanto estos funcionarios como la misma pareja gobernante violan el decreto ejecutivo de “Regulación salarial de los funcionarios públicos de mayor jerarquía en el Poder Ejecutivo”, que envió el líder sandinista para su publicación en La Gaceta (diario oficial de Nicaragua) en 2007, cuando volvió al poder y se autoproclamó el “presidente de los pobres”.
Los tres sueldos más abultados que paga el Estado sandinista corresponden a funcionarios que manejan la economía del país. La lista la encabeza el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes; lo siguen Luis Montenegro, máximo directivo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF); y José Altamirano Padilla, el nuevo director del Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE).
Entre los súper salarios también figuran los de seis embajadores (incluido el sobrino del fallecido dictador libio Muamar El Gadafi), el de un expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el del presidente del Poder Legislativo y el del Ministro de Energía y Minas, que a la vez es Presidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).
Los datos fueron obtenidos de la planilla del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) de marzo de este año, que fue filtrada a Nicaragua Investiga y analizada con CONNECTAS. El documento fue sometido a un proceso de verificación riguroso y se comprobó su legitimidad.
Según ese documento, Daniel Ortega recibe un salario neto mensual de C$148,000.38 (4,131.78 dólares) y Rosario Murillo, C$143,129.88 (3,995.81 dólares). Lo que cobra la pareja gobernante viola su propio decreto de 2007, que ordena que un presidente no puede ganar más de 3,200 dólares y el vicepresidente, no más de 3,100 dólares. El mandatario gana 931.78 dólares (30%) más de lo establecido y Murillo, 895.81 (29%) más. Por incumplimiento de la norma, el artículo 12 establece multas de hasta seis meses de salario y la destitución del puesto. Pero en el gobierno sandinista no se conoce ningún caso de sanción por quebrantar este decreto.
“Este régimen no cumple ni con sus propias leyes, mucho menos con la Constitución Política de Nicaragua. Lo que vemos actuar no es a un estadista ni funcionario público, sino que Ortega actúa como dueño de la hacienda y se asigna un salario simbólico, pero dispone de todo el erario público”, sostiene María Asunción Moreno, experta en derecho constitucional. Y agrega que el gobierno sandinista ha utilizado los salarios abultados para sus funcionarios como la “gran prebenda” que le permite “mantenerse en el poder”.
Los tres súper salarios
Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) desde 2014, es el funcionario sandinista que más cobra. Su salario bruto mensual es de C$655,295.75 (18,294.13 dólares), cuatro veces el sueldo de Daniel Ortega. En contraste, el salario promedio de un maestro de enseñanza es de C$8,300 (232.04 dólares). Según un cálculo rápido, un docente que imparte clases en un colegio público tendría que trabajar siete años para alcanzar lo que gana Ovidio Reyes en un mes.
“Estamos hablando de una desigualdad en términos de ingreso muy abultada tomando en cuenta el ejemplo del titular de la banca central, que estaría ganando 101 veces más que el salario del educador”, apunta Marco Aurelio Peña, economista y abogado. Y añade: “Es lamentable tomando en cuenta la precariedad de la economía nicaragüense”, que vive una recesión económica desde hace cuatro años, luego de las protestas masivas que dejaron más de 300 muertos en 2018.
Un dato a tener en cuenta es que el salario de Reyes aumentó 6 mil dólares en relación al de su antecesor, Alberto Guevara Obregón (2012 – 2014). Cuando él asumió el cargo, dijo públicamente que su salario oscilaba entre los 11 y 12 mil dólares, pero que sería reducido a 5 mil y que “donaría” el monto restante a programas sociales impulsados por el gobierno sandinista. “Yo considero que 5 mil dólares es más que suficiente, el resto, mientras permanezca esta situación, yo los voy a estar donando a programas sociales y en este momento estoy pensando en el programa Amor para los más Chiquitos, pero lo haré a cualquiera de los programas que impulsa el Gobierno y que están teniendo éxito en la lucha contra la pobreza”, detalló a los medios oficiales. Como revela esta investigación, no solo eso nunca ocurrió sino que su salario creció hasta los 18 mil dólares.
