España 2025, España eterna

   Ilustración de Alejandra Svriz.

España ha progresado mucho en los últimos 25 años. Pero hay cosas que no cambian. En 2000 no hablábamos tanto de religión y Franco, que como dice Daniel Gascón entonces estaba muerto y ahora está vivo. Hoy han vuelto la blasfemia y el dictador. 

Porque el año empezó con una blasfemia. No hace falta que la explique. La presentadora de las campanadas en TVE mostró una estampita heterodoxa. La Asociación Abogados Cristianos saltó a la primera y denunció. Abogados Cristianos puede denunciarte por no decir «¡Jesús!» cuando tu mujer estornuda. Si dices salud o alguna otra opción pagana, acabarás en el banquillo. Hace años, pensaba que había cierto consenso en las élites intelectuales de que debía desaparecer el delito de blasfemia (porque no puede llamarse de otra manera al delito contra los sentimientos religiosos). Hoy no lo tengo tan claro. Hay muchos partidarios de que se persiga judicialmente la blasfemia por convicción, pero también por posicionamiento: en la guerra cultural todas las armas son legítimas.

El Gobierno ha anunciado que quiere acabar con el delito contra los sentimientos religiosos, pero también anunció que acabaría con la ley mordaza… en 2018. Podemos hablar durante horas sobre la hipocresía de un Gobierno que quiere eliminar el delito de blasfemia a la vez que añade nuevos delitos de odio al Código Penal. Pero eso no hace menos necesario acabar con una medida tan iliberal y arbitraria. 

El profesor de Derecho Constitucional Víctor Vázquez dice que «el artículo 525 constituye un sucesor del viejo tipo penal de escarnio de la religión adaptado a las exigencias constitucionales». Es la blasfemia 2.0. Vázquez cree que este artículo «se trata de un tipo penal cargado de subjetivismo –se protegen los sentimientos–, en el que es complicado determinar la existencia real de un daño, y que, a su vez, exige un ánimo específico muy difícil de constatar en la práctica».

«El Gobierno prefiere no esperar a 1977, las primeras elecciones democráticas, quizá porque no estará en el poder ya»

Y luego Franco. En la Ley de Memoria Democrática que aprobó el Gobierno, las violaciones de derechos humanos de la dictadura y la Transición duraron entre 1936 y 1983 (una extensión temporal que negoció con Bildu, que quería que se incluyera la guerra sucia contra ETA). Ahora el Gobierno celebra los 50 años de libertad que inauguró la muerte de Franco, obviando que la dictadura no acabó con la muerte del dictador. La efeméride aquí tiene como objetivo recalentar y reformular por enésima vez la dictadura para usarla en las batallitas culturales del presente. El Gobierno prefiere no esperar a 1977, las primeras elecciones democráticas, quizá porque no estará en el poder ya. Pero también porque al hablar de Franco puede hablar de la dictadura en vez de la democracia. Como escribió Miguel Aguilar, preferimos ser nietos de la Guerra Civil que hijos de la democracia. 

Es una estrategia peligrosa, y el Gobierno lo sabe porque ya ha visto sus consecuencias estos años. Quizá los que no vivieron el franquismo lo empiezan a conocer a través de la burda instrumentalización del Gobierno. El Gobierno no podrá controlar el relato una vez abierta la caja de los truenos (otra vez). Sabe que abriéndola saldrán monstruos. Si Franco sigue vivo, su antifranquismo selectivo también. Feliz Año de la Resurrección.