Elección presidencial en Guatemala se dirimirá en segunda vuelta

La candidata presidencial y exprimera dama Sandra Torres cerró su campaña electoral en el municipio de Santa Catarina Pinula (Guatemala). Foto: EFE | Confidencial

Guatemala se adentra, el próximo fin de semana, a unas elecciones llenas de irregularidades, en las que, después que un Tribunal Electoral con una imagen cada vez más deteriorada, eliminara de la contienda a tres candidatos antisistema, aún pervive una pléyade de 21 aspirantes, de los que tres parten con ventaja: Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Edmond Mulet, del Partido Cabal, y Zury Ríos del Partido Valor.

Llamados a elegir presidente cada cuatro años, los guatemaltecos asistieron a una campaña electoral de la que fueron excluidos la lideresa indígena Thelma Cabrera, candidata del Movimiento de Liberación de los Pueblos Indios; Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú, del Partido Podemos, y el finquero Carlos Pineda, del Partido Participación Ciudadana, narró el excanciller chapín, Edgar Gutiérrez, al programa Esta Semana, que se transmite en línea para vencer la censura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Junto a esas exclusiones, la nación guatemalteca también ha visto cómo se ha ido al exilio una treintena de jueces, fiscales y abogados para evitar la cárcel o la muerte, o cómo se encarcelaba, enjuiciaba y condenaba a seis años de cárcel al periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico, por un presunto delito de lavado de dinero.

La razón para eliminar a los tres candidatos es política, no ideológica, ni judicial, asevera Gutiérrez, quien señala al presidente Alejandro Giammattei, de ser “el gran elector y quien está jugando detrás de las instituciones, sea el Tribunal Electoral o las Cortes”, explicando que en los últimos tres años, en Guatemala se ha borrado la independencia de poderes, y el presidente ha encabezado la captura de todo el sistema judicial y los contrapesos del Estado, de tal forma que “los filtros de participación pasan básicamente por la decisión del presidente y su primer círculo de Gobierno”, especificó.

Si bien es el mismo modus operandi que aplicó Ortega en Nicaragua a partir de 2007, y Nayib Bukele en El Salvador a partir de 2019, el diplomático observa una diferencia fundamental y es que en su país no hay un caudillo, ni un líder carismático que encabece ese proyecto, pero sí hay lo que el público denomina pacto de corruptos en referencia a “una alianza informal de políticos, una élite burocrática y empresarios, más algunos representativos de redes criminales”, a los que denominó “dictadura corporativa”.

A falta de figuras como Ortega o Bukele, refiere que lo que hay en Guatemala es una coalición, no un caudillo, ni un líder popular, porque “básicamente la gestión de Giammattei ha sido un fracaso, en particular su gestión de la pandemia. La gran paradoja de este momento en Guatemala es que tenemos el presidente con más baja aceptación en la historia democrática de 40 años en el país -apenas el 10% de aprobación- y a la vez el presidente que más poder ha concentrado en este periodo”.

Un periodista preso

El juicio contra José Rubén Zamora “ha sido irregular de principio a fin”, dice el también excolumnista de El Periódico, señalando como “vicios del proceso”, el hecho que el acusado prácticamente no ha tenido defensa, porque si bien tuvo 14 abogados, no se les permitió hacer su trabajo: cuatro de ellos terminaron presos, y varios fueron destituidos. José Rubén fue condenado “como quien es subido a un ring de boxeo con las manos atadas”, comparó.

El montaje contra Zamora es una manifestación de los abusos y de la criminalización de la prensa, que ocurre en Guatemala, dice Gutiérrez, aclarando que se trata de una vendetta en contra de periodistas independientes y operadores de justicia que trabajaron en la persecución y el desmantelamiento de más de 70 estructuras de crimen y corrupción desde 2007 hasta 2019.

Si bien el tribunal eliminó algunos de los delitos por los que se acusaba al periodista, y en aquellos por los que sí lo condenó no aplicó las penas máximas, al punto de que hay buena base legal para apelar diez días después que se presente la sentencia completa, el próximo 21 de junio, lo que sí ha sido inevitable es la afectación al trabajo fiscalizador de los medios de comunicación, que se manifiesta en dos tipos de reacciones.

La razón que observa es que “hay una criminalización absoluta y no solo va contra nosotros, que somos ocho periodistas del diario. La Fiscalía ha dejado abierta la posibilidad de que se investigue a cualquier medio independiente y que se determine el origen de sus fondos y la presunta estructura criminal detrás de ella”.

“Hay temor, lógicamente, y este temor lleva a la autocensura. Pero también hay periodistas muy valientes que siguen ofreciendo cobertura muy objetiva que está yendo al fondo de los problemas que enfrenta la democracia y el sistema de libertades en el país. En definitiva, sí es muy grave lo que está ocurriendo, sobre todo en un momento electoral tan crítico en el que la opinión pública necesita más que nunca información fiable”, argumentó.

