El Tribunal Electoral suspende el partido que gana las elecciones en Guatemala

Una de cal y otra de arena. En cuestión de una hora, el Movimiento Semilla colocó a su candidato, Bernardo Arévalo, en la presidencia de Guatemala y, minutos después, perdió su calidad de partido político.

El lunes por la tarde, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de la segunda vuelta electoral, tras cumplirse el escrutinio de todas las mesas y resolverse las impugnaciones pendientes. El máximo ente electoral dio como ganador a Arévalo para gobernar Guatemala para el periodo de 2024 a 2028, y selló el tercer fracaso consecutivo en un balotaje de la ex primera dama Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La decisión del TSE no tomó a nadie por sorpresa; los resultados preliminares daban una amplia ventaja a Arévalo, con 60.91% de los votos válidos (3 millones 442 mil 718) versus su contrincante, quien obtuvo el 39.09% (1 millón 167 mil 664).

La UNE, sin embargo, no aceptó el resultado. El partido señala que existe una supuesta «lluvia de anomalías que la UNE ha señalado a las autoridades competentes, tanto del orden constitucional como penal, que hacen ilegal e ilegítimo cualquier intento del TSE de dar a conocer resultados electorales en las actuales condiciones». La agrupación emitió un comunicado en el que critica la decisión del TSE de declarar oficiales los resultados y asegura que hubo «irregularidades» con el sistema digital de conteo de votos, sin aportar, hasta la fecha, ni una sola prueba válida y convincente. Analistas y expertos coinciden en que son reclamos de un viejo y mal perdedor, que esperaba que la tercera fuera la contienda decisiva para consagrar la candidatura de Torres. Pero no pudo ser.

Sin embargo, más allá de los alegatos de la UNE y la oficialización de los resultados, lo que ha puesto al país de cabeza ha sido otro anuncio; uno acontecido unos minutos antes de la certificación de resultados. Y es que la oficina del Registro de Ciudadanos —una dependencia del mismo TSE, cuyo poder radica en la aprobación y cancelación de los partidos políticos— ha decidido cancelar la personalidad jurídica de Movimiento Semilla. En otras palabras, ha suspendido al partido político ganador.

El Registro ha cambiado de opinión drásticamente. La decisión del Registro fue distinta hace poco más de un mes, cuando el 12 de julio hubo un intento fallido que protagonizó el MP cuando, intentó, a través de la decisión del juez Fredy Orellana —considerada ilegal por juristas guatemaltecos— inhabilitar la personalidad jurídica del partido, tan solo días después de haber dado la sorpresa y consagrarse para una segunda vuelta electoral. En ese entonces, el Registro no acató la orden del juez Orellana, con el argumento de que la ley no permitía cancelar a ningún partido político que estuviera en contienda electoral, como es el caso de Semilla. Además, la indignación en el país y las protestas de cientos de líderes nacionales e internacionales, motivó a que una resolución judicial de la Corte Suprema de Justicia (con mayor rango que el juzgado) diera su apoyo al Registro y dejara en suspenso esta solicitud para garantizar el desarrollo de la segunda vuelta. Ahora, tras haberse oficializado los resultados, el MP y el mismo juez han contraatacado y esta vez, el Registro de Ciudadanos, ha cedido y dado el «sí». A partir de ahora, el partido figura como suspendido.

La razón de la suspensión versa sobre un supuesto caso de anomalías en la constitución del partido; un caso que comentaristas políticos señalan como «demasiado conveniente», puesto que coincide exactamente con la llegada a la segunda vuelta de Bernardo Arévalo, un candidato de oposición al actual gobierno, dentro de un proceso electoral amañado y que vio caer, uno a uno, a todos los candidatos que se oponían al gobierno actual, tales como Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda, que vieron truncadas su participación en la contienda y cuya ausencia dio el espaldarazo a Arévalo —que figuraba con apenas 2% de intención de voto— para hacerse con el apoyo del guatemalteco promedio, cansado de la corrupción, de la política tradicional y la falta de empleo en uno de los países más ricos y a la vez más pobres de Latinoamérica. De acuerdo con la FECI, quien figura como la parte acusatoria del caso, hubo «supuestas irregularidades en la recolección de firmas de ciudadanos para inscribir a Semilla como partido en 2017 y 2018». Esta fiscalía sugiere que entre las firmas de afiliados hay 18 fallecidos y 319 firmas sin sustento.

