Abajo puede leerse un análisis sobre las próximas elecciones venezolanas de Daniel Zovatto, politólogo y abogado, Director regional de International IDEA, quien ha sido consultor de la ONU, del PNUD, del Banco Mundial, del BID; asimismo fue Director Ejecutivo de CAPEL, y tiene la experiencia de haber participado en más de 50 misiones de observación electoral.

En primer lugar el texto en español, luego el texto en inglés, tal como aparece publicado en la página web de la Brookings Institution, la primera institución privada norteamericana en hacer análisis de políticas públicas a nivel nacional, y luego internacional. El año que viene celebra sus primeros 100 años de existencia.

América 2.1

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Elecciones legislativas en Venezuela: Lo que está en riesgo

Cabe recordar que en Venezuela los comicios legislativos se celebran en fecha distinta a las presidenciales. Estas últimas tuvieron lugar en abril de 2013 para elegir al sucesor de Hugo Chávez; por un estrechísimo margen (1.4%), Nicolás Maduro resultó vencedor en un tenso y cuestionado ambiente.

Hegemonía chavista en riesgo

Desde el año 2000, el chavismo ha mantenido el control permanente de la Asamblea Legislativa; predominancia que aumentó aún más en las elecciones de 2005 cuando la oposición cometió el error de no participar. Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en 2010 cuando el oficialismo, mediante reformas truculentas al sistema electoral dirigidas a mejorar su representatividad, obtuvo 99 de los 165 diputados que actualmente conforman el Parlamento. Esta amplia mayoría permitió al gobierno de Chávez y ahora al de Maduro gobernar con amplio control y margen de discrecionalidad, situación que podría revertirse a partir de enero de 2016, fecha en que los nuevos integrantes del Parlamento deben asumir. Actualmente, el nivel de credibilidad de este órgano es muy bajo; sin embargo, es una institución clave para el debate y el control político, la aprobación de las leyes, incluido el presupuesto, y la designación de los miembros de los principales poderes.

Por primera vez en muchos años el chavismo se arriesga a perder el control de la Asamblea. Entre los factores que podrían influir de manera adversa para el gobierno cabe citar la grave situación económica (alta inflación, desabastecimiento, corrupción) y social (alta tasa de criminalidad) que atraviesa Venezuela, así como el marcado desgaste de Maduro que reflejan las encuestas. Según Datanálisis, 84% de la población siente que el país está mal y sólo 13% opina que la situación es positiva.

Frente a este cuadro adverso, y ante el temor de sufrir un descalabro electoral, el chavismo ha recrudecido la represión política encarcelando injustamente a varios dirigentes opositores (Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre ellos). La semana pasada, además, la Contraloría General anunció la inhabilitación para ejercer cargos públicos de varios miembros de la oposición, entre ellos: María Corina Machado y el ex gobernador Pablo Pérez. En respuesta a estas medidas arbitrarias, la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) ya anunció marchas de protesta y una campaña internacional de denuncia ante la OEA y la ONU.

Integridad electoral y observación internacional

La integridad y credibilidad de este importante proceso electoral depende del cumplimiento de varios factores críticos e imprescindibles. Primero, el gobierno debe poner fin a la represión política en todas sus formas (incluida la liberación de los presos políticos), el acoso a los pocos medios independientes que aún existen y a las medidas administrativas dirigidas a obstaculizar la participación de la oposición. Segundo, el CNE debe actuar con total imparcialidad y garantizar condiciones de equidad a lo largo de toda la campaña electoral, lo que supone evitar el efecto de «cancha inclinada» en favor del oficialismo. Tercero, es necesario restablecer los principios de representación proporcional consagrados en la Constitución Política y revisar la actual conformación de las circunscripciones electorales para impedir la exagerada desproporción entre votos obtenidos y representantes electos, como ocurrió en las pasadas elecciones legislativas de 2010. Y cuarto, el CNE debe garantizar una auténtica observación internacional, la cual no debe quedar limitada a la «misión de acompañamiento» de la UNASUR. En este sentido, debe invitar a la OEA y a la UE, entre otras organizaciones internacionales, a que envíen sus respectivas misiones de observación electoral con suficiente antelación para que observen todas las etapas del proceso electoral.