Debieron excluir a otras

De regreso al tema electoral, dice que, aunque a una semana de llamar a los ciudadanos a las urnas suene ilógico excluir a otro candidato -o introducir a uno nuevo- porque la dificultad logística de tener que volver a imprimir 9.3 millones de boletas y distribuirlas en unas 20 000 mesas electorales, Gutiérrez no descarta que algo así pudiera suceder, y pronostica, con base en “las encuestas más creíbles”, que Sandra Torres, Edmond Mulet, y Zury Ríos quedarán en ese orden, con los dos primeros batiéndose en una segunda vuelta.

Irónicamente, ni Torres ni Ríos deberían estar en la boleta.

De Torres, recordó que en 2019 fue encarcelada por financiamiento electoral ilícito en 2015, pero luego de salir de prisión, los tribunales han ido revirtiendo todas las decisiones judiciales anteriores para dejarla participar. “Esto es inédito, pero ocurre porque ella controla el bloque parlamentario más numeroso en el Congreso, indispensable para que el presidente Giammattei pudiese aprobar presupuestos públicos muy opacos y sin ninguna auditoría. Ella ha sido la aliada indispensable del régimen y como recompensa recibe su inscripción”.

De Zury Ríos recuerda que esta es su cuarta participación, y en las tres anteriores, la Corte de Constitucionalidad dijo que ella no podía participar por una cláusula constitucional que impide la participación de familiares de caudillos o de quienes lideraron golpes de Estado. “Uno puede alegar si esta norma es justa o no, pero ahí está y tres decisiones de tres Cortes diferentes generan jurisprudencia. O sea, obligatoriedad. Su candidatura debió descartarse de entrada, sin embargo, ni el Tribunal ni ninguna corte aplicó la jurisprudencia, porque Ríos representa intereses del pacto de corruptos, particularmente empresarios y militares”, detalló.

De forma adicional, los guatemaltecos tendrán que ir a votar dudando de la imparcialidad de su autoridad electoral, toda vez que “hay denuncias confiables que, desde diciembre de 2021, los magistrados vienen recibiendo sobornos provenientes de la Presidencia de la República”, aseguró el excanciller, desde su exilio en México.

Más dudas sobre el árbitro electoral

Otras acciones que suman para elevar la duda, son “las decisiones arbitrarias para calificar o descalificar candidaturas… las dudas sobre la adquisición de un sistema de transmisión de datos que está siendo administrado por un equipo de dudosa confiabilidad”, así como la decisión reciente de reemplazar el 90% de las Juntas Electorales Departamentales, que representan la presencia ciudadana en las mesas electorales, y son quienes firman las actas que luego se pueden contrastar con la transmisión de datos.

La sospecha es que los nuevos integrantes de las juntas pueden tener conflicto de interés porque “un estudio del Mirador Electoral -una coalición civil independiente- determinó que muchos de los nuevos miembros de estas juntas… son funcionarios activos del Gobierno. Otros son o han sido abogados de candidatos que están participando… y muchos son representantes legales y empleados de empresas contratistas del Estado. Si tú reúnes este conjunto de anormalidades, concluyes fácilmente que la integridad del voto ciudadano está en grave riesgo”, concluyó.

Al reiterar que él ve a Sandra Torres y Edmond Mulet en segunda vuelta, también destacó los que, a su juicio, son los puntos fuertes y débiles de ambos candidatos, comenzando por Torres, a la que denominó “la principal aliada de Giammattei durante este período”, que tiene un voto duro en las zonas rurales porque la gente recuerda con gratitud cuando ella fue primera dama, e impulsó programas de transferencias sociales, “que ha sido lo único que le ha llegado a la gente durante años”, mientras que en las zonas urbanas tiene un antivoto muy fuerte, que le hizo perder las últimas dos elecciones en segunda vuelta.

De Mulet dijo que es un conservador que se rodeó de caudillos regionales y personas afines al pacto de corruptos, pero es “respetuoso de las instituciones”, e hizo un movimiento audaz en las últimas semanas al anticipar que si llega a la presidencia separará del cargo a la Fiscal General, “una especie de Torquemada del siglo 21 que ha venido persiguiendo cruelmente a toda la disidencia”, definió. El anuncio le gana votos entre la ciudadanía moderada que rechaza el pacto de corruptos, aunque no se sabe cómo puedan reaccionar los aludidos.

Iván Olivares

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Durante más de veinte años se ha desempeñado en CONFIDENCIAL como periodista de Economía. Antes trabajó en el semanario La Crónica, el diario La Prensa y El Nuevo Diario. Además, ha publicado en el Diario de Hoy, de El Salvador. Ha ganado en dos ocasiones el Premio a la Excelencia en Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en Nicaragua.