El régimen ha creado ‘una fábrica de hambrientos en Cuba’ e impide que la sociedad civil les aplaque el hambre
En medio del desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos, la PNR y la Seguridad del Estado impiden el socorro de los necesitados.
Entre 100 y 120 personas reciben alimentos diariamente en la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Ancianos, personas con discapacidad, madres con varios hijos y sin sustento, acuden en busca del socorro que no reciben del Gobierno cubano. En los últimos días han visto peligrar esta ayuda por maniobras de un Estado que también quiere monopolizarla, no lo consigue e impide las iniciativas de la sociedad civil independiente.
«Reclamamos que, si el régimen ha creado una fábrica de hambrientos en Cuba, nos deje asistirles», dijo José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la UNPACU, durante una huelga de varios días en protesta por un cerco policial de más de seis meses para frustrar la labor.
«Estamos reclamando que no nos sigan robando medicinas y alimentos destinados a personas que lo necesitan con urgencia», añadió.
El pasado martes, después de que el dispositivo policial se alejara y el opositor dejara su plantón, el Gobierno le mandó un equipo de Salud Pública para impedir la labor humanitaria con la justificación del Covid-19.
En medio de la crisis crónica de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad en Cuba, no es la primera vez que el régimen busca acabar con iniciativas de este tipo.
El activista Francisco Rangel Manzano y la Dama de Blanco Caridad Burunate, gestores y promotores del Proyecto Capitán Tondique, sufrieron constante persecución por dar de comer a los pobres y desamparados en Matanzas.
«Comenzamos el 14 de julio de 2013 y así estuvimos cinco años, ayudando a personas necesitadas y menesterosos a los que el régimen no es capaz de atender», contó a DIARIO DE CUBA Rangel Manzano.
«Fueron tantas las persecuciones, los registros, multas, arrestos, los despojos», que la labor social se hizo insostenible, sobre todo en 2018.
«Comenzamos con otro proyecto, llamado Tirso Mesa Hernández, pero no hemos podido continuar adelante por la situación del Covid-19 y por la falta de recursos, pues organizaciones del exterior que nos apoyaban han dejado de hacerlo», lamentó.
Rangel manifestó su voluntad de emprender nuevamente la labor si volvieran a apoyarle, a pesar de la represión. Recordó que la Policía y la Seguridad del Estado ejecutaron en 2018 al menos tres ataques a las casas de él y Burunate, donde funcionaba el comedor social.
Decidieron salir a la calle a entregar las cajitas de comida, pero entonces fueron perseguidos y acusados de propagar epidemias, entre otras artimañas.
«Si se diera la posibilidad volveríamos a emprender un proyecto para asistir a los necesitados, porque es raro un día que algún menesteroso no venga por aquí a pedir comida a nuestras casas», sostuvo.
Otras iniciativas frustradas
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) ha estado dando atención a una comunidad pobre en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. A ese «llega y pon» han llevado alimentos, medicinas, material escolar, aunque la labor social es mucho más amplia.
Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del CIR, explicó a DIARIO DE CUBA que, aunque las actividades realizadas dentro de esa propia comunidad «no han sido torpedeadas directamente», sí han sufrido la presión de otras maneras.
«En algún momento la Seguridad del Estado ha intentado limitar nuestra movilidad dentro de la comunidad, desacreditando nuestro trabajo, pero los seis años en los que hemos estado allí han sido más importantes para los habitantes», dijo.
«El 12 de noviembre la sede nuestra fue asaltada por la Seguridad del Estado. Uno de los objetivos de ese registro fue privarnos de los recursos. Se nos ocuparon cerca de 2.500 pesos convertibles (CUC). Parte de ese dinero era para cubrir asistencia en recursos de sanidad», señaló.
«Hemos tenido la oportunidad de trabajar en Plaza de la Revolución, Centro Habana, Cerro, donde hemos hecho llegar, sobre todo a mujeres con bajos recursos, productos de higiene, limpiadores, detergente. De ellos se han encargado algunos activistas desde algunos puntos en estos territorios», dijo Madrazo Luna.
Las Damas de Blanco se han visto impedidas de repartir alimentos, útiles escolares y juguetes desde hace dos años. Lo hacían siempre cada 6 de enero, Día de Reyes, día de represión. Este año, aunque no tenían planeado ninguna actividad debido a la situación epidemiológica, el régimen mantuvo estricta vigilancia sobre la sede, en Lawton, La Habana.
«Desde el 5 de enero hasta el 9 de enero estuvo el operativo policial de la Policía y la Seguridad del Estado», recordó Berta Soler.
La líder de las Damas de Blanco explicó que ante el permanente acoso de las autoridades han tenido que buscar formas para hacer entrega dentro de la comunidad de productos de aseo a las madres con niños de escasos recursos.
Todavía resuena el caso de la ayuda humanitaria recolectada en Miami con destino a más de 15.000 familias necesitadas tras la agudización del desabastecimiento durante la pandemia de coronavirus. Según anunciaron varios implicados en diciembre, la carga enviada por la iniciativa Solidaridad entre Hermanos fue confiscada después de meses de reclamos ante su retención en el puerto del Mariel.