Cabe tener presente que desde 2006 Venezuela ha impedido la presencia de misiones de observación electoral, a excepción de las de «acompañamiento» de UNASUR cuya metodología de trabajo (hasta la fecha) difieren de manera importante de las de la OEA, organismo que, con más de 200 misiones en su haber, y salvo algunas excepciones, cuenta hoy con credibilidad y reconocimiento en este ámbito.

En una conversación que sostuvimos recientemente con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el Centro Carter, con el Grupo de los Amigos de la Carta Democrática Interamericana, Almagro reiteró el interés de la OEA de observar estas elecciones y dijo estar en desacuerdo con las proscripciones políticas que tienen lugar en Venezuela.

En caso de que transcurran las semanas y el CNE no envíe la invitación formal a la OEA, o niegue su participación, el Secretario General debería proponer (invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana) realizar una apreciación colectiva de la crítica situación política venezolana. Existe, después de todo, como bien señala Rubén Perina (ex funcionario de la OEA) «el peligro de una alteración del orden democrático, en términos de un fraude electoral o cuando Maduro anuncia que será el primero en lanzarse a la calle si la oposición gana…».

Mi opinión

Coincido plenamente con la reciente solicitud de 27 ex Jefes de Estado iberoamericanos sobre de la necesidad de que las elecciones legislativas sean libres, justas e imparciales y que se lleven a cabo en un clima de absoluta confianza y transparencia. En efecto, unas elecciones legítimas y creíbles constituyen el mejor mecanismo para destrabar el juego político, disminuir la aguda polarización que padece Venezuela y avanzar en materia de reconciliación. Por el contrario, unos comicios cuyos resultados no sean respetados por las partes podrían agravar peligrosamente la de por sí delicada y compleja situación que vive el país.

De cara a las elecciones del 6 de diciembre el ambiente va a ser tenso y complejo, y con seguridad el trayecto estará plagado de obstáculos y desafíos. Frente a este panorama, el CNE (que actualmente goza de bajo nivel de confianza ciudadana) deberá actuar con absoluta imparcialidad y garantizar, a lo largo de las diferentes etapas del proceso electoral, el pleno respeto de los derechos civiles y políticos, transparencia y equidad. De no actuar conforme a estos principios, la legitimidad y la credibilidad de las elecciones estarán en riesgo.

Los países de la región, por su parte, no pueden seguir haciéndose de la vista gorda ni guardando un silencio cómplice frente al tema venezolano. Tanto la OEA como la UNASUR tienen la responsabilidad de hacer su mejor esfuerzo para coadyuvar a garantizar unos comicios libres, transparentes y justos que permitan encontrar una salida institucional a la grave crisis y ayuden a recuperar la plena vigencia de la democracia en Venezuela.

Este artículo fue publicado inicialmente por IDEA Internacional.

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What’s at stake in Venezuela’s legislative elections?

In Venezuela, legislative elections are held on a different date from presidential elections. The most recent presidential election was held in April 2013 to elect the successor to Hugo Chávez. Nicolás Maduro emerged the winner by a very close margin (1.4 percent) in a tense environment where the election result was called into question by the opposition.

Chavista hegemony at risk

Since the year 2000, Chavista affiliated parties have maintained majority control of the Assembly. Their predominance became even greater in the 2005 elections when the opposition made the mistake of not participating. The most recent legislative elections were held in 2010, when the pro-government forces, through self-serving reforms to the electoral system aimed at improving their own representation, obtained 99 of the current 165 legislative seats. This wide majority enabled the Chávez administration and now the Maduro administration to govern with considerable control and a wide margin of discretion, a situation that could change as of January 2016, when newly elected members of the legislature should take office. Currently the Assembly’s credibility is very low; nonetheless, it is a key site for political debate and governmental control, adopting laws—including the budget—and approving the key political authorities in charge of the principal branches of government.

