El Tribunal Internacional de Justicia y la guerra entre Israel y Hamas
El Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (TIJ) ordenó a Israel el viernes 26 de enero del presente año 2024 adoptar las medidas necesarias para impedir actos de genocidio contra la población palestina en Gaza. Sin embargo, no adoptó lo que la comunidad internacional aspiraba: reclamar un alto el fuego en la Franja.
Si bien el contenido de dicho fallo muestra que la máxima instancia judicial de la ONU es consciente de la situación humanitaria que está viviendo Gaza, también es cierto que ese fallo no significa que los magistrados de la corte hayan retirado el caso; todo lo contrario, continúa en análisis, añadiéndole mayor presión internacional para que Israel cumpla con las exigencias ordenadas por la corte.
El dictamen del tribunal se deriva de la demanda presentada por Sudáfrica al TIJ a finales de diciembre de 2023, con el argumento de que Israel tiene una supuesta «intención genocida» contra la población palestina, invocando para ello la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948, de la que ambos países forman parte, y que debe garantizar la protección de la población de Gaza. Es de hacer notar que más de 25 000 personas han fallecido por la incursión militar israelí en esa zona.
Si bien, quien escribe este artículo está consciente del impacto humanitario que conlleva esta guerra, también está consciente de que en la petición no se menciona al grupo terrorista HAMAS, siendo este el detonante de la violenta reacción de Israel. Como se recordará, Israel lanzó un asalto masivo aéreo y terrestre contra Gaza después de que terroristas de Hamas asaltaran comunidades israelíes el 7 de octubre del 2023 y mataran a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraran otras 250, la mayoría de los cuales aún continúan en situación de secuestro. Esa ofensiva ha diezmado vastas zonas de la franja, y ha expulsado de sus hogares a casi el 85% de sus 2,3 millones de habitantes.
Es por ello por lo que Sudáfrica solicitó, en su demanda, medidas cautelares para evitar un posible genocidio. Cabe destacar que en esta fase, la decisión de la corte solo se refiere a las medidas cautelares de emergencia reclamadas. El fondo del caso, sobre si se ha cometido o no genocidio en Gaza, se analizará más adelante y podría tardar años en dirimirse. Además, sería Sudáfrica la que le tocaría demostrarlo.
Entre otras medidas dictadas por el TIJ, figura la exigencia de que Israel se asegure de que sus tropas no cometan actos de carácter genocida; que se prevenga y castigue la incitación al genocidio; y que se evite la destrucción de pruebas de los crímenes. Asimismo, otorga el plazo de un mes, a Israel, para que informe al TIJ de las medidas tomadas para evitar que se cometa un genocidio.
Todo parece indicar que en este lapso procesal los jueces no tenían que pronunciarse sobre si se está cometiendo o no un genocidio en Gaza. Bastó con que consideraran, tal y como lo hicieron, el derecho de los palestinos de la Franja a ser protegidos de actos de genocidio, ante la posibilidad de que lo haya. En tal sentido, la magistrada Joan Donoghue, Presidenta del Tribunal Internacional de Justicia, dejó claro que el tribunal tiene pleno conocimiento del contexto en que se están desarrollando los acontecimientos. No solo por las actuaciones de Israel en Gaza, sino también por las razones que alega para lanzar su ofensiva tras el ataque de Hamás del 7 de octubre.
En consecuencia, solicitó la liberación inmediata e incondicional de los rehenes israelíes que están en manos de la milicia Hamas y otros grupos terroristas.
Sin embargo, aunque las medidas cautelares son vinculantes para las partes, cabe la posibilidad de que el Gobierno israelí las ignore porque el tribunal no tiene capacidad para garantizar el cumplimiento. De ahí el mecanismo de solicitar a Israel informes sobre lo que está haciendo. En tal sentido, el artículo 41 del Estatuto del TIJ establece que el tribunal debe informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la decisión adoptada y el Consejo, por su parte, podría recordar a Israel que acate lo que han ordenado los jueces, o bien adoptar sus propias medidas.
