El problema principal de la Paz Total que Gustavo Petro tiene que confrontar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una ceremonia en Bogotá el 6 de diciembre de 2022. Uno de los principales planes de su gobierno es la Paz Total. (Daniel Muñoz/AFP vía Getty Images)

Olga Behar es periodista, politóloga y escritora colombiana. Por más de 30 años ha investigado el conflicto armado y político de Colombia. Autora de una veintena de libros.

Gustavo Petro es, desde el pasado 7 de agosto, el primer presidente de izquierda de Colombia. Después de más de 200 años de gobiernos tradicionales, cuyo modelo parece haber hecho crisis —lo que generó protestas de los sectores populares tan conflictivas como el Paro Nacional que se vivió en 2021—, la ambición que cargan sus propuestas de campaña puede producir tanta esperanza como preocupación, si tomamos en cuenta nuestra historia como país.

Petro ha dicho, hasta la saciedad, que no buscará extender su periodo ni cambiar la prohibición de reelegirse. Sin embargo, los problemas que quiere atacar son estructurales y el tiempo que se ha planteado para resolverlos, es casi seguro, quedará corto. La ambición de su plan puede dejar a Petro ocupando un lugar preponderante en los libros de historia de Colombia, pero cabe preguntarse si ser así de ambicioso es, en realidad, la meta o si es, más bien el comienzo de un camino que quedará en manos de su sucesor.

El anhelo presidencial más retador es, sin duda, la Paz Total —una diversidad de negociaciones con todos los grupos subversivos y de delincuencia organizada—, en un país sacudido por múltiples factores de violencia. Tal vez el más importante es el lucrativo negocio de las drogas ilícitas, que ha permeado a todos los grupos al margen de la ley. Tanto la derecha paramilitar como las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dependen de la producción, el procesamiento y el comercio de ellas.

Colombia sigue siendo el principal productor de hoja de coca del mundo, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), el cual evidencia que las hectáreas sembradas pasaron de 143,000 a 204,000 al cierre de 2021. Y esto no será erradicado mientras haya procesadores, compradores y consumidores en el resto del mundo.

Otros grupos ilegales organizados, que operan en territorios donde la coca corre como un río caudaloso son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia. En el caso del ELN, el pasado 21 de noviembre, el gobierno de Petro inició deliberaciones en Venezuela con la guerrilla más antigua del país, fundada hace casi 60 años.

Luego está La Segunda Marquetalia, integrada por firmantes del Acuerdo suscrito por las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (y liderado por el propio jefe negociador de esa guerrilla, Iván Márquez), que abandonaron la legalidad y decidieron retornar a las armas. Ahora, aunque han manifestado interés en volver por la senda de la paz, están atrapados en un laberinto legal, pues el Acuerdo prohíbe darles tratamiento político a los desertores.

Aunque el panorama de una violencia que persiste parece inviable, lo sorprendente es que la Paz Total ha comenzado a tomar forma, con declaraciones de los principales líderes de varias de estas organizaciones criminales, como La Nueva Marquetalia, considerando que esta es una oportunidad inédita para salir de una ilegalidad de la que están cansados. Y algunos de los líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos en 2008, han ofrecido contribuir a la Paz Total.

Estas manifestaciones de buenas intenciones son alentadoras, pero no significan que el camino no esté empedrado. El problema principal de la Paz Total es que el gobierno de Petro está disparando simultáneamente su propuesta para todos lados, y sus propósitos son tan ambiciosos que podrían convertirse en un verdadero peligro para sus propias intenciones. Porque si alguna de esas negociaciones fracasa, podría desatarse un nuevo ciclo de violencia, como lo declaró recientemente Andrés Guerrero, uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia, a la revista Raya: Si no hay arreglo, “viene una degradación terrible de la violencia”.

Históricamente, Colombia conoce las consecuencias que produce el fracaso de las negociaciones, como lo ha vivido en numerosas ocasiones desde la década de 1950. Al romperse el proceso, las Fuerzas Armadas del gobierno y los grupos al margen de la ley arrecian sus acciones violentas contra el bando enemigo y la que queda tirada en la lona siempre es la sociedad civil, en cuyo territorio se reaviva la confrontación. Esto afectaría las intenciones de atacar el problema de las drogas ilícitas, enquistado en la sociedad colombiana y sin una perspectiva de solución, mientras en el exterior haya un mercado para ella, porque dentro del territorio nacional siempre habrá quién quiera producirla.

Finalmente, está la necesidad de retomar el camino abandonado por el anterior gobierno, de Iván Duque (2018-2022), de sentar las bases para el posconflicto con la antigua guerrilla de las FARC. Conocido como el gobierno que quiso hacer trizas la paz, Duque no contribuyó a cumplir con los llamados Acuerdos de La Habana, suscritos en 2016, y Petro ha decidido reactivarlos. Sin embargo, algunos de los temas acordados, como la Reforma Rural Integrada, implica devolver las tierras productivas a millones de víctimas que dejó el conflicto armado entre 1985 y 2018, que fueron despojados de sus propiedades a sangre y fuego.

Aunque Colombia ha vivido procesos de paz exitosos, como los suscritos con varias organizaciones guerrilleras —el Movimiento 19 de abril y el EPL, entre ellas— hace tres décadas, también ha sufrido experiencias sangrientas, como el fracaso de las llamadas negociaciones del Caguán, con las FARC, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Estas significaron dos décadas más de guerra, hasta la firma de los acuerdos en 2016. Por eso, el temor es que si la Paz Total fracasa y se reactivan los grupos criminales y alzados en armas, los factores de violencia estarán de nuevo presentes, lo que llevará a Colombia a un nuevo ciclo de violencia, como ya sucedió en otros procesos de paz fallidos.También a mantener las condiciones de desigualdad y de falta de oportunidades que han existido durante más de dos siglos de vida republicana.

Gustavo Petro ha decidido no enterrar más la cabeza, como lo han hecho varios de los últimos gobernantes del país que aceptaron sin reparos continuar con una fracasada guerra contra las drogas. Pero lo cierto es que esta es una estrategia a tan largo plazo que probablemente durante el cuatrienio de Petro el narcotráfico seguirá siendo el negocio más importante en el país. Y mientras sobreviva en los territorios, continuará siendo factor de violencia y será muy difícil lograr allí la llamada Paz Total. Lo importante es avanzar lo más posible y ser convincente, para que la comunidad internacional entienda la importancia de este cambio de rumbo y tome las medidas necesarias.