En agosto de 2011 el expresidente Hugo Chávez recibió la propuesta del entonces presidente del Banco Central, Nelson Merentes y de Jorge Giordani, quien estaba al frente del Ministerio de Finanzas, de traer a Venezuela en un “plazo máximo de dos meses” las barras de oro que formaban parte de las reservas internacionales de la nación.
La urgencia, como afirmó el gobierno en avisos de prensa después de aprobada la medida, se debía a que el oro, depositado en bancos extranjeros como JP Morgan, Barclays, BNP Paribas y Standard Chartered, corría peligro por “la crisis del sistema capitalista”.
La narrativa se centró en que la economía de Estados Unidos se tambaleaba y crecía a un ritmo muy bajo, mientras que la zona euro era muy riesgosa por el elevado endeudamiento de Portugal, España e Italia.
Once años después, las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central utiliza para pagar importaciones, cancelar la deuda de la república y ofertar dólares a la economía se ubica en mínimos históricos tras la venta de buena parte del oro y el ínfimo monto del efectivo.
Tras no ahorrar durante el tiempo de los altos precios del petróleo, un corrupto control de cambio, cuatriplicar la deuda externa, sufrir una catastrófica caída de la producción petrolera y el impacto de las sanciones de Estados Unidos, la columna vertebral de las reservas internacionales está disminuida.
En marzo de 2021 Julio Borges, en su rol de delegado del entonces presidente interino Juan Guaidó, denunció la venta de oro a Rusia, Mali y los Emiratos Árabes Unidos.
En sus estadísticas el Banco Central añade a las reservas 5 mil 121 millones de dólares que corresponden a Derechos Especiales de Giro que el Fondo Monetario Internacional repartió a sus miembros, pero que la administración de Nicolás Maduro no puede utilizar.
Organismos internacionales y una larga lista de países considera ilegítimas las elecciones con las que Nicolás Maduro se reeligió en 2018 y mantienen sanciones que limitan la capacidad de maniobra del gobierno.
Un detalle importante es que a fin de utilizar el oro como garantía para recibir préstamos, el gobierno dejó en el exterior parte de los lingotes y, de las 69 toneladas que el Banco Central incluye en las reservas, 31 toneladas están en manos del Banco de Inglaterra que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente.
Aparte de las reservas el Banco Central y el gobierno cuentan con las divisas que aportan las exportaciones petroleras, pero tras años de pésima gerencia, corrupción rampante y las sanciones de Estados Unidos, la producción se ha estancado en torno a 700 mil barriles diarios, la cuarta parte de lo que era antes de la llegada del chavismo al poder.
Para aumentar el ingreso de dólares la administración de Nicolás Maduro recurre a la explotación frenética de oro en el Arco Minero del Orinoco desatando un proceso de deforestación y ríos contaminados. A pesar de esta desordenada y costosa estrategia la inestabilidad y la vulnerabilidad de la economía no cesan.
Bolívares derretidos
El ínfimo nivel de las reservas que el Banco Central está en capacidad de utilizar, el más bajo en términos nominales desde septiembre de 1974 y el reducido flujo de divisas, se traducen en pocos dólares para intervenir en el mercado cambiario. Al mismo tiempo, el gobierno le pide al Banco Central que lo financie creando bolívares.
El resultado es un ciclo vicioso en el que la moneda se hunde y los venezolanos se empobrecen: cuando los bolívares que el Banco Central entrega al gobierno ingresan a la economía rápidamente son utilizados por las empresas y los particulares para comprar dólares y, como la oferta es muy pequeña, el bolívar se deprecia continuamente.
Macroconsultores precisa que el año pasado el dinero creado por el Banco Central, en buena medida para financiar al gobierno, creció 563% y el colapso de la moneda es notorio: la primera semana de octubre de 2022 los venezolanos podían comprar un dólar con 8 bolívares en el mercado oficial y hoy necesitan 23,6 bolívares.
En Venezuela, donde las empresas y los comercios calculan costos y precios en dólares, la pérdida de valor del bolívar respecto al dólar tiene impacto inmediato: como los precios están fijados en dólares, rápidamente se comienza a pedir más bolívares por los productos y servicios.
Otro factor a tomar en cuenta es que aparte de elevar la demanda de dólares, la inyección de bolívares por parte del Banco Central se traduce en más bolívares detrás de pocos productos, una dinámica que también impulsa los precios. El resultado es que el país se asoma al precipicio de la hiperinflación.
Según la definición clásica un país se hunde en la hiperinflación cuando los precios aumentan 50% en un mes y según el Observatorio Venezolano de Finanzas la inflación de enero fue de 39,4%, un nivel que enciende las alarmas. El Banco Central oculta las estadísticas oficiales.
José Guerra, exgerente del Banco Central y diputado en el parlamento elegido en 2015, afirma que “si el Banco Central continúa creando dinero al ritmo en que lo está haciendo para financiar al gobierno el país está en riesgo de caer en la hiperinflación”.
El cohete
Gracias a la licencia otorgada a Chevron para que amplíe sus operaciones en Venezuela se espera que la producción petrolera aumente a lo largo del año y que el Banco Central cuente con algo más de caja para incrementar la oferta de dólares, pero las proyecciones apuntan a un dólar que seguirá escalando.
El reporte de enero de Focus Economics, que reúne las proyecciones de distintos bancos y consultoras como Torino Capital, UBS y Oxford Economics, indica que en promedio se espera que el dólar culmine este año en 44,6 bolívares.
Algunas consultoras están ajustando sus proyecciones en vista del entorno actual. En su informe de la semana pasada Dinámica prevé que el dólar culmine este año en 62,50 bolívares en el mercado oficial y en 64 bolívares en el mercado paralelo.
Los trabajadores públicos, que cobran salarios en torno al equivalente a 20 dólares al mes, comenzaron el año protestando en las calles y el gobierno evalúa conceder un bono indexado al dólar.
La idea en estudio es que el bono contra la guerra económica que comenzaron a recibir trabajadores públicos, jubilados y pensionados, por montos equivalentes a 30, 20 y 15 dólares se ajusten de acuerdo al aumento en la cotización del dólar.
Síntesis Financiera afirma en su reporte Briefing Financiero que de concretarse la indexación del bono, para tratar de aplacar las protestas, el gobierno tendrá que recurrir a la emisión de bolívares del Banco Central.
“Con ingresos fiscales ordinarios insuficientes, luce imposible financiar la indexación de las remuneraciones sin recurrir al Banco Central”, dice el reporte y añade que “la indexación exacerbaría la espiral de inflación- devaluación, pero es imposible pensar en mantener niveles de remuneración tan precarios”.
La insolvencia
El exiguo nivel de las reservas internacionales y lo reducido del ingreso petrolero implican que Venezuela tendrá que reestructurar la pesada deuda en dólares que no paga desde 2018. Los atrasos en el pago de capital e intereses por la deuda en bonos del Estado suman 48 mil millones de dólares al cierre de enero de este año.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello calcula que el monto de la deuda por bonos, préstamos de China y los casos pendientes y sancionados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), suma 200 mil millones de dólares.
“Los niveles absolutos y relativos que ha alcanzado la deuda del sector público hacen imposible la sostenibilidad de las finanzas públicas en Venezuela. Es obvio que el país debe afrontar un proceso largo y complejo de reestructuración y negociación de esta deuda, pero esto solo es posible en un contexto de estabilidad política e institucional” dice el Instituto.
