El régimen cubano usa a 60.000 presos para trabajos forzados en habanos y carbón

Un hombre es arrestado durante una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana – AFP

«Nos sueltan en el monte, solo con el machete para cortar el marabú; nos dicen que no podemos salir hasta que no terminemos los hornos de carbón y cumplamos con el plan (50 sacos al día), eso significa estar por lo menos una semana trabajando incansablemente, durmiendo en el piso, a la intemperie, pasando calor en el día y frío en las noches, casi sin comida, tomamos agua de un bebedero de vacas en una finca cercana. Si nos negamos o no cumplimos con la entrega, nos quitan el pase, la visita familiar o cualquier otro beneficio penitenciario», relata a ABC un recluso común en Cuba, bajo condición de anonimato para evitar represalias.

Según esta fuente, no percibe salario alguno, pero trabaja como esclavo durante casi todo el año. Junto a él, según afirmó, trabajan en la misma faena al menos otros cinco grupos de unos seis hombres cada uno.

La ONG Prisoners Defenders ha publicado este lunes el ‘Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones de Cuba’, un documento que pone cifras a una de las prácticas más oscuras del régimen castrista: el uso sistemático de decenas de miles de reclusos como mano de obra esclava en sectores clave de la economía nacional, desde el carbón vegetal hasta los emblemáticos puros habanos.

El informe denuncia que al menos 60.000 presos, incluidos presos políticos, son forzados a trabajar bajo condiciones inhumanas, sin salario o con remuneraciones que podríamos calificar como irrisorias, además de estar sometidos a amenazas, represión y castigos en caso de negarse. La práctica, según la organización, no es un fenómeno aislado, sino un sistema económico estructurado que convierte a las cárceles cubanas en fábricas encubiertas.

Prisoners Defenders documenta, a partir de 53 testimonios directos y decenas de entrevistas, que los reclusos son empleados en labores agrícolas, de limpieza y construcción, pero también en industrias de exportación que generan millones de dólares para el Estado. El carbón vegetal de marabú es un ejemplo claro: en 2023 Cuba exportó 61,8 millones de dólares (52,5 millones de euros) de este producto a países como España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía. Según el informe, esos cargamentos proceden en gran parte del trabajo de prisioneros, pagado a apenas unos céntimos por tonelada, mientras en Europa se revende como producto «ecológico» con márgenes de beneficio superiores al 99%.

«En una ocasión me corté un dedo con el machete, tuve que vendármelo y seguir trabajando porque a ellos (los guardias) no les importa nada de eso», afirmó una de los presos, quien también explicó lo difícil que es cortar solo con un machete el marabú, la planta a partir de la cual se elabora el carbón vegetal y cuya dureza es reconocida por todos.

Otro de los entrevistados narró que lo obligaban a cargar sacos de carbón con lesiones en el hombro y, cuando protestó, le quitaron las visitas familiares durante un mes. Algunas reclusas relataron cómo también fueron acosadas sexualmente e incluso golpeadas por los guardias del penal.

«Vi a una reclusa que se fracturó un pie y le dijeron que, si iba al médico, ya no podría salir de permiso, y ella no tenía opción, era madre de niños pequeños. La jefa del campamento le dijo entonces: ponte fomento y no digas nada», afirmó una de las fuentes.

Otro contó: «Como consecuencia del trabajo forzoso sin atención médica, se me provocó una sepsis por bacterias en manos y cuerpo». Y a raíz de esa experiencia, sufro de estrés postraumático hasta la fecha: caída del cabello, sudoración en las manos, ataques de pánico, ansiedad e insomnio».

Mediante este estudio, PD pudo constatar igualmente que cerca del 95% fue obligado a trabajar pese a padecer enfermedades incompatibles con desempeños brutales, con un promedio de carga laboral de 63,06 horas semanales repartidas en jornadas de 6 a 7 días por semana y una media de 10 horas de trabajo diarias, casi sin descanso.

Según el informe, casi el 70% de los declarantes no firmó contrato laboral ni recibió documento alguno.

Algo igualmente llamativo es la denuncia de que los famosos puros habanos, símbolo cultural de la isla y orgullo del castrismo, se elaboran también con mano de obra esclava, según el informe.

La investigación revela la existencia de fábricas de cigarros en varias prisiones de máxima seguridad. El caso más documentado es el de la cárcel de Quivicán, también llamada Aguacate, donde 40 presos trabajan en la producción de puros para su exportación, bajo la supervisión de Tabacuba, el poderoso conglomerado estatal del tabaco.

Las condiciones, según testimonios recogidos, distan de la propaganda oficial: los internos deben fabricar al menos 60 cigarros diarios con calidad de exportación para recibir una mínima retribución. Si no cumplen la cuota o si los puros no alcanzan el estándar, no reciben salario alguno. Los cigarros rechazados, lejos de ser descartados, son vendidos en el mercado interno, generando ingresos adicionales al Estado.

La práctica no se limita a Quivicán. En la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, se elaboran incluso marcas icónicas como Cohiba y Mareva, sometiendo a los internos a la obligación de producir 75 cigarros diarios bajo la amenaza de perder beneficios penitenciarios. En el penal El Pre de Angola, en Artemisa, unos 70 presos fabrican cada día, como mínimo, 70 cigarros habanos, mientras que en El Yayal (Holguín) otros 50 reclusos cumplen con cuotas similares.

Según revela el informe, la producción carcelaria podría representar un porcentaje significativo, incluso mayoritario, de los más de 154 millones de puros vendidos por Cuba en 2024. Esto implicaría que una parte sustancial de los habanos que se fuman en Europa, donde España es líder en su consumo, han sido confeccionados por manos esclavas.

Lejos de ser una práctica clandestina, Prisoners Defenders sostiene que el trabajo forzoso está integrado en la propia estructura del sistema penitenciario cubano. De los 242 centros identificados en la isla, muchos funcionan como granjas, talleres o fábricas al servicio de empresas estatales. El modelo afecta tanto a presos ‘comunes’ como políticos, aunque en estos últimos el régimen procura asignarles labores menos visibles, como recogida de basura o limpieza de hospitales, para evitar filtraciones que pongan en peligro este encubierto negocio.

Los testimonios recogidos apuntan a jornadas abusivas, sin herramientas adecuadas, sin protección laboral y en condiciones que ponen en riesgo la salud. Un 94% de los entrevistados aseguró haber trabajado pese a tener enfermedades incompatibles con el esfuerzo físico, y un 81% afirmó que su estado de salud empeoró. Otra cifra impactante es que casi el 50% (24 de 53), sufrieron violencia física durante el trabajo.

El informe concluye que Cuba viola de forma flagrante convenios internacionales de la OIT y tratados de derechos humanos suscritos por el propio Estado cubano. Prisoners Defenders exige una condena internacional, la prohibición de comerciar con productos elaborados bajo estas prácticas y la apertura del sistema penitenciario a inspecciones independientes.

Además, responsabiliza a países importadores como España, Portugal o Italia de beneficiarse indirectamente de la esclavitud penitenciaria al comercializar productos elaborados en estas condiciones.