En Venezuela, el Estado criminaliza la solidaridad
Con el acoso y persecución que el gobierno está llevando a cabo en contra las ONG humanitarias se está criminalizando la solidaridad y poniendo límites, desde el poder, al derecho que todo ser humano tiene de hacer el bien; esto, en un país donde una gran mayoría vive del milagro de la solidaridad ante la ausencia del Estado de derecho.
Después de haber expropiado y quebrado un importante número de empresas productivas en las distintas áreas de la economía; de haber acosado, perseguido, cerrado y comprado medios de comunicación para ponerlos al servicio de sus intereses; después de haber reducido e inhabilitado a los partidos políticos emblemáticos de oposición y perseguido a sus líderes y militantes, así como a sindicatos, gremios y organizaciones artísticas y culturales no alineadas con el poder, este 2021, tal como lo advirtió el año pasado la historiadora Margarita López Maya, el régimen venezolano ha puesto en marcha una estrategia de persecución y hostigamiento a las llamadas organizaciones del tercer sector, tales como medios de comunicación alternativos, organizaciones de derechos humanos y, más recientemente, las organizaciones humanitarias.
El caso más emblemático es el allanamiento a la sede de la organización Azul Positivo, en Maracaibo, y la detención arbitraria de cinco de sus integrantes. Azul Positivo es una agrupación con más de 16 años de trabajo en el área de salud y asistencia social, aliada de importantes agencias de las Naciones Unidas como Onusida y Acnur. Como lo señaló el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, en un audio explicativo que circuló por Whatsapp, “no son ningunos advenedizos sino un grupo de personas comprometidas con el sufrimiento de los abandonados por el Estado venezolano”.
El programa por el que se detuvo a los cinco miembros de Azul Positivo y se les abrió juicio arbitrariamente es el de transferencias monetarias directas a familias vulnerables, que usa como medio las tarjetas inteligentes para la compra de alimentos y víveres. La fiscalía acusó a los activistas de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
El mismo Alí Daniels, de manera pedagógica y magistral, desmonta cada uno de los señalamientos. En cuanto a la legitimación de capitales, cita el artículo 4, numeral 15, de la ley sobre el tema y apunta lo siguiente: “Este delito tiene dos supuestos, primero que el origen de los fondos sea ilícito y en segundo lugar que se pretenda esconder o aparentar que esos capitales o bienes son legales…Aplicado esto a Azul Positivo resulta evidente que no existe legitimación de capitales porque los fondos, como se ha dicho, provienen de la cooperación internacional, y en segundo lugar porque el dinero no se mantiene en manos de los responsables de la organización, sino que termina como alimentos para los beneficiarios, de modo que no queda nada que legitimar”. Respecto al uso fraudulento de tarjetas inteligentes, muestra fehacientemente la transparencia del proceso, al tener identificados los beneficiarios y los comercios del programa, por lo que “no necesita manipular las tarjetas por las que se ejecutan las transacciones ni alterar sus montos”. De esta manera, para el abogado, el tercer señalamiento cae por sí solo, porque si no hay delito no puede haber “asociación para delinquir”, concluyendo que “la detención de los trabajadores humanitarios no sólo es injusta, sino que es, sobre todo, inmoral”.
Hay, pues, en este caso, intereses oscuros por parte del Estado que, por la vía de imputaciones injustas e inmorales, busca sacar del juego a organizaciones humanitarias que, con su trabajo cotidiano, están salvando la vida de muchos venezolanos, y en el caso de Azul Positivo, en una de las entidades más golpeadas y destruidas por la acción gubernamental, el Zulia.
Más de 100 ONG humanitarias y de derechos humanos han desplegado una importante campaña de solidaridad nacional e internacional, que incluye la difusión de comunicados conjuntos y la realización de protestas, para exigir la liberación de los miembros de Azul Positivo y sensibilizar a la población respecto a lo que ocurre. Carolina Jiménez, directora adjunta para las Américas de Amnistía internacional, alertó en su cuenta de Twitter que “una vez más hay que recordarlo: en Venezuela un tercio de la población está en situación de inseguridad alimentaria. Criminalizar a quienes trabajan para mitigar el hambre no sólo es ilegal, es cruel. Población en situación de inseguridad alimentaria, 1 de cada tres venezolanos; trabajadores humanitarios detenidos arbitrariamente por combatir el hambre: 5”.
Por su parte, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Venezuela (OCHA-Venezuela) envío un mensaje a sus socios en el terreno, en el cual informa que “desde que se produjo en incidente con la ONG Azul Positivo, el Sistema de Naciones Unidas ha establecido contacto y está haciendo seguimiento con las autoridades relevantes para resolver la situación, especialmente insistiendo para que los cinco trabajadores puedan ir a sus casas lo antes posible”. Este, junto a otros mensajes diplomáticos de ONU Venezuela, fue replicado con mucho tino y claridad por el periodista Chúo Torrealba: “Lamento este mensaje estreñido de ONU Venezuela. Los trabajadores humanitarios de Azul Positivo no enfrentan una ‘situación’ sino una detención arbitraria, y reclamamos no solo excarcelación sino libertad plena y respeto al trabajo humanitario”.
Lo que hoy conocemos en el mundo como “trabajo humanitario” es lo que, desde sus inicios, la Iglesia llama “obras de misericordia”, las cuales están fundamentadas en la cita del evangelio de Mateo 25,31-46: “Vengan benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes…porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber; fui inmigrante y me acogiste; estuve desnudo y me vestiste; enfermo y me visitaste; en la cárcel y viniste a mí”; estas obras también son una de las razones de la elección de los siete primeros diáconos, quienes se distinguieron por el servicio a los más pobres: “Buscad, pues, hermanos, de entre ustedes a siete personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo” (Hch 6, 3).
Hoy, en Venezuela, el derecho de toda persona a hacer el bien está siendo criminalizado y las obras de misericordia, mandato sagrado de cuidar y respetar la vida, se han convertido en una amenaza para el poder, pues son una luz que pone al descubierto sus miserias. Quién sabe si en estos días, nuestro beato José Gregorio Hernández, que pasó por esta tierra salvando vidas y dedicado a los pobres, sería, también, señalado y perseguido por ayudar a quienes más lo necesitan.