Según su perfil académico publicado en el sitio web del Banco Central, Ovidio Reyes es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Obtuvo un diploma de Especialista en Macroeconomía Aplicada del Programa PIMA y un Magíster en Economía con mención en Macroeconomía, ambos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También completó estudios avanzados en economía obteniendo un Master of Arts in Economics en The Pennsylvania State University, Estados Unidos. Su nutrido currículum no le ha evitado ser sancionadopor el Departamento del Tesoro, que lo acusa de “coliderar la implementación de la nueva Ley para la protección de consumidores y usuarios”, que obliga a las instituciones financieras del país a “hacer negocios” con personas sancionadas.
Reyes ha sido siempre muy leal al régimen de Ortega. En 2018, cuando sucedió la insurrección de abril, fue denunciado ante el Congreso de Estados Unidos por Ligia Gómez, exsecretaria política del Frente Sandinista y exfuncionaria del Banco Central. Ella reveló que durante sus cuatro años en el cargo recibía órdenes de Rosario Murillo a través de Fidel Moreno —secretario general de la Alcaldía de Managua y hombre cercano a la pareja presidencial— y de Ovidio Reyes. Según la denuncia, en cada comicio que se celebra en el país, la entidad financiera proporciona “vehículos para transportar empleados o para llevar a las personas de sus hogares a los centros de votación”.
En noviembre de 2018, Reyes minimizó el baño de sangre que ejecutó el gobierno sandinista contra los manifestantes. “Que cada quien agarre a sus muertos y se continúa adelante viviendo normalmente, todos los gobiernos hacen lo mismo, pero solo este país es criticado”,dijo públicamente.
El segundo sueldo más abultado del Estado nicaragüense es el de Luis Montenegro, el titular de la superintendencia de Bancos, una entidad financiera instrumentalizada por el régimen para perseguir a la empresa privada que no comulga con sus intereses. El funcionario recibe cada mes C$535,526.00 (14,950.47 dólares). Por lo tanto, gana tres veces más que Daniel Ortega.
Montenegro es uno de los más férreos defensores del régimen. Ha estado en varios cargos públicos. Fue presidente de la Contraloría General de la República (CGR) y en ese rol se declaró incompetente para investigar al difunto Roberto Rivas (quien era presidente del Tribunal Electoral)tras ser sancionado por Estados Unidospor corrupción, propiciar fraudes electorales y poseer una riqueza personal considerable, que incluía múltiples propiedades, aviones privados, vehículos de lujo y un yate.
“Si gana 60 mil dólares y si tiene otros negocios, no nos compete. No hemos hecho ninguna evaluación, nadie ha llegado a la Contraloría a ver su declaración. Si uno la pide, uno actúa de acuerdo con la Ley; y si el dueño de la declaración dice que no se vea, no se verá. No tengo por qué andar especulando si gana 60 mil y si tiene mansiones, yates, aviones, no me llama la atención”, declaró en mayo de 2019 Montenegro al diario La Prensa.
Estados Unidos losancionópor ordenar a los bancos a cumplir con una solicitud del Ministerio Público de entregar y auditar información financiera de 13 altos ejecutivos privados en el marco de laLey de Soberanía, que el régimen ha utilizado para acusar a una treintena de líderes políticos, cívicos, profesionales independientes y empresarios.
Por su parte, el director del Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE) está en el puesto número tres entre los funcionarios que tienen más alto sueldo en Nicaragua. Gana C$327,724.70 (9,149.21 dólares) cada mes, lo que representa dos veces el salario del presidente. Esta institución financiera de derecho público fue creada hace 21 años para proteger los depósitos realizados en los bancos, empresas de ahorro y préstamos y otras instituciones financieras, ante eventuales crisis de insolvencia, iliquidez, bancarrota o quiebra,según su sitio web.
