El Tribunal Supremo tiene «indicios suficientes» para imputar al PSOE por financiación ilegal

   Ábalos, Santos Cerdán y Pepe Blanco.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tiene ya «indicios suficientes» para imputar al PSOE por un delito de financiación ilegal de partidos, según diversas fuentes judiciales, policiales y políticas consultadas por THE OBJECTIVE. Y podría anunciarse en las próximas semanas a la vista de la documentación que, según estas fuentes, tiene en su poder el magistrado instructor de la causa que investiga la presunta organización criminal vinculada a los dos ex secretarios de Organización del PSOE, y que se incluye en una pieza separada declarada secreta. Esos indicios tienen su base en el material recabado en los registros de diversas constructoras realizados en junio y en la información sobre los gastos y cuentas que José Luis Ábalos y Santos Cerdán presentaron en Ferraz durante sus años al frente de la secretaría de Organización del PSOE.

Según fuentes judiciales, un indicio relevante en la investigación apunta al presunto desvío de fondos hacia el PSOE en forma de donaciones realizadas por los implicados en la trama. Estos fondos procederían, según las mismas fuentes, de comisiones ilegales, lo que fundamenta la sospecha de financiación irregular del partido. En este sentido, es inminente la publicación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de sendos informes patrimoniales sobre Ábalos y Santos Cerdán que arrojarán luz sobre el descuadre en las cantidades declaradas en la Agencia Tributaria y las cantidades que se donaron al partido. Las fuentes citadas explican así el requerimiento de información del Tribunal Supremo al PSOE solicitando las cuotas de afiliación, aportaciones voluntarias, liquidaciones de gastos, pagos por servicios prestados, retribuciones u otros abonos desde 2014 hasta la actualidad.

En el momento de esta solicitud, hace diez días, Leopoldo Puente ya tenía «indicios suficientes» de que a través de estos movimientos financieros se canalizaron fondos de origen ilícito hacia el partido, lo que podría constituir una grave vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En el auto de ingreso en prisión preventiva de Santos Cerdán, el pasado mes de junio, el magistrado instructor habló de la existencia de un «botín millonario» y apuntó a la futura imputación de «personas físicas y jurídicas». La sombra de la posible financiación ilegal del PSOE sobrevolaba en aquel momento la investigación, pero sin alcanzar la consistencia que cobra en estos momentos. Ante la existencia de estos indicios, las fuentes consultadas apuntan a que el PSOE podría llegar a ser imputado como persona jurídica en los próximos meses -quizás semanas-, permitiendo atribuir responsabilidades penales directas al partido por los presuntos delitos cometidos por sus ex dirigentes.

Comisiones de constructoras

Fuentes de la investigación restan así importancia al hecho de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no haya encontrado aún los fondos defraudados presuntamente por el amaño de obra pública, del que existen evidencias procedentes de las grabaciones de Koldo García a los dos últimos secretarios de Organización, Jose Luis Ábalos y Santos Cerdán, que se recogieron en el último informe de la Unidad. Los investigadores analizan la ingente documentación incautada en las diligencias de entrada y registros practicadas antes del verano en las sedes sociales y domicilios de personas vinculadas a Acciona Construcciones, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), OPR y Servinabar, donde se incautaron hasta once dispositivos electrónicos los días 10 y el 11 de junio en las diferentes sedes de Madrid, Valencia, Andalucía, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha.

En el inicio del curso político, Gobierno y PSOE se congratulaban porque «todo se ha deshinchado», e incluso deslizaban que el auto de ingreso en prisión preventiva de Santos Cerdán «está cogido con pinzas». Pese a haberse desvinculado de Ábalos y Cerdán, convertidos ambos en cortafuegos, en Moncloa y Ferraz respiraban con alivio ante la incapacidad de la UCO de hallar los fondos obtenidos por el presunto fraude, que han estado buscando en diferentes localizaciones en el extranjero: República Dominicana, Túnez, Senegal y Armenia. Sin embargo, las evidencias que emanan de la documentación incautada por la Benemérita son múltiples y permiten identificar a los cooperadores necesarios de los presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. En el último país caucásico citado (Armenia) tenía sede la empresa Levantina, Ingeniera y Construcción, pieza angular del presunto entramado corrupto, cuyo propietario solicitó ayuda a a Koldo García y Santos Cerdán para mediar con Exteriores para subsanar una deuda millonaria. Como desvelo este periódico, Ruz formó parte de la delegación oficial de un viaje de Pedro Sánchez a Argelia en 2020, tras el cual logró recuperar 5 millones de euros.