For the first time in many years the pro-Chávez forces risk losing control of the Assembly. Among the factors that could have an adverse impact on the Maduro administration are the serious economic situation (i.e., high inflation, scarcity, corruption) and social situation (i.e., high levels of crime) that Venezuela is experiencing, as well as the marked attrition of support for the president as reflected in the polls. According to a leading Venezuelan polling organization, Datanálisis, 84 percent of the population believes that the country is on the wrong path and only 13 percent view Venezuela’s situation positively.

In response to this adverse situation, and given the fear of suffering an electoral disaster,Chavismo has stepped up political repression, unfairly jailing several opposition leaders (Leopoldo López and Antonio Ledezma, among others). In addition, during the week of July 20 the Office of the Comptroller General (Contraloría General) announced that several members of the opposition have been disqualified from holding public office, including one of its leaders, María Corina Machado, and former governor Pablo Pérez. In response to these arbitrary measures the opposition coalition known as MUD (Mesa de la Unidad Democrática) announced protest marches and an international campaign to denounce the situation at the Organization of American States (OAS) and the United Nations.

Electoral integrity and international observation

The integrity and credibility of this important electoral process depends on a number of critical and essential conditions. First, the government should put an end to political repression in all its forms (including by releasing political prisoners), cease harassment of the few independent media outlets that still exist, and roll back administrative measures aimed at hindering participation by the opposition. Second, the CNE should act with total impartiality and guarantee fair conditions throughout the upcoming electoral campaign. This would require avoiding the uneven “playing field” that currently favors pro-government political forces. Third, it must reestablish the principles of proportional representation enshrined in the Constitution and revise the currently gerrymandered electoral map to reduce the disparities among districts in terms of the number of votes obtained and the number of representatives elected, as occurred in the 2010 legislative elections. And fourth, the CNE should open the process to genuine international observation, which should not be limited to the “accompaniment” mission currently offered by UNASUR (Union of South American Nations). Accordingly, the OAS and the European Union, among other international organizations, should be invited to send their respective electoral observation missions with sufficient lead time to examine all stages of the electoral process.

Since 2006, Venezuela has impeded the presence of electoral observation missions except for the “accompaniment” missions of UNASUR, whose methodology (to date) differs significantly from that of the OAS, an organization that has deployed more than 200 electoral observation missions which are, with very few exceptions, widely recognized for their credibility.

In a recent conversation we had at the Carter Center with OAS Secretary General Luis Almagro and the Group of Friends of the Inter-American Democratic Charter, Almagro reiterated the OAS’s interest in observing these elections and said he disagreed with the political proscriptions that have been imposed in Venezuela.

In the near future, if the CNE does not send a formal invitation to the OAS or blocks its participation, the Secretary General should propose undertaking a collective assessment of the critical political situation in Venezuela by invoking Article 20 of the Inter-American Democratic Charter. After all, as Rubén Perina (a former OAS official) quite rightly states, there is “the danger of an alteration in the democratic order, in terms of an election fraud or when Maduro announces that he will be the first one to take to the streets if the opposition wins….”

My Opinion

I fully agree with the recent statement by the 27 former heads of state of the Ibero-American states on the need for Venezuela’s legislative elections to be free, fair, and impartial, and calling for the elections to be held in a climate of absolute confidence and transparency. In effect, legitimate and credible elections are the best mechanism for breaking the current political deadlock, diminishing the acute polarization Venezuela is experiencing, and making progress toward reconciliation. On the other hand, electoral results that are not accepted by all contending parties could dangerously aggravate the already delicate and complicated situation facing Venezuela.

Ahead of the December 6 elections, the political climate will be tense and complex, and there is no doubt that there will be any number of obstacles and challenges on the road ahead. Given this outlook, the CNE (which currently suffers from a low approval rating) should act with absolute impartiality and ensure, throughout the different stages of the electoral process, full respect for civil and political rights as wells as transparency and fairness. If it acts counter to these principles, the legitimacy and credibility of the elections will be in jeopardy.

The countries of the region, for their own part, cannot continue to turn a blind eye or maintain a complicit silence in relation to the situation Venezuela faces. Both the OAS and UNASUR have a responsibility to make their best efforts to help ensure free, transparent, and fair elections that enable an institutional solution to the grave present crisis and help restore the full exercise of democracy in Venezuela.

This piece was initially published by International IDEA.