En Guatemala, el tema es la impunidad
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. / ESTEBAN BIBA (EFE)
En Guatemala se sigue discutiendo sobre la debilidad del sistema de justicia y la terrible impunidad que prevalece. Son capaces de detener a alguien por un accidente de tránsito pero incapaces de juzgar y condenar los crímenes más graves, especialmente los de la delincuencia organizada y de aparatos clandestinos que atentan contra la institucionalidad del Estado.
El Gobierno actual pareciera que desea tomar todas las medidas posibles que garanticen esta impunidad. Recordemos que fue este presidente, Otto Pérez Molina, quien rechazó la reelección de Claudia Paz como fiscal general, a pesar del desempeño exitoso de sus labores; de igual forma el Partido Patriota hizo alianza con la supuesta oposición, el Partido Líder para manipular la elección de la Corte Suprema con el propósito de garantizar la impunidad de funcionarios de ambos partidos, y por si fuera poco, el presidente Pérez ha anunciado reiteradamente que no piensa aprobar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG.
Algunos rumores internos de Presidencia dicen que hay miembros de su Gabinete y equipo personal que le han llegado a plantear que si la CICIG continúa, los primeros que va a ser investigado y procesado después del 14 a las 14.00 horas serán él y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por todos los escándalos de corrupción que se han repetido cotidianamente durante este gobierno.
Reiteramos que el dilema fundamental de la sobrevivencia del Estado guatemalteco es el de: justicia o impunidad pues mientras no haya una justicia que funcione y garantice todos los derechos de todos los guatemaltecos y que trate a todos con igualdad, Guatemala no podrá consolidar la paz y vivir en armonía ni gozar de un régimen democrático. La justicia y la democracia van inexorablemente de la mano y no se puede tener una sin tener la otra, y en Guatemala hemos creado la ficción de la justicia y tenemos un modelo de democracia casi colapsado que implicaría un modelo fracasado de estado.
En el pasado decíamos que una justicia “controlada” (por una élite) no es justicia ya que violenta el principio de igualdad ante la ley. Pero hoy la situación es peor aún, hay quienes pretenden consolidar un régimen total de impunidad que sea incapaz de reaccionar ante lo que sucede y por supuesto incapaz de investigar y procesar a los responsables de crímenes que atentan contra la estabilidad del estado. Este hecho fue lo que provocó la iniciativa de CICIG, que surgió de la Sociedad Civil como un clamor desesperado para frenar la impunidad.
Hoy, los últimos acontecimientos de corrupción en aduanas y en la SAT nos confirman todo lo que preveíamos, se demuestra que la impunidad surge de los más altos niveles del gobierno que generan escándalos que todo mundo reconoce y que sólo se descubrieron por la acción efectiva de la CICIG.
Hoy que vemos este grave escándalo que involucra a la cúpula de la SAT y llega hasta el secretario privado de la vicepresidenta, cabe preguntar: ¿por qué ante esta estafa millonaria en la que se repartían entre 2.5 y 3 millones por semana, la Juez de Primera Instancia los deja libres con una fianza de 200.000 quetzales, unos 25.000 dólares, una cantidad absurda en relación con el monto estafado?
¿Por qué la vicepresidenta dice que llamó a su Secretario Privado para pedirle que se entregara a la justicia, y este se encuentra fugado y ella no expresa consternación? A cualquier funcionario decente de un país democrático le hubiera generado tanta vergüenza que renunciaría del cargo pues, en el Estado, el jefe de una institución debe asumir la responsabilidad de sus subalternos o demostrar en el proceso judicial que no tuvo relación con los hechos, pero no basta que diga “ yo no sabía”.
También sorprende que la supuesta oposición el Partido Líder sólo plantea la creación de una comisión investigadora y no manifiesta ninguna sorpresa por los acontecimientos, aún más su candidato a las elecciones se mantiene en silencio, esto parece confirmar que entre el Patriota y el líder existe una alianza, pero no de principios políticos sino para garantizarse mutuamente la impunidad en el próximo periodo. Lo cual nos plantea un triste dilema para las próximas elecciones. Es cierto que ninguno de los otros partidos contendientes a las elecciones pareciera querer tomar la iniciativa de convocar a la protesta social por estos hechos, lo cual también es un signo preocupante. En este contexto qué sentido pueden tener para el pueblo de Guatemala las próximas elecciones y las diferentes candidaturas que se plantean. El camino de transformación del país es otro.
Parte de la impunidad es que todo mundo ve a los responsables operativos de la corrupción pero no hay que olvidar a los usuarios de la “línea” que deben ser investigados y procesados, sea quien sea.
Queda claro que la renovación del mandato de CICIG es necesaria y urgente, y que hoy en particular el presidente no podrá encontrar excusas para no reanudarla, pues de no hacerlo así quedaría claro que se trata una vez más del encubrimiento de la corrupción de algunos funcionarios de este Gobierno que de todos modos podrán ser perseguidos, enjuiciados y encarcelados en otros ámbitos.
Frank LaRue es Director de Robert F Kennedy Human Rights en Europa.
