En Cuba, desventuras al intentar derrocar un régimen (9-11-2014)

En 1996, motivados por un apetito de venganza, legisladores estadounidenses aprobaron un proyecto de ley promulgando una estrategia para derrocar el Gobierno de La Habana y “asistir al pueblo cubano a recobrar su libertad”. La Ley Helms-Burton, aprobada por el Presidente Clinton, semanas después de que Cuba derribó dos avionetas civiles estadounidenses, ha servido como fundamento para que el Gobierno norteamericano gastara $264 millones de dólares, durante los últimos 18 años, en un intento por instigar reformas democráticas en la isla.

Lejos de haber logrado su objetivo, las iniciativas han resultado bastante contraproducentes. Los fondos han sido un imán para charlatanes, ladrones y buenas pero infructuosas intenciones. Los sigilosos programas han agravado la hostilidad entre las dos naciones, le han dado a Cuba una bonanza propagandística y han bloqueado oportunidades de cooperar en áreas de interés mutuo.

Estados Unidos debe hacer un esfuerzo por promover mayores libertades personales en la isla poblada por 11 millones de habitantes y flexibilizar la rigidez de uno de los gobiernos más opresivos del mundo. Pero tiene que hacerlo mediante una estrategia nueva, producto de la lección de dos décadas de esfuerzos fallidos por desestabilizar el régimen de los Castro.

Durante los últimos años de la administración Clinton, Estados Unidos gastó relativamente poco en programas para promover reformas democráticas en Cuba bajo Helms-Burton. Eso cambió cuando George W. Bush llegó al poder en 2001, con el ambicioso objetivo de liberar pueblos reprimidos en todo el mundo. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por su sigla en inglés, mejor conocida por su labor humanitaria que por misiones furtivas, se convirtió en el principal vehículo para implementar proyectos de reforma democrática en Cuba, donde es ilegal.

La inversión en iniciativas para derribar el gobierno aumentó de unos cuantos millones anualmente, a más de $20 millones de dólares en 2004 durante los primeros años de la administración Bush. La mayoría de contratos se otorgaron sin mayores controles a grupos de cubanoamericanos. Uno invirtió el dinero en una estrategia de lobby internacional, de cuestionable legalidad, para persuadir a gobiernos extranjeros a que apoyaran el impopular embargo que Estados Unidos impone sobre la isla. Otro envió montones de revistas de historietas cómicas a la misión diplomática estadounidense en Cuba, desconcertando a sus funcionarios. El dinero también se utilizó para comprar ropa y comida, pero nunca fue posible verificar cuánto llegó a manos de los familiares de presos políticos, como se tenía previsto.

Según un informe publicado en noviembre de 2006 por la Oficina de Rendición de Cuentas, GAO, por su sigla en inglés, un contratista usó los fondos de programas pro democracia para comprar una motosierra de gas, equipos electrónicos, entre ellos Nintendo Game Boys y Sony Play Stations, una bicicleta montañera, abrigos de cuero, carne de cangrejo, y chocolates Godiva. Al momento de hacer una auditoría, los gastos no fueron justificados.

Adolfo A. Franco, el entonces director de la oficina de América Latina de la agencia de ayuda internacional, defendió los programas durante un discurso en la Universidad de Miami, en abril de 2007, afirmando que estaban contribuyendo al gradual fortalecimiento de la oposición política en Cuba. Argumentó que la agencia debía seguir asumiendo “riesgos calculados”, aunque en el Congreso, varios legisladores dudaban de que los esfuerzos estuvieran dando fruto. “Terminar este régimen es una obligación solemne”, declaró Franco, quien es de origen cubanoamericano.

La investigación de la GAO llevó a que la agencia otorgara un mayor porcentaje de los fondos a organizaciones de desarrollo establecidas, incluidas algunas que propusieron iniciativas ambiciosas. En 2008, el Congreso autorizó $45 millones de dólares para los proyectos, una cifra récord.

Un gran proyecto que comenzó durante la administración Bush para expandir el acceso a Internet en Cuba tuvo repercusiones nefastas para el Gobierno de Obama. Una funcionaria de relativo alto rango del Departamento de Estado visitó La Habana en septiembre de 2009, procurando restablecer el servicio postal y cooperar en asuntos migratorios. La visita representó el contacto a más alto nivel con el Gobierno cubano en varios años.

En diciembre, las autoridades en Cuba detuvieron a un subcontratista estadounidense que viajó a la isla cinco veces como parte de una iniciativa de USAID, fingiendo ser turista, para contrabandear equipo de comunicación que no es permitido en la isla.

En ese entonces, varios funcionarios de USAID y el Departamento de Estado no estaban al tanto de la envergadura y naturaleza de algunos de los proyectos encubiertos. Sin embargo, los cubanos, furiosos tras percibir que Washington tenía una política engañosa de dos fases, asumieron una posición rígida frente al prisionero estadounidense, Alan Gross, quien ha sido condenado a 15 años de prisión.

Funcionarios de USAID y el Departamento de Estado quedaron asombrados al caer en cuenta del tipo de riesgos que se estaban tomando, y algunos argumentaron que era hora de suspender los programas encubiertos, llamándolos contraproducentes. Sin embargo, legisladores cubanoamericanos se resistieron enérgicamente para asegurarse de que siguieran en marcha.

Después del arresto de Gross, la agencia de asistencia no volvió a enviar contratistas estadounidenses a Cuba, pero permitió que las misiones las desempeñaran latinoamericanos, que algunas veces fueron detectados por el servicio de inteligencia cubano.

Una investigación de Associated Press reveló un controvertido programa que se llevó a cabo durante el mandato de Obama. De 2009 a 2012, Creative Associates International, una firma con sede en Washington, desarrolló un sistema de mensajes de texto rudimentario, similar a Twitter, conocido como ZunZuneo. El objetivo del proyecto era proveer una plataforma para que los cubanos pudieran difundir mensajes a una audiencia masiva, un mecanismo que finalmente pudiera haber sido usado para organizar multitudes.

El programa fue abolido en 2012. El contratista estaba pagando miles de dólares a la empresa estatal de telecomunicación, y no hubo manera de convertirlo en un proyecto autosuficiente. AP reveló en agosto que USAID estaba enviando a jóvenes latinoamericanos a identificar personas que pudieran ser “agentes de cambio social”, bajo el pretexto de organizar eventos, entre ellos un seminario sobre el virus VIH. Los contratistas, bajo el mando de Creative Associates International, recibieron un poco de entrenamiento para evadir a agentes de inteligencia, y recibieron $5.41 dólares por hora, por una labor que, fácilmente, hubiera podido llevar a que terminaran en la cárcel.

El dinero estadounidense ha proveído comida y alivio a familiares de presos políticos, y ha generado una red limitada de Internet satelital. Pero ha estigmatizado, más que fortalecido, a la comunidad de disidentes.

En lugar de proyectos encubiertos para derrocar el gobierno, los líderes estadounidenses deben encontrar mecanismos para empoderar al cubano común y corriente, expandiendo oportunidades de estudios en el exterior, organizando más enlaces profesionales, e invirtiendo en las nuevas microempresas en la isla. Es positivo que sigan promoviendo mayor conectividad a Internet, pero deben entender que lograr ese objetivo de manera sustancial exige coordinación con el Gobierno cubano. Más importante aún, Washington tiene que reconocer que a lo único que puede aspirar, es a influir de manera positiva en la evolución de Cuba hacia una sociedad más abierta. Para eso, es más productivo lograr un acercamiento diplomático, que insistir en métodos artificiosos.