Tengo la impresión de que los propios altos funcionarios del gobierno de Netanyahu no ayudan mucho a su país con las declaraciones que ofrecen a los medios. Por ejemplo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, desestimó el fallo y expresó que Israel «no necesita ser sermoneado sobre moralidad para distinguir entre terroristas y la población civil en Gaza». Por otro lado, el Likud, partido de Netanyahu, se alió con agrupaciones ultranacionalistas y de extrema derecha para llegar al poder y, al parecer, la agenda a desarrollar es la creación de un gran Estado judío ubicado desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo mediante la colonización de gran parte de Cisjordania, apagando así las aspiraciones nacionales palestinas y, en palabras del actual ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, «animando» a los palestinos a trasladarse a otros países árabes, incluida la vecina Jordania.
En el Derecho Internacional Humanitario existen normas que protegen a las personas que no toman parte en las hostilidades, como civiles, personal sanitario, trabajadores humanitarios, periodistas o personal religioso. Así como también a las personas que ya no participan en los combates, como soldados heridos o prisioneros de guerra. Todas estas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral.
Ahora me pregunto, ¿por qué Sudáfrica se erigió como parte acusadora en este caso? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la historia, con el estatus de Palestina y con la geopolítica actual. Con la historia porque Sudáfrica es el país que derrotó al Apartheid, e Israel, la víctima del Holocausto que dio lugar en 1948 a la Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidios; con el estatus de Palestina porque el tribunal es competente para dirimir disputas entre Estados, y el pueblo palestino no puede presentar acusaciones contra un país debido a que no es soberano, carece de fronteras establecidas y no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional.
La razón geopolítica se puede encontrar en el papel que Sudáfrica desempeña en el Grupo de los BRICS, del cual también forman parte Brasil, Rusia, India y China, al que se unieron, a comienzos de este año, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Es importante destacar que esta asociación busca erigirse como un contrapeso frente a Occidente.
Resulta curioso el hecho de que Sudáfrica, siendo uno de los países más peligrosos del mundo, mantenga estrechas relaciones con Vladimir Putin, quien ordenó la invasión a Ucrania, y no defienda los derechos humanos del pueblo ucraniano.
Pero ¿Qué sucederá a partir de ahora?
Israel deberá decidir cómo responder a la solicitud de medidas de protección para la población palestina, sin embargo, podría optar por ignorar el fallo de la corte, como ha sucedido en otros casos. El más reciente fue en 2022, cuando Ucrania presentó un caso de genocidio contra Rusia por la invasión a su país; inmediatamente la corte ordenó a Moscú suspender la invasión, pero esta orden fue ignorada. Es importante reiterar que si bien el Tribunal Internacional de Justicia es el órgano jurídico máximo de las Naciones Unidas, no cuenta con una fuerza policial que obligue a los países a implementar sus fallos. Si un país considera que otro miembro no cumplió con una orden de dicho tribunal puede reportarlo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
A todo lo anterior se suma un escándalo que no hace más que profundizar el deterioro de la imagen de la ONU y sus órganos principales. Se trata del despido de 12 funcionarios locales de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), acusados de colaborar con Hamas en los ataques del 7 de octubre, donde se secuestraron civiles israelíes en los Kibutz. Esto ha provocado la inmediata suspensión de la financiación por parte de media docena de países que contribuían con la agencia en un contexto de crisis humanitaria, cuando más de dos millones de habitantes de la Franja dependen de la ayuda que esa agencia proporciona para sobrevivir. Entre los países que suspendieron la ayuda a la agencia de la ONU se encuentran: EE. UU., Canadá, el Reino Unido, Italia, Australia y Finlandia
UNRWA es la agencia de asistencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, creada en 1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el mandato de proporcionar asistencia humanitaria y protección a los refugiados palestinos.
El éxito de la demanda resulta incierto, ya que tal vez la intención del demandante haya sido obtener estas medidas cautelares. Si bien era difícil que el Tribunal Internacional de Justicia ordenara a Israel el cese unilateral de las operaciones militares, las medidas provisionales ordenadas son un paso inicial en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel. Dichas medidas están diseñadas para garantizar que mientras los jueces consideren la acusación fundamental contra Israel los palestinos de Gaza tengan alguna medida de protección.
