El rescate fallido a Plus Ultra pone en guardia a Europa

El polémico rescate estatal con 53 millones de euros a la aerolínea vinculada a empresarios chavistas, Plus Ultra, mantiene acorralado al Gobierno de Sánchez, al que la Justicia ha vuelto a dar un nuevo golpe. Ayer el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid paralizó parte del polémico préstamo concedido por el Gobierno socialista a la aerolínea, ya que «una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior».

Una decisión, la de la juez Esperanza Collantes de aplicar esta suspensión cautelar, que fabrica un precedente funesto -como señalan numerosas fuentes empresariales y políticas, que llevan meses denunciando las posibles consecuencias de este polémico rescate- en un momento en el que Bruselas 

mira a España insistentemente con lupa por el envío del maná europeo.

Según ha podido saber ABC de fuentes comunitarias, tanto la Comisión Europea, como los máximos dirigentes de los llamados países frugales -Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia-, que se unen a las suspicacias desde que se aprobara el rescate por parte de la SEPI de varios europarlamentarios de la oposición en España, se mantienen ojo avizor por la resolución de la juez española. Ahora se incrementan las dudas sobre la capacidad y eficacia del Gobierno de España a la hora de repartir los fondos europeos dirigidos a recapitalizar empresas con dificultad para ser viables. «Sobre todo, crece el interés entre los frugales por saber qué ocurrirá con otros rescates, muy preocupados por la posibilidad de que ahora su propia opinión pública les pida explicaciones por destinar fondos a un país que no es tan riguroso como se les transmite y resulta del todo poco fiable en futuros procesos de recapitalización», asegura un eurodiputado español con residencia en Bruselas. Ahora, siguen las mismas fuentes, se abren varias incógnitas respecto al dinero ya recibido por la aerolínea. «Plus Ultra no puede acudir al mercado a intentar conseguir el dinero que le resta para llegar a esos 53 millones necesarios para subsistir, es obvio. Entonces, ¿qué van a hacer con la parte del dinero ya recibido? ¿Lo van a devolver? ¿Pedirán lo que resta hasta los 53 millones que necesitan sí o sí a otra fuente de financiación o dejarán caer la compañía ante la negativa de esas otras alternativas?».

No en vano, la compañía insiste en que necesita el dinero. «Plus Ultra Líneas Aéreas acreditará debidamente, y en el plazo concedido por el Juzgado, la necesidad de entrega de la financiación pendiente de disposición y recuerda que ya ha recibido el préstamo ordinario de 19 millones de euros concedido por la SEPI», asegura en un comunicado.

En este sentido, la Abogacía del Estado alegó a la magistrada que el rescate de 53 millones figura en el plan de viabilidad de la aerolínea «como necesario para que la compañía pueda lograr el mantenimiento de la actividad, pudiendo la falta de desembolso comprometer» su subsistencia. De hecho, considera esencial la recepción de los 34 millones «para hacer frente a la devolución» de los otros 19 ya entregados.

La compañía tenía previsto ingresar los 34 millones correspondientes al préstamo participativo del rescate el próximo 28 de julio. Una concesión que lleva implícita la designación de un miembro de la SEPI dentro del consejo de administración de la compañía, aunque sin voto. De hecho, el nombramiento del miembro del Estado en la cúpula de Plus Ultra está previsto que se produzca el próximo viernes, dos días después del cobro, durante la junta general de accionistas donde también tienen previsto aprobar sus cuentas.

Según el auto de la juez Collazos al que ha tenido acceso ABC, y que es fruto de los recursos interpuestos por Vox, PP y Manos Limpias, la SEPI, dependiente de Hacienda, debe abstenerse de realizar el siguiente pago, previsto para el 28 de julio hasta nueva orden, porque tal ayuda «debe ser justificada». Para ello Plus Ultra dispondrá de cinco días «para acreditar la necesidad» del rescate.

Ábalos, en el punto de mira

Pero las fuentes consultadas no solo advierten de que le podrá pasar factura al Gobierno a partir de ahora, es que aseguran que ya le ha pasado factura a uno de sus miembros en concreto. Hablan de José Luis Ábalos, el ya exministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad. Ábalos, que ya no está en el Gobierno -pero la polémica en torno al rescate de la compañía aérea Plus Ultra continúa- actuaba como una suerte de cortafuegos en el caso, ya que se erigió como encargado de las relaciones con Iberoamérica, según apuntan fuentes de dos partidos de la oposición, PP y VOX. Sin embargo, ahora la atención se centra en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como titular de la cartera de la que depende la SEPI. VOX, de hecho, ya ha pedido su comparecencia en el Congreso.

Recordar que, en su momento, el Gobierno, defendió a capa y espada la ayuda pública argumentando que la aerolínea cumple (cumplía entonces ) todos los criterios que marca la SEPI para acceder a ayudas. Una de las principales razones que esgrimieron fuentes del Ejecutivo para apoyar el rescate fue la «consolidación del aeropuerto de Barajas» como un potente ‘hub’ que sirva de entrada a América y Asia. Pese a que Plus Ultra apenas operó 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019, lo que la situó en el puesto 166 de todas las compañías con actividad en el país, en el Gobierno consideran que cubre un «nicho de mercado» que, de otra manera, quedaría descuidado.

Más allá de la ejecución de los fondos, donde ya se notan las consecuencias es en el propio Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas, donde los problemas legales tras el rescate de Plus Ultra siguen retrasando la aprobación de nuevas ayudas. Como ya publicó este periódico, funcionarios de la SEPI se niegan a firmar nuevos expedientes ante el riesgo de verse envueltos en más embrollos judiciales como el de la aerolínea. El gestor del fondo ya acumula en cola a cerca de medio centenar de empresas debido a la coyuntura.