En búsqueda de la verdad en el caso de Óscar Pérez

“Me someto a la ética, pero no comprendo en modo alguno
por qué es más glorioso bombardear una ciudad sitiada que asesinar a alguien a hachazos”
Fiódor Dostoyevski

La muerte de Óscar Pérez ha captado la atención de la opinión pública nacional e internacional. Los medios de comunicación y las redes sociales están colmadas de información fragmentada, contradictoria, imágenes confusas y opiniones diversas. El Ejecutivo Nacional ha catalogado de terrorista a Óscar Pérez y de héroes a quienes lo abatieron, mientras buena parte de la ciudadanía habla de la ejecución extrajudicial de un patriota. Inexplicablemente la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido; sin embargo, Luisa Ortega Díaz no tardó en cuestionar duramente la llamada “Operación Gedeón” que resultó en el deceso de 9 personas, incluyendo a dos efectivos policiales. Mientras varias ONG la critican desde la perspectiva de los derechos humanos, no conocemos cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo. La polémica tras la vida de Óscar Pérez está marcando también su muerte.

Muerte y verdad

Pareciera haber consenso en cuanto a la naturaleza de las muertes confirmadas por el ministro Néstor Reverol; sin embargo, el debate es muy acalorado respecto a las circunstancias en las que ocurrieron. En ese sentido los ciudadanos merecemos conocer la verdad, y el Ministerio Público está en la obligación a dar con ella. Ese es el objeto del proceso penal: determinar qué fue lo que sucedió en realidad. No se trata de una petición pura y simple, se trata de una obligación del Estado prevista en la Constitución y del derecho que tienen los familiares de los fallecidos a conseguir del Estado la más elemental justicia.

Crimen y averiguación

La fiscalía y sólo la fiscalía puede abrir, dirigir y terminar una investigación penal. Los órganos policiales dependen de las órdenes y de la supervisión del Ministerio Público y deben actuar siempre conforme a sus lineamientos. Por ello resulta curioso que haya sido el Ejecutivo Nacional, y no un representante de la fiscalía, el que haya emitido un comunicado sobre lo sucedido, más aún cuando cuando manifestaron que las muertes se produjeron durante un enfrentamiento, lo que necesaria e ineludiblemente amerita la intervención de un fiscal de derechos fundamentales para determinar si el uso de fuerza letal estuvo justificado conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad.  

¿Rendición o enfrentamiento?

Solo respondiendo esta pregunta, podemos saber si ocurrió una ejecución extrajudicial. Recordemos que Óscar Pérez, a través de sus redes sociales, fue quien primero informó sobre lo que estaba sucediendo en el Junquito. En los videos difundidos por Pérez, se le puede ver armado y ensangrentado, diciendo que estaba dispuesto a entregarse. No obstante, el ministro Reverol informó que Pérez y otras seis personas fallecieron luego de que iniciaran un enfrentamiento de forma “artera y mal intencionada”.

Ojo por ojo

Incluso los más sanguinarios y crueles asesinos tienen derecho a ser condenados en el marco de un juicio justo. Cualquier otra cosa es barbarie. Adicionalmente debe enfatizarse que el grupo del que Óscar Pérez formaba parte, no era un cuerpo beligerante al que le aplicaran las reglas de un conflicto bélico convencional, según los tratados internacionales sobre las leyes y costumbres de guerra. Dicho de otra forma, el objetivo de la “Operación Gedeón” debía ser únicamente la captura del grupo, pues este no era miembro de una fuerza enemiga, sino de una banda criminal -según la versión oficial- por lo que el resultado sería un estruendoso fracaso, ya que fallecieron tanto funcionarios policiales como presuntos delincuentes. Siendo así, la averiguación del Ministerio Público debe abarcar no sólo los delitos que le atribuyen a Óscar Pérez, sino también las condiciones en que este y otras 8 personas perdieron su vida, más aún cuando el ministro Reverol la ha calificado públicamente como un éxito y el presidente Maduro se ha congratulado por ello.

Colectivos y evidencias contaminadas

El resultado de la “Operación Gedeón” y la presunta participación de personas vinculadas a grupos paramilitares, pone un manto de oscuridad sobre lo ocurrido. Legalmente y desde el punto de vista operativo, las labores de inteligencia y su planificación debían estar reservadas para los organismos de prosecución penal. Lo contrario sería, por un lado, ilegal, y por el otro, riesgoso para la integridad de los funcionarios policiales. No obstante, dirigentes oficialistas han hecho afirmaciones precisas y detalladas sobre lo ocurrido, a pesar de no ser funcionarios del Ministerio Público o de algún cuerpo policial.

Lo preciso era y sigue siendo realizar pruebas balísticas, de explosivos, planimétricas, análisis de contenido y de edición de los documentos audiovisuales divulgados por redes sociales, análisis de telefonía, obtener el testimonio de los vecinos del lugar que presenciaron la balacera, así como de los sobrevivientes y los funcionarios que actuaron en el operativo. Sobre eso se deben sustentar las afirmaciones que el Ministerio Público —no el Ejecutivo Nacional— debe realizar sobre este suceso que nos tiene hablando de terroristas, patriotas y asesinos sin certeza de quién es quién.

El cuerpo del delito

Aunque no siempre es así, en este caso el cuerpo del delito pudiera ser un grupo de cadáveres, pues los cuerpos sin vida de las víctimas de la “Operación Gedeón” pueden tener muchas historias que contar. Por ello la autopsia debió filmarse de acuerdo a las reglas de la prueba anticipada, establecidas en las leyes procesales penales, y deben dictarse medidas preventivas para impedir a toda costa que los familiares o el Estado lleven a cabo una cremación que impida preservar un elemento esencial de la averiguación. Solo así se podrá determinar si la muerte de Óscar Pérez, y el resto de los fallecidos, fue un crimen o un castigo.