Rolando Sevilla estaba a la cabeza de la institución financiera desde 2010, pero renunció el 6 de junio de este año (como consta enLa Gaceta). Su cargo ahora lo ocupa José Altamirano Padilla, quien es sobrino del superintendente de bancos, según un reporte periodístico del extintoEl Nuevo Diario. El nuevo presidente de FOGADE preside además la junta liquidadora del Banco Corporativo S.A. (Bancorp) desde el 25 de octubre de 2019, empresa que fuesancionadapor Estados Unidos por “cometer lavado de dinero” y “beneficiar con asistencia financiera a funcionarios del régimen”.
FOGADE está controlada por el presidente del Banco Central, el superintendente de Bancos y el ministro de Hacienda y Crédito Público; todos hombres cercanos a Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Estamos hablando de sueldos que superan el que tienen los gerentes de bancos o gerentes de empresas de la economía real, de la economía de bienes y servicios. Es decir, de la parte productiva de la economía, no desde el punto de vista de función de regulación”, cuestiona Peña.
“El presidente de los pobres”
En la toma de posesión de 2007, Daniel Ortega dijo que una de sus principales prioridades iba a ser “luchar contra la corrupción” y resaltó que los cargos en el Estado “no son para volverse más ricos”, por lo que prometió reducir los “megasalarios” y adoptar “medidas de austeridad” mediante un decreto que fue publicado semanas después de asumir su mandato. En una puesta en escena que fue aplaudida por los miles de seguidores presentes en el acto, el líder sandinista se quitó la banda presidencial y aseguró que “pertenece a los pobres”.
El economista Peña recordó la promesa de Ortega en torno a eliminar los súper salarios en el Estado, pero asegura que en la práctica no se cumple. “Ahora que se trata de un régimen político, atornillado en el poder, hay que ordeñar la vaca. El Presupuesto General de la República se vuelve una ubre a la que hay que exprimir lo más que se pueda”, comentó.
Señaló que toda la clase gobernante se vuelve “presupuestívora y presupuestófaga” y agregó que las autoridades económicas que manejan el Presupuesto General de la República asignan cerca de dos tercios para gastos administrativos, lo que incluye pago de salarios; por lo que solamente un tercio de los recursos estaría destinado para gasto de capital, que es lo que vendría a generar desarrollo humano desde el plan de inversión pública.
Según cifras del presupuesto de ejecución de 2021, Nicaragua gastó 69.7 % del presupuesto en salarios de los funcionarios públicos. Y en lo que va de este año, el gasto aumentó a 78.7 %. “Es decir ya no serían dos tercios, sino que serían cuatro quintos, casi el 80 % que se está yendo a gasto corriente (administrativos) y solamente el 21.2 % para gastos de capitales (para inversión)”, explica Peña. Y añade: “En ese sentido, cuando hay corrupción esto se vuelve una cleptocracia. ¿Y por qué toco el tema de la corrupción? Porque es un cáncer que carcome el desarrollo del país. Y Nicaragua en este año, según el índice de corrupción de Transparencia Internacional, salió ubicada en el puesto 164 de 180 países”.
Los dólares del sobrino de Gadafi
Además de los tres altos funcionarios mencionados, hay seis diplomáticos identificados en esta investigación que cobran más que Daniel Ortega y que el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres. Los salarios de los embajadores violan el artículo 8 del decreto de regulación salarial de los funcionarios de mayor jerarquía.
Al igual que el presidente, los embajadores podrían recibir por esta irregularidad multas de hasta seis meses de salario, la destitución del puesto y la correspondiente información a la Contraloría General de la República, según establece la norma. Pero hasta la fecha no se conoce ninguna sanción por incumplir la normativa.
En la lista de los diplomáticos que le cobran un altísimo salario al Estado de Nicaragua por su lealtad a la pareja presidencial está Mohamed Farrara Lasthar, sobrino del fallecido dictador libio Muamar El Gadafi. Mensualmente gana C$194,974.76 (5,417.09 dólares), que salen del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
Mohamed Lasthar es asesor del régimen de Daniel Ortega y a la vez ministro para África, Medio Oriente y Países Árabes (como consta enLa Gaceta). Su presencia en el gabinete del líder sandinista se conoció en 2011 por el Departamento de Estado a través de información filtrada por la organizaciónWikiLeaks, cuando reveló que un ciudadano libio nacionalizado nicaragüense era secretario privado de Ortega y agente de la red de inteligencia libia en Nicaragua desde los años ochenta.
