El problema de Lasso no ha sido Correa, sino la división de la derecha
En Ecuador, Bolivia y Venezuela la fuerza bolivariana persiste mientras sus máximos oponentes se enfrentan entre sí
La larga disputa entre Guillermo Lasso y el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot, ambos de la élite de esa ciudad y líderes cada uno de un partido político diferente, pero de ideología muy similar, ha acabado por truncar un proyecto que alegaba querer superar, con prosperidad económica y buen gobierno, el populismo bolivariano que durante diez años encarnó Rafael Correa. Las elecciones extraordinarias –presidenciales y legislativas a la vez– que van a convocarse en Ecuador para cubrir los dos años que faltan hasta las previstas en 2025, pueden suponer un nuevo encumbramiento del correísmo y llevar en el corto plazo al regreso del expresidente, fuera del país desde 2017 ante las causas judiciales abiertas por su gestión.
Lasso ganó las presidenciales de 2021 en una tregua del enfrentamiento entre su Movimiento CREO y el Partido Social Cristiano (PSC) de Nebot, pero pronto se vio despojado del voto de sus socios en la unicameral Asamblea Nacional. Con los 12 diputados del PSC, los 13 de CREO podían armar esfuerzos para sumar voluntades, en ciertas iniciativas, entre diputados del movimiento indigenista Pachakutik (24 escaños) y así hacer frente a la izquierda de la Revolución Ciudadana correísta (43 escaños). De hecho, algunos miembros de Pachakutik, como también de Izquierda Democrática (grupo con 15 puestos, igualmente anticorreísta), se estaban oponiendo al proceso de destitución de Lasso por parte de la Asamblea, invocando poca consistencia del caso de malversación que se le atribuye, pero el previsto voto contra el presidente por parte del PSC llevaba irremediablemente a su expulsión. Antes de que esta se produjera, Lasso pidió el pasado miércoles al Consejo Nacional Electoral la convocatoria de elecciones generales. Con ello le quedan unos seis meses como presidente, en los que gobernará por decreto.
En Ecuador ha pasado lo mismo que sucedió en Bolivia. Cuando la oposición vio finalmente terminar en 2019 los trece años de hegemonía de Evo Morales, las divisiones entre los grupos conservadores facilitaron en 2020 el triunfo de Luis Arce, el candidato puesto por Morales. Si, a causa de sus divisiones, la derecha solo ha podido gobernar dos años en Ecuador y apenas uno en Bolivia, en Venezuela la oposición ni siquiera ha logrado alcanzar la presidencia desde hace un cuarto de siglo; es verdad que el chavismo tiene el resorte de la fuerza criminal y frente a eso no se puede hacer mucho, pero la falta de unidad opositora ha facilitado las cosas a Maduro. Divisiones también se dan en la izquierda, como las que ahora han surgido en el MAS boliviano, pero largas hegemonías como la chavista y análogas demandaban una conjunción estratégica superadora de fuerzas afines que no se ha dado, por excesivos personalismos.
El último movimiento en Ecuador pudiera parecerse en algo a lo ocurrido en Perú, pero en realidad es muy distinto. La Constitución de 2008, impulsada por Correa, prevé que el presidente pueda disolver la Asamblea y que esto vaya acompañado necesariamente de nuevas elecciones legislativas y presidenciales (lo que se ha llamado ‘muerte cruzada’: el presiente cae, pero asimismo el Parlamento). En Perú, Pedro Castillo también iba a ser removido de su puesto por el Congreso, pero quiso adelantarse enviando a su casa a los congresistas y gobernando en solitario hasta unas elecciones –solo legislativas– cuya fecha él iba a determinar, entrando en un territorio no regulado por la Constitución. Se trataba de un autogolpe como el de Fujimori de 1992, únicamente que sin contar con la fuerza que este tuvo en su momento para consumarlo.
En Ecuador, parte de la oposición ha discutido la licitud de Lasso de invocar «grave crisis política y conmoción interna» para disolver la Asamblea, circunstancias acogidas en la Constitución. Pero lo de «conmoción» es impreciso y ciertamente el país se encuentra en un bloqueo político que más bien alienta la espiral de violencia motivada por la expansión de las mafias del narcotráfico. En cualquier caso, la Corte Constitucional ha dado el visto bueno a la medida, y de hecho ningún partido está hablando de «autogolpe», sino que todos se aprestan a participar en las elecciones, que por tanto ven legítimas.
Tampoco se sostenía mucho la acusación de malversación que se hacía a Lasso –como razón para su destitución, que en realidad fue cambiando– por mantener vigente un contrato con una compañía de transporte petrolero que presuntamente perjudicaba al Estado ecuatoriano, cuando en realidad ese contrato lo heredó su administración y no por ello se acusó al anterior presidente. Pero estaba claro que, desde que en febrero Lasso perdió clamorosamente un referéndum y los correístas dieron un gran avance en las municipales, el acoso político sobre el presidente iba a ser fuerte; sin el apoyo de Nebot, vuelto de nuevo en su peor enemigo, su suerte estaba echada.