El TC italiano desmonta la Ley de Autonomía por ir contra la unidad de la República y la igualdad de los ciudadanos

Matteo Salvini, ministro de Infraestructura y viceprimer ministro italiano, asiste a una conferencia de prensa – Reuters

El Tribunal Constitucional ha desmontado la Ley de autonomía regional al rechazar siete puntos que suponen el corazón de la reforma aprobada por el Parlamento. Esta norma de autonomía diferenciada de las regiones, la bandera electoral de la Liga Norte del vicepresidente Matteo Salvini, recibe un duro varapalo del Alto Tribunal. Es, sobre todo, una derrota para Salvini, gran promotor del proyecto del Gobierno italiano aprobado en junio por el Parlamento, que daba a cada una de las 20 regiones mayores poderes fiscales, con el riesgo de aumentar las diferencias entre el norte rico de Italia y el sur más pobre.

Pero la sentencia supone un alivio para la primera ministra, Giorgia Meloni, fundadora de Hermanos de Italia, un partido favorable al centralismo del Estado. En una sentencia que se esperaba con gran interés, el Tribunal Constitucional acoge el recurso presentado por las regiones de Apulia, Cerdeña, Toscana y Campania.

El significado profundo de la sentencia TC, que goza de gran prestigio como guardián de la Constitución (de él formó parte el presidente de la República, Sergio Mattarella, el político más popular y amado del país), es una defensa de la unidad de Italia. Es decir, en el centro de la decisión está el Estado en la forma y funciones previstas por la Constitución de 1948, con sus principios básicos: la unidad de la República, la solidaridad y, sobre todo, la igualdad de todos los ciudadanos y la garantía de sus derechos.

La Ley de autonomía diferenciada se llamó así porque solamente las regiones que lo solicitaran al Estado podían tener autonomía de gestión, hasta un máximo de 23 materias, entre otras figuran la sanidad, la educación, el deporte, medio ambiente, la energía, el transporte, la cultura y el comercio exterior. Pero la Corte Constitucional rechaza las transferencias indiscriminadas de funciones a las regiones. Y advierte de que no se puede decidir arbitrariamente con una ley estatal cuáles son todas las funciones que se pueden transferir a una sola región.

El Tribunal admite que se puede hacer una reforma constitucional sobre la autonomía de las regiones, pero considera que el Parlamento debe aprobar reglas más claras y rigurosas. Dicen los jueces del Constitucional que «la distribución de funciones legislativas y administrativas entre los diferentes niveles territoriales de gobierno no debe corresponder a la necesidad de una distribución del poder entre los diferentes segmentos del sistema político, sino que debe realizarse de acuerdo con el bien común de la sociedad y la tutela de los derechos garantizados por nuestra Constitución». En otras palabras, el TC advierte que la reforma se debe hacer en interés de los ciudadanos y no de los partidos. Con su sentencia, rechaza y desmantela la competición entre las regiones.

En definitiva, una vez desmantelado el marco general de la Ley de autonomía, si la reforma vuelve al Parlamento, como ha prometido ya la Liga, los legisladores deberán tener en cuenta tres pilares fundamentales señalados por el Constitucional: el Estado central debe mantener servicios y derechos fundamentales de los ciudadanos; Cámara y Senado no pueden ser esquivados; y debe respetarse el equilibrio presupuestario, que la reforma de la autonomía diferenciada ponía en peligro.

De todas formas, algunos expertos consideran que la Ley debería ser abandonada, porque es inaplicable. Así lo declara Gaetano Azzariti, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad La Sapienza de Roma: «La Corte ha hecho trizas la ley de la Liga, rechazando siete normas, pero incluso la parte restante del texto será completamente inaplicable». El profesor Azzariti extrae una lección de la sentencia del TC, que expresa así al diario ‘La Repubblica’: «Expreso una esperanza. La lección es que finalmente debemos abandonar la idea de un regionalismo competitivo y abrazar la idea expresada en nuestra Constitución de un regionalismo solidario».

La Ley de autonomía diferenciada la han buscado sobre todo las regiones del norte, muy en particular la rica Lombardía y el Véneto, con presidentes de la Liga, y Emilia-Romaña, liderada por la izquierda. Ante el clamor que se alzó sobre todo en el sur de Italia contra el proyecto, el centro izquierda promovió la celebración de un referéndum para abolir la Ley. El presidente de la región de Calabria, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, partido de la coalición gubernamental, pronosticó que «el resultado del referéndum será de un 90% contra la autonomía frente al 10% a favor».

El rechazo del TC a buena parte de la norma supone casi un regalo para la primera ministra. Para Hermanos de Italia, un partido históricamente centralista, frenar la reforma de la Liga es un alivio. La primera ministra mantuvo en el pasado grandes reservas sobre la devolución de algunas competencias a las regiones. Pero al llegar al poder, su partido apoyó la ‘autonomía diferenciada’, teniendo como lema la locución latina ‘do ut des’ (doy para que des); es decir, respaldó a Matteo Salvini a cambio del voto favorable de la Liga a la reforma más ambiciosa de Meloni, el ‘premierato’, para dotar de mayores poderes al primer ministro.

La consecuencia inmediata de la sentencia del TC será la no celebración del referéndum. La primera ministra evita así afrontar una campaña por la consulta, presumiblemente muy dura, con el riesgo de perderla. En definitiva, Giorgia Meloni exulta con esta decisión, aunque no lo exteriorice para no disgustar a Salvini, su socio de Gobierno. Tampoco Forza Italia apoyaba claramente la autonomía diferenciada. Tanto Hermanos de Italia como el partido fundado por Silvio Berlusconi reciben buena parte de sus votos del sur de Italia, cuyos habitantes en su mayoría están en contra de este experimento político.