Pepe Ruz (LIC), «hombre clave»

Los investigadores ponen el foco en el material que se obtuvo en la sede de la constructora más beneficiada por el Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos, la de Pepe Ruz, dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), y «hombre clave» por sus relaciones directas con el triángulo de poder dibujado entre los tres principales investigados: Ábalos, Koldo y Cerdán. Según el último informe de la UCO, Ruz «se ha erigido en un elemento común a los principales investigados, habiendo mantenido reuniones con todos ellos y dando novedades del resultado de las mismas». Una descripción del modus operandi que encaja con la descripción que uno de los empresarios vinculados al presunto entramado criminal desveló hace meses a THE OBJECTIVE de manera protegida. Según su relato, Pepe Ruz era el líder de un «grupo acelerador» dedicado a agilizar contratos con la administración y amañar contratos de obra pública por los que solicitaba un 20% de comisión para el PSOE. Ruz era el «recaudador» de ese ‘impuesto revolucionario’, Cerdán el «testaferro de Ábalos» y los empresarios Víctor de Aldama e Israel Pilar (dueño de Sortis), meros comisionistas y facilitadores de contactos para futuras operaciones.

En el domicilio particular de Ruz en Valencia, los agentes encontraron varios dispositivos electrónicos, entre ellos un ‘pendrive’ de color azul serigrafiado con el rótulo ‘Gobierno de Cantabria Consejería de Obras Pública y Vivienda’. La Guardia Civil sospecha que Ruz ha sido el cauce de presuntas mordidas y el vehículo para canalizar los fondos hacia el PSOE en un caso de presunta financiación ilegal. Sus vínculos con el PSOE se remontan hasta Andalucía, su tierra natal (Granada), y la Comunidad Valenciana, su lugar de residencia desde hace dos décadas (Valencia). Se trata de las dos federaciones más grandes del partido socialista. Como desveló este periódico, este constructor fue el jefe de obras de Acciona hace veinte años en Aragón. Entró en la compañía como ingeniero a finales de los años noventa y permaneció allí aproximadamente seis años, hasta que logró el puesto de jefe de obra en Teruel. Las fuentes del sector consultadas confirman que abandonó la compañía en el año 2000 para fundar la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción SL, en Alberic, Valencia. Ahí conoció a José Luis Ábalos, con quien mantenía una relación de amistad, según testimonios directos.

En el momento de la constitución de LIC, Ábalos era vicesecretario general del PSV-PSOE y concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia. Ruz se asoció con Brígido Navarro Giménez, el verdadero dueño de la compañía, que se encargaba del seguimiento de las obras, mientras que Ruz se hacía cargo de la labor comercial. Según fuentes del sector, «siempre presumió de tener buenas relaciones con el PSOE y con el PSPV». Fruto de las mismas, en el año 2007, en plena celebración de la Copa América en Valencia, LIC consiguió aliarse con Acciona en una UTE para construir el emblemático edificio Veles e Vents, donde Levantina tuvo un 10% de participación y Acciona fue la mayoritaria. Ruz mantuvo también una relación muy cercana con el actual director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, con quien coincidió durante su etapa como jefe de la comandancia civil de Granada, su localidad natal. Tras el registro domiciliario de Koldo, donde se incautaron dos discos duros revelados por THE OBJECTIVE, el DAO de la Guardia Civil, solicitó al general responsable de la UCO, Alfonso López Malo, conocer la «información sensible» que contenían los dispositivos electrónicos. Posteriormente, se conocieron las grabaciones realizadas por Koldo García a los otros dos investigados, Santos Cerdán y José Luis Ábalos sobre las mordidas derivadas de los amaños de obra pública. La empresa de Pepe Ruz fue una de las señaladas por el empresario Víctor de Aldama en su escrito de alegaciones al Tribunal Supremo en diciembre del pasado año.

