Elecciones: la ruta para rescatar la soberanía popular
La extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el 3 enero pasado, cumpliendo una orden de detención de un tribunal estadounidense, abrió una puerta inesperada a una nueva realidad en Venezuela. La acción del comando de la Delta Force permitió que se abriera el camino a una transición muy diferente de la que se ha producido en otros países, donde el proceso ha sido el producto de una derrota militar o una guerra civil. Pero más allá de tener características inéditas, que van evolucionando a un ritmo alucinante, la transición venezolana está, en buena medida, controlada o tutelada por el gobierno del presidente Donald Trump.
A pesar de la caracterización de tres etapas de la transición que ha hecho el secretario de Estado, Marco Rubio: estabilización, recuperación económica y restablecimiento de la democracia, es prácticamente ineludible la conclusión de que los intereses estratégicos y geopolíticos de Estados Unidos no están necesariamente alineados con la exigencia trascendente de los venezolanos de recuperar la democracia y la libertad de su nación. Al menos existe una divergencia importante en los tiempos, los escenarios de esta transición y el mecanismo último de reinstitucionalización de la República.
Los recientes episodios del enfrentamiento bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos apuntan de manera casi inequívoca a la existencia de una estrategia global previa para cerrarle a China el acceso al petróleo proveniente de Venezuela e Irán. Ello indica que el orden temporal de las acciones militares, primero Venezuela y luego Irán, estaba cuidadosamente planificado para interrumpir el flujo de crudo iraní y controlar el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz, una vez que existieran garantías de que el suministro del crudo venezolano estuviera controlado, el país pacificado y que las empresas petroleras estadounidenses pudieran operar nuevamente. Una estrategia impecable que se alinea claramente con los intereses de Israel en derribar la tiranía de los ayatolás en Irán y desmantelar la amenaza nuclear sobre toda la región.
Esa dinámica estratégica global, liderada por Estados Unidos prácticamente con prescindencia de sus aliados tradicionales europeos en la OTAN, ha significado el anuncio de un nuevo orden global internacional profundamente distinto a lo que había sido la hoja de ruta de las democracias occidentales después de la II Guerra Mundial. El deterioro de los organismos internacionales como la ONU y la OEA, transformados prácticamente en espacios desprovistos de poder político y militar real, ha servido como telón de fondo de una realidad emergente cuyos alcances apenas se están empezando a entender.
La consecuencia de estas acciones, algo que se anticipaba desde los eventos de enero, es que los herederos del régimen tutelado, encabezado por Delcy Rodríguez, han encontrado una forma muy efectiva de perpetuarse en el poder cumpliendo con las órdenes de Washington, al tiempo que mantienen activos los esquemas represivos y de control de la población. La conclusión es ineludible y compleja: si se pretende recuperar la democracia en Venezuela es indispensable que sus defensores, encabezados por su líder María Corina Machado, actúen también con una estrategia de unidad de acción muy definida, que, sin entrar en conflicto abierto con Estados Unidos, alce su voz y su acción en Venezuela para que se produzcan elecciones presidenciales bajo condiciones y lapsos preestablecidos y acordados con los tutores de esta transición.
Apuntar a elecciones presidenciales es una tarea compleja pero indispensable. Constituye el único camino constitucional de recuperación de la soberanía popular y su realización es perfectamente posible incluso sin modificar a fondo los instrumentos legales. Se requiere la confluencia de voluntad política entre los tutores del régimen y las fuerzas unificadas de la democracia. Ello unido a acciones esenciales como la vigilancia internacional, la actualización del Registro Electoral y la seguridad de que todos los líderes políticos y de la sociedad civil podrán participar.
En paralelo, con la presión para que se produzcan elecciones, es imprescindible asegurar la participación de la diáspora y de los venezolanos no inscritos en el país. Se trata de un universo global de más de 6 millones de ciudadanos cuyos derechos han sido cercenados. Un reciente comunicado del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, reproducido en El Nacional, apunta a esta violación gravísima de los Derechos Humanos y ciudadanos. El argumento de que la participación de la diáspora es imposible, porque complicaría el proceso de elecciones presidenciales y porque no hay consulados, no tiene asidero puesto que existen posibilidades tecnológicas para hacerla posible en unos meses. Moverse hacia el objetivo primordial, elecciones, al tiempo que resolver el problema del Registro Electoral es, en el fondo, un asunto de voluntad política cuya materialización supone casi de manera inevitable el regreso de María Corina Machado a Venezuela para que la fuerza de la voluntad popular llegue a todos los oídos, en el país y en el mundo.