Del sobrino de Gadafi se puede hablar mucho. Es el tercer socio de Canal 13, un medio televisivo privado que recibe fondos estatales y que es dirigido por los hermanos Camila, Luciana y Maurice Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante. También ha ocupado otros cargos en el régimen: fue suplente del difunto diputado sandinista Jacinto Suárez ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen); luego fue nombrado secretario privado de Daniel Ortega para Asuntos Internacionales, con rango de ministro.
Pie de foto: Mohamed Lashtar fungió como secretario y asesor privado para asuntos internacionales de Ortega, desde el inicio de su segundo ascenso al poder en Nicaragua, en 2007. Foto | Prensa oficial
En una entrevista concedida años atrás al periodista Fabián Medina, Daniel Ortega reconoció que había recibido dinero de Gadafi, que le ayudaba a sostenerse en los años que estuvo en la llanura como opositor. “No eran capaces de sostener lo que significaba «gobernar desde abajo». Eso fue lo que precisamente permitió que Daniel Ortega generara un equipo financiero que, contando con la colaboración expresa del mundo árabe y de Gadafi, respaldaran este tipo de acciones”, dijo Zoliamérica Narváez, hija de Rosario Murillo en una entrevista a Nicaragua Investiga.
“Ese vínculo fue creado en los años 80 y reforzado en los 90 cuando Gadafi les mantuvo el financiamiento al Frente Sandinista. Hoy sigue considerando a Gadafi como el reflejo de lo que quisiera imponer en Nicaragua”, dijo a La Prensa el analista político Eliseo Núñez.
Como parte de su lealtad a Ortega, el sobrino de Gadafi —sancionado por el Departamento del Tesoro— ha justificado los arrestos a opositores. “La traición a la patria es considerada uno de los tipos de delitos más peligrosos contra la seguridad del Estado, una violación de los derechos humanos e intimidación a los ciudadanos, ya que constituye un ataque directo y efectivo a la existencia política del Estado”, escribió en un artículo de opinión que publicaron los medios oficiales.
Otro diplomático que recibe un alto salario es Francisco Campbell Hooker, quien devenga mensualmente C$254,046.20 (7,092.30 dólares). Él es embajador desde hace más de una década en Washington y como tal, uno de los funcionarios más cercanos al líder sandinista.
En la lista le sigue Carlos Midence, embajador en Argentina, que gana C$249,064.90 (6,953.24 dólares). Se trata de un hombre que tiene un largo vínculo con el régimen de Daniel Ortega. El pasado 1 de junio, días antes de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles a la que no fueron invitados algunos presidentes, Midence declaró que “tanto Nicaragua como Venezuela y Cuba han demostrado que el modelo estadounidense no funciona. Hemos sido asediados, vilipendiados con sanciones criminales y arbitrarias, y aun así tenemos logros. Eso pone en cuestión el modelo occidental”.
Por su parte, Rodrigo Coronel Kinloch, embajador en Japón, tiene un sueldo de C$194,974.76 (5,443.18 dólares). Él es hermano de la titular del Ministerio de Gobernación (Interior), María Coronel Kinloch, quien ha servido de puente para liquidar las personerías jurídicas de más de 150 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua.
Otro caso llamativo es el de Isaac Lenin Bravo Jaen, embajador en Irán, que gana mensualmente C$192,349.26 (5,377.39 dólares); más de 1,200 dólares de lo que cobra Daniel Ortega. Fue presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) del 2013 al 2016 y durante ese período como titular de la organización estudiantil ganaba un salario mayor al de un profesor universitario, que entonces rondaba los 12 mil córdobas.
Bravo, que hoy representa a Ortega en uno de los pocos países que lo apoyan internacionalmente, tenía en aquel entonces un salario fijo mensual de 18 mil córdobas por “representar” a los estudiantes de las universidades beneficiadas con el 6% constitucional, que asegura el derecho a la educación superior de los estudiantes nicaragüense, y que el Estado cuente con instituciones que velen por el desarrollo profesional y educativo.
