El régimen de Cuba aspira a que la Unión Europea financie la represión
'La subordinación de la sociedad al Estado está siendo desbordada por la complejidad social y su visibilidad en las instituciones internacionales.'
El pasado 12 de julio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba. Insta a liberar a los presos políticos, critica las detenciones arbitrarias, pide al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que reconozca la existencia de una oposición política en la Isla y solicita sanciones contra los responsables de las violaciones, incluyendo al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Seis días después, el 18 de julio, la tercera Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC), trató, entre otros temas, la asignación de recursos financieros para promover la estabilidad económica y reducir el endeudamiento exterior de los países de América Latina y el Caribe.
De un lado, la Cumbre está relacionada con el interés de la UE por las relaciones con América Latina y el Caribe, debido a la creciente presencia de China en la región, y de otro lado, Cuba está inmersa en una crisis estructural, una de cuyas manifestaciones es la insolvencia financiera. La relación entre esos dos eventos pudiera tener consecuencias para el Gobierno cubano. ¿Por qué?
Porque la revolución de 1959 concentró el poder en manos del líder, la propiedad en manos del Estado, y desmontó la sociedad civil. Hoy, debido a eso, los cubanos carecen de los derechos y libertades que sustentan la condición de ciudadano y requieren, por ello, del acompañamiento externo. En ese sentido, la UE, la mayor organización supranacional del mundo, por su historia de relaciones con Cuba y por ser el primer socio comercial de la Isla, es una de las fuerzas externas con condiciones y capacidad para acompañar a Cuba en el tránsito hacia la democracia.
Como las autoridades cubanas carecen de voluntad política para emprender la reforma estructural que el país requiere, utilizan su influencia externa para consensuar posiciones que le permitan recibir beneficios sin alterar la esencia del sistema implantado, lo cual explica el discurso de Miguel Díaz-Canel en la Cumbre: «Somos países independientes y soberanos, con una visión de futuro en común (…) La expoliación colonial y el saqueo capitalista convirtieron a Europa en acreedora y a América Latina y el Caribe en deudores. Las políticas financieras de la UE siguen imponiendo barreras al desarrollo de nuestra región. Se requiere —como se ha planteado aquí por varios— una reforma integral de la arquitectura financiera heredada de la Guerra Fría y de Brettton Woods, y buscar soluciones al grave problema de la deuda externa, que hemos pagado varias veces (…) El respeto inalienable de cada país de decidir su propio sistema político, económico y social, sin imposiciones de pretendidos paradigmas culturales, democráticos y de derechos humanos, debe primar en nuestras relaciones».
Aunque las resoluciones del Parlamento Europeo no son de obligatorio cumplimiento, al representar la opinión de los ciudadanos de la UE, pudieran ser un obstáculo para que Cuba reciba financiamiento junto con los países de América Latina y el Caribe. Todo depende de la relación entre las tres instituciones determinantes de la UE: la Comisión Europea (principal órgano ejecutivo), el Parlamento Europeo (órgano legislativo) y el Consejo de la Unión Europea (principal instancia decisoria de la UE, que representa a los estados miembros). Es decir, la condena del Parlamento al Gobierno de Cuba por la violación sistemática de los derechos humanos podría alzarse como obstáculo para recibir financiamiento sin antes cambiar una conducta que tiene una larga historia. Veamos:
Los países miembros de la UE sostuvieron relaciones bilaterales con Cuba hasta 1996, cuando la fuerza aérea cubana derribó dos avionetas de Hermanos al Rescate y el Gobierno de la Isla desató la represión contra la concertación opositora Concilio Cubano. En respuesta, la UE asumió la Posición Común para alentar una transición a la democracia pluralista, el respeto a los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano.
En 2002, en un momento de distensión, la UE instaló una delegación en La Habana y el Gobierno de Cuba inició las gestiones para incorporarse al Acuerdo de Cotonú (qu regula las relaciones de cooperación entre la UE y los países de África, Caribe y Pacífico, y es de carácter vinculante respecto a las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia). Sin embargo, en 2003 el encarcelamiento de 75 opositores pacíficos y el fusilamiento de tres jóvenes que intentaron capturar una lancha para huir del país, condujeron al Consejo de la UE a reafirmar la Posición Común.
En 2008 Cuba decidió reiniciar el diálogo político con la UE y liberó a algunos de los prisioneros políticos, pero en 2010 prohibió la entrada al eurodiputado español Luis Yáñez, y el prisionero político Orlando Zapata Tamayo murió en una prolongada huelga de hambre. El inicio de la liberación de los presos políticos, aunque influyó en la UE, fue considerado por esta como un paso insuficiente, por lo cual mantuvo la Posición Común. En su lugar, otorgó un mandato de negociación a la Comisión Europea para estimular a la contraparte cubana a profundizar el camino iniciado.
En 2014, en respuesta a la liberación de los presos políticos de 2003, el Consejo de la UE autorizó a la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a reiniciar las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, firmado en 2016, cuya aplicación provisional comenzó en 2017.
La UE, en el «Informe Anual sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo» del año 2021, señaló que en Cuba la libertad de expresión, de asociación y de reunión seguía siendo objeto de importantes restricciones; lamentó que el Gobierno cubano no apoyara las recomendaciones procedentes de los estados miembros de la UE; ubicó a Cuba entre los primeros diez países en el mundo carentes de libertad de prensa; y planteó que el desacato y la propagación de las epidemias se utilizaron para restringir la información ciudadana en las redes sociales. De esa fecha acá el retroceso en materia de derechos humanos ha sido permanente. Su máxima expresión fueron las detenciones arbitrarias y las elevadas condenas a los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021.
El diálogo político carece de sentido si el Gobierno cubano no da verdaderas señales de respeto al pueblo que supuestamente representa. Para ello, además de rectificar la política de represión hacia la población civil —orientada por el primer mandatario Miguel Díaz-Canel en representación de los altos dirigentes del Estado, bajo el mandato: «la orden de combate está dada», pronunciado públicamente el 11J—, liberar a los prisioneros políticos y establecer justicia ante la denuncia de maltratos y torturas en las cárceles, debe ratificar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, firmados en febrero de 2008, y adecuar la legislación interna a esos documentos, que constituyen el fundamento de la participación ciudadana.
«Por férreo que sea el control establecido por el Estado —como expresara la filósofa alemana, nacionalizada estadounidense, Hannah Arendt—, la facultad de los ciudadanos para actuar políticamente no desaparece por completo». En Cuba, por suerte, la subordinación de la sociedad al Estado, instaurada desde 1959, está siendo desbordada por la complejidad social y su visibilidad en las instituciones internacionales.