Del amigo de Ábalos, al de Cerdán

Si Pepe Ruz era uno de los contactos de José Luis Ábalos y quien recibía a empresarios «como avanzadilla» para acceder a supuestos beneficios en la adjudicación de contratos, Joseba Antxon Alonso, era el de Santos Cerdán. Como reveló la UCO en su informe de junio, Cerdán firmó en 2016 un documento privado por el que se convirtió en propietario del 45% de las participaciones de Servinabar, SL, a cambio de 6.000 euros. Como desveló THE OBJECTIVE en exclusiva, se trata de la misma sociedad que asumió el pago del ático de lujo del ex secretario de Organización del PSOE durante su primer año en Madrid. Esta sociedad mercantil resultó adjudicataria de las obras de los túneles de Velate en Navarra valoradas en 76 millones de euros, tras numerosas irregularidades detectadas en la mesa de contratación para cambiar las calificaciones obtenidas en el concurso. En el garaje del domicilio del dueño de Servinabar, que registró personalmente el teniente de la UCO, Antonio Balas, se incautaron 16.180 euros en billetes de hasta 200 euros repartidos en distintas bolsas ZIP, ocultas en mochilas.

En el informe que la UCO entregó al instructor del ‘Caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, también se remitió ingente documentación sobre tres personas vinculadas a Acciona Construcciones y la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR). En la vivienda en Granada del exdirectivo de Acciona en Navarra, Fernando Merino, y sus cuñados, Antonio y Daniel Fernández, apoderado y administrador mancomunado de OPR, los agentes encontraron un «esquema manuscrito» con el nombre del exministro de Transportes José Luis Ábalos, un documento sobre «adjudicaciones históricas» a OPR y un contrato para la construcción y reforma de una vivienda del hermano de Koldo, Joseba García. OPR y Acciona son otras de las empresas que señaló Aldama ante el Tribunal Supremo. OPR es además la empresa matriz que contrató a la mujer de Koldo, Patricia Úriz en una de sus sociedades vinculadas, Anfersa. Un puesto de trabajo que, según la UCO, es «indiciariamente posible que en realidad no efectuara prestación laboral alguna», lo cual podría tratarse de una relación laboral ficticia para aflorar las comisiones. Antonio Fernández fue además asesor en la Delegación del Gobierno en Andalucía, lo cual le habría permitido una puerta de entrada más con la administración y el PSOE andaluz.

Los agentes hablan de «connivencia» de Ábalos y Koldo con estas empresas para obtener «beneficios económicos» a cambio de la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio». Sin embargo, la clave de toda la investigación es cómo se podían canalizar los fondos ilícitos en el propio PSOE, sin cuyas evidencias no se podría demostrar el delito de financiación ilegal del PSOE. La documentación que obra en poder de Leopoldo Puente son «evidencias» de que la manera de aflorar el presunto origen ilícito de las mordidas no se haría sólo vía donaciones, sino también a través de los gastos que José Luis Ábalos presentaba en el PSOE durante los años en que ostentó el cargo de Secretario de Organización del PSOE. Como desveló THE OBJECTIVE en noviembre de 2021, durante su última etapa en al frente del partido, la facturación que Ábalos presentaba en Ferraz disparó las alarmas en el PSOE porque alcanzaban cifras mensuales de 9.000 euros al mes de «gastos desordenados y facturas manipuladas». También se registraron facturas mensuales de entre 3.000 y 4.000 euros en el restaurante La Tragantía de Madrid, donde se reunían con Pepe Ruz (LIC) y otros empresarios vinculados a la presunta trama corrupta. Unas cifras desorbitadas de gastos que motivaron el cese del gerente, Mariano Moreno, pocos meses después de la destitución de Ábalos, supuestamente, a petición de Santos Cerdán. Como reveló este periódico, el guardián de los secretos de Ábalos fue colocado al frente de la segunda empresa pública mejor remunerada de la SEPI (240.000 euros anuales), ENUSA, que actualmente todavía dirige.