Las implicaciones de que Semilla esté cancelado son varias. Si bien esto no afecta de ninguna manera la toma de posesión del presidente y la vicepresidente electos —puesto que en Guatemala quienes precisen la Nación no representan un partido político, sino la unidad nacional— sí que afecta a los diputados electos. Los 23 congresistas que serán la tercera fuerza en el Congreso de 2024-2028, pasarían automáticamente a ser «independientes», hecho que no solo dificultaría la generación de alianzas en el hemiciclo, pero que por ley no les permite ostentar ningún puesto en la Junta Directiva del Legislativo ni figurar en ninguna Comisión de Trabajo, claves para promover puntos de agenda en el parlamento. El partido se vería debilitado y, por consecuencia, el presidente electo, quien tendría todavía menos apoyo para hacer valer su plan de gobierno en un Congreso que, con 160 diputados repartidos entre más de una decena de partidos, tiene un futuro fragmentado y complejo.

Pero la persecución judicial contra Semilla tiene nombres y apellidos. Fue solicitada por el MP que dirige Consuelo Porras, a través de la FECI de Rafael Curruchiche y ordenada por el juez Fredy Orellana. Porras ha sido incluida en la Lista Engel de «actores antidemocráticos y corruptos» de Centroamérica, de acuerdo con la visión de Estados Unidos. Además, es la fiscal por la que, semana tras semana, cientos de ciudadanos se han congregado frente a la sede de la institución para pedir su renuncia, por «incompetencia», «corrupción» y «persecución con fines políticos» a los opositores del gobierno de Alejandro Giammattei, gran amigo de la fiscal y que promovió su reelección al cargo. Por otra parte, Curruchiche, jefe de la FECI, es quien ha abanderado la persecución contra el presidente electo y sus diputados. Él también ha sido incluido en la lista Engel y fue nombrado, a dedo, para ocupar el puesto luego de que la fiscal obligara al antiguo jefe de la Fiscalía, Juan Francisco Sandoval, a renunciar al cargo. Sandoval se exilió en Estados Unidos tan solo horas después y es perseguido por el MP. Y, finalmente, el juez Orellana, quien también integra la Lista Engel y es conocido por haber emitido la primera orden de captura contra Sandoval, autorizar la captura de la exfiscal Virginia Laparra (cuyo caso ha sido denunciado por múltiples organismos internacionales de Derechos Humanos) y, finalmente, enviar a juicio al periodista José Rubén Zamora, firme opositor al gobierno de Alejandro Giammattei y cuyo diario, elPeriódico, ha cerrado en mayo del presente año.

Ante las persecuciones, Semilla y Arévalo han reaccionado. Tras criticar la decisión, en conferencia de prensa han asegurado que presentarán un recurso de nulidad en contra de la resolución del Registro, la cual «llegó minutos antes de que el pleno de magistrados del TSE oficializara los resultados». El partido, además, ha presentado un amparo ante la Sala Segunda «para poner fin a la persecución política que ha encabezado el juez Fredy Orellana, junto al fiscal Rafael Curruchiche», puesto que consideran que esa fiscalía y ese juzgado han llevado a cabo «acciones ilegales que violentan las garantías del debido proceso, vulnerando el derecho de defensa de audiencia y la tutela judicial efectiva».

Ninguna elección y toma de posesión había sido tan polémica, perseguida y crucial desde 1985 como la de ahora. Guatemala vive sus horas más bajas. La democracia pende, o pendía, de un hilo, hasta el lunes 28 de agosto.