Pie de foto: Isaac Bravo Jaen cuando recibió en diciembre de 2018 la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, junto a siete expresidentes nacionales de UNEN. Foto | Prensa oficial
Un reportaje de La Prensa publicado en 2014, cuando Bravo tenía ya 36 años, reveló que se mantuvo en la dirigencia estudiantil durante una década, hasta 2016, sin que estuviera claro si estudiaba Ingeniería en Sistemas o Ingeniería en Computación. Ninguna de estas carreras se relaciona con la diplomacia, pero aun así fue designado embajador en Irán. La razón: su lealtad al régimen. UNEN es el brazo político del Frente Sandinista dentro las universidades públicas y sus integrantes actúan como una fuerza represiva en contra de los estudiantes no alineados al sandinismo.
“Ortega se llenó la boca proclamando que los funcionarios públicos tendrían un límite salarial de 3,000 dólares, pero todo se trató de un embuste. En otros casos los súper salarios se encubren con distintas triquiñuelas: tarjetas de crédito, pago de algunos servicios a cargo de la institución”, apuntó el economista y analista político Enrique Sáenz.
“El régimen político nuestro tiene un esquema de incentivos perversos, en el que es más lucrativo dedicarte a la política y ser funcionario público que empresario. En un país rico es más lucrativo ser empresario y en un país pobre lo es ser político. Este tipo de situaciones obedecen a incentivos perversos y desequilibrios en la economía del sector público”, aseguró por su parte Marco Peña.
Los casos de Porras y Mansell: más de un salario
La lista de los funcionarios nicaragüenses con altos sueldos no termina aquí. Gustavo Porras, titular del Poder Legislativo desde hace cinco años, no tiene un solo salario público, sino cuatro. Según la base de datos del Seguro Social, la Asamblea Nacional le entrega un primer sueldo de C$117,227.42 y otro de C$7,680.50. Los demás los recibe del Ministerio de Salud (MINSA), cuyo monto es de C$41,799.40; y de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), de C$34,858.34.
Los cuatro salarios suman C$201,565.66 (5,627.18 dólares). Porras es un hombre cercano a la familia presidencial y tiene varios cargos públicos. Aparte de ser presidente del Poder Legislativo, es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) desde 1984, coordinador nacional del Frente Nacional de Trabajadores (FNT) desde 1996 y miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, según se describe en el sitio web del Parlamento.
El Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo),habló en un acto político, en presencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre la igualdad de género y la necesidad de eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. “Nuestras organizaciones tienen secretarios generales y secretarias generales, porque eso nos han enseñado. Nos han enseñado 50 % y 50 %. Y para las mujeres, más del 50 %, lo que sea necesario para salir adelante”. El salón se llenó de aplausos de los militantes y Porras terminó su discurso diciendo: “Aquí estamos todos. Y sin duda con esa juventud, todos unidos decimos: ¡comandante Daniel, ordene! ¡compañera Rosario, ordene! Los trabajadores dispuestos a la victoria siempre”.
Pie de foto: Gustavo Porras aparece frecuentemente en los actos públicos junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto | Prensa oficial
Agustín Jarquín Anaya, excontralor nicaragüense, asegura que los cuatro salarios de Porras podrían “estar en el marco” de la Ley del Servicio Civil de la Carrera Administrativa y la de Probidad de los Funcionarios Públicos, que establece que un funcionario puede recibir más de un sueldo “por razones de salud y educación”. Es decir, Porras percibiría un sueldo como asesor académico en la UNAN-Managua y otro como asesor médico del MINSA, lo que no violaría la ley, según interpreta el excontralor. Sin embargo, al legislador sandinista no se le conoce quehacer en el magisterio y tampoco en el sector salud, salvo por las licitaciones que gana su empresa UNIMARK para proveer medicamentos a la Seguridad Social, un acuerdo que hace como privado y que le ha ganado muchas críticas por ser considerado tráfico de influencias.
El último súper salario detectado en la planilla del INSS a la que tuvo acceso esta investigación es el de Salvador Mansell, quien aparece en la nómina del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), pese a que Daniel Ortega le “quitó” sus funciones mediante un Acuerdo Presidencial publicado en La Gaceta en noviembre de 2021, luego que el Departamento del Tesoro lo sancionó por ser un funcionario leal al régimen desde 2007.
Agustín Jarquín Anaya, excontralor nicaragüense, asegura que los cuatro salarios de Porras podrían “estar en el marco” de la Ley del Servicio Civil de la Carrera Administrativa y la de Probidad de los Funcionarios Públicos, que establece que un funcionario puede recibir más de un sueldo “por razones de salud y educación”. Es decir, Porras percibiría un sueldo como asesor académico en la UNAN-Managua y otro como asesor médico del MINSA, lo que no violaría la ley, según interpreta el excontralor. Sin embargo, al legislador sandinista no se le conoce quehacer en el magisterio y tampoco en el sector salud, salvo por las licitaciones que gana su empresa UNIMARK para proveer medicamentos a la Seguridad Social, un acuerdo que hace como privado y que le ha ganado muchas críticas por ser considerado tráfico de influencias.
El último súper salario detectado en la planilla del INSS a la que tuvo acceso esta investigación es el de Salvador Mansell, quien aparece en la nómina del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), pese a que Daniel Ortega le “quitó” sus funciones mediante un Acuerdo Presidencial publicado en La Gaceta en noviembre de 2021, luego que el Departamento del Tesoro lo sancionó por ser un funcionario leal al régimen desde 2007.
Por el primer cargo recibe C$138,259.41 y por el segundo C$98,670.00; los dos sueldos suman C$236,929.41 (6,623.69 dólares). En esos roles, Mansell es una de las personas que garantiza la decoración particular de Managua con los llamados árboles de la vida, símbolo del poder de Rosario Murillo.
Salvador Mansell. Foto | Prensa oficial
Los sueldos que devenga este funcionario quebrantan el artículo 8 de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que establece que un funcionario tiene prohibido tener más de un empleo remunerado en el Estado, en empresas o instituciones en las que tenga parte el Estado, salvo en los casos de docencia y medicina. Hasta entonces no se ha tomado ninguna medida al respecto y Mansell continúa siendo el “todopoderoso” en estas dos instituciones.
Fiscalización amordazada
Nicaragua Investiga y CONNECTAS revisaron los sitios web de cada una de las instituciones del Estado para comprobar si los salarios de los funcionarios están disponibles a la ciudadanía, como lo ordena la Ley de Acceso a la Información Pública; pero no se encontró nada. La normativa establece en el artículo 20 que las entidades están obligadas a divulgar la información a través de la página web. Entre ellas se debe incluir “la remuneración mensual de la Dirección Superior y de todo el personal, incluyendo los trabajadores temporales y externos”.
El excontralor Jarquín Araya cataloga este secretismo como “un hecho grave que la Contraloría tiene que vigilar y sancionar”, porque la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el artículo 9 establece que las instituciones públicas deben cumplir con la Ley de Acceso de la Información Pública y tener a disposición de la ciudadanía las remuneraciones salariales de los funcionarios.
Para obtener declaraciones oficiales, se envió un formulario de preguntas al correo electrónico del presidente del Banco Central, al del superintendente de bancos, al del Gustavo Porras y al de la Contraloría General de la República; esta última institución fue la única que respondió a la solicitud.
María José Mejía García, su titular, respondió como primer punto que los hallazgos encontrados son narrados por el periodista “sin presentar ninguna evidencia o señalar cuál fue el mecanismo legal utilizado para obtenerla y que surta sus efectos”.
Se le solicitó en base a la Ley de Acceso a la Información Pública obtener la información que debe estar constituida en documentos, archivos y base de datos de las entidades o instituciones públicas. “Para tener acceso a ello, el solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la misma ley”, respondió la contralora.
El artículo en mención establece requisitos como nombres, apellidos, domicilio del solicitante, cédula de identidad. En caso de un extranjero, se podrán presentar pasaporte vigente, cédula de residencia. Esta información fue enviada por medio de CONNECTAS como lo manda la ley. “Basados en las disposiciones citadas y en vista que su solicitud no se ajusta a lo dispuesto en la ley de la materia, no es posible atenderla”, concluyó el mensaje.
Anaya comentó que la información de los sobresueldos tiene que ser certificada por las autoridades correspondientes, como el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Pero asegura que estas entidades fiscalizadoras se han “entumecido” y no cumplen sus tareas. “No están actuando conforme la obligación que les establece la ley de ser dinámico, de ser beligerante y estar atento a que los funcionarios públicos estén cumpliendo con su rol. No es andar buscando a quién sancionar; es una actitud propositiva y ayudando a la gobernabilidad, pero sobre todo apoyando los intereses de la población”, señaló.
Enrique Sáenz consideró que los súper salarios de estos funcionarios suponen una “burla” para los nicaragüenses, quienes en su gran mayoría tienen un salario mínimo que no supera los 200 dólares. “Pero hay burlas peores. Nicaragua probablemente sea el único país del mundo donde la corrupción no es un delito: la mafia en el poder otorga cobertura de ley a los actos de corrupción más flagrantes”, afirmó. Además, agregó que el “pago de lealtades de Ortega” no tiene una sola forma, por lo que cree que “los súper salarios son sencillamente la punta del iceberg”.
Jarquín, por su lado, concluyó que la administración del Gobierno debe acoger la investigación y estos señalamientos “para que mejore la forma de cómo administra los recursos y no solamente satisfaga a la población, sino que cumpla con lo que establece la legislación y mejore la gobernabilidad”.
Para obtener declaraciones oficiales, se envió un formulario de preguntas al correo electrónico del presidente del Banco Central, al del superintendente de bancos, al del Gustavo Porras y al de la Contraloría General de la República; esta última institución fue la única que respondió a la solicitud.
María José Mejía García, su titular, respondió como primer punto que los hallazgos encontrados son narrados por el periodista “sin presentar ninguna evidencia o señalar cuál fue el mecanismo legal utilizado para obtenerla y que surta sus efectos”.
Se le solicitó en base a la Ley de Acceso a la Información Pública obtener la información que debe estar constituida en documentos, archivos y base de datos de las entidades o instituciones públicas. “Para tener acceso a ello, el solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la misma ley”, respondió la contralora.
El artículo en mención establece requisitos como nombres, apellidos, domicilio del solicitante, cédula de identidad. En caso de un extranjero, se podrán presentar pasaporte vigente, cédula de residencia. Esta información fue enviada por medio de CONNECTAS como lo manda la ley. “Basados en las disposiciones citadas y en vista que su solicitud no se ajusta a lo dispuesto en la ley de la materia, no es posible atenderla”, concluyó el mensaje.
Anaya comentó que la información de los sobresueldos tiene que ser certificada por las autoridades correspondientes, como el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Pero asegura que estas entidades fiscalizadoras se han “entumecido” y no cumplen sus tareas. “No están actuando conforme la obligación que les establece la ley de ser dinámico, de ser beligerante y estar atento a que los funcionarios públicos estén cumpliendo con su rol. No es andar buscando a quién sancionar; es una actitud propositiva y ayudando a la gobernabilidad, pero sobre todo apoyando los intereses de la población”, señaló.
Enrique Sáenz consideró que los súper salarios de estos funcionarios suponen una “burla” para los nicaragüenses, quienes en su gran mayoría tienen un salario mínimo que no supera los 200 dólares. “Pero hay burlas peores. Nicaragua probablemente sea el único país del mundo donde la corrupción no es un delito: la mafia en el poder otorga cobertura de ley a los actos de corrupción más flagrantes”, afirmó. Además, agregó que el “pago de lealtades de Ortega” no tiene una sola forma, por lo que cree que “los súper salarios son sencillamente la punta del iceberg”.
Jarquín, por su lado, concluyó que la administración del Gobierno debe acoger la investigación y estos señalamientos “para que mejore la forma de cómo administra los recursos y no solamente satisfaga a la población, sino que cumpla con lo que establece la legislación y mejore la gobernabilidad”.