España: El retorno del bipartidismo

No hay que darle más vueltas. Tras los resultados de las elecciones del pasado día 20, no existen más que dos posibilidades teóricamente válidas: la primera consistiría en formar un Gobierno tripartito de coalición entre el PP, el PSOE y C’s, rompiendo así con el anquilosamiento parlamentario que impide en nuestro país, a diferencia de otras democracias, disponer de Gobiernos de coalición, es decir, como diría Adolfo Suárez, habría que elevar a la categoría política de normal en España, lo que a nivel europeo es plenamente normal. La segunda posibilidad, mucho más problemática, sería la de intentar integrar en un Gobierno, alrededor del PSOE y Podemos, al mosaico de partidos nacionalistas y separatistas que desde luego no reivindican más que intereses localistas. Veamos de cerca estas dos posibilidades, a través de los conceptos de investidura del Presidente del Gobierno y de la acción del Gobierno elegido, es decir, de la gobernabilidad.

En cuanto a la investidura (son necesarios 176 diputados) es claro que la podría lograr de forma sólida el presidente Rajoy (o su sustituto) si el PP logra formar la gran coalición junto con el PSOE y Ciudadanos. Respecto al Gobierno-mosaico es cierto que también la podría conseguir, aunque de forma efímera, en la primera o en la segunda votación, si presenta un candidato que sea apoyado por los partidos de izquierda (PSOE y Podemos) más los nacionalistas y separatistas.

Ahora bien, no basta con obtener la investidura, salvo que ésta sea realmente sólida, porque lo importante es la gobernabilidad, esto es, la posibilidad de que un Gobierno pueda llevar a cabo una política de reformas, económicas, legales y constitucionales, algo que únicamente lo podría conseguir el Gobierno tripartito por la sencilla razón de que dispondría de la necesaria mayoría absoluta para lograr la investidura a la primera, para legislar después por medio de leyes orgánicas y hasta podría disfrutar de las mayorías cualificadas necesarias para modificar la Constitución y los Estatutos y leyes orgánicas.

En efecto, las cifras de 253 diputados y de 215 senadores que suman los tres partidos permiten que se dé una ocasión única en España para llevar a cabo las reformas que se necesitan, para mantener una situación económica estable que no ahuyente a los inversores extranjeros, para atajar el escandaloso paro, para luchar contra la corrupción y para hacer frente al separatismo catalán. Esto es lo que pide la mayoría de los electores y lo que se debería plasmar en un programa pactado. Pero por desgracia es casi seguro que perdamos esta ocasión a causa de los personalismos dentro de los partidos y de los odios seculares entre tirios y troyanos que nos devuelven al tradicional guerracivilismo. hispano. Ante este supuesto no cabe sino afirmar que el hombre no es un animal racional, sino un animal que tiene capacidad de razonar, pero que unas veces la usa y otras no. En este caso, los políticos parece que responden a lo que Salvador Pániker expresa cuando afirma que nuestro defecto nacional es que nadie escucha a nadie ni nadie quiere cambiar sus paradigmas.

Vayamos ahora al segundo supuesto que se refiere a la coalición de izquierdas con nacionalistas o separatistas. En este caso, es posible, como he dicho, que se logre la investidura al menos en la segunda votación. En otras palabras, es posible que el sueño dorado de algún candidato de pisar la moqueta de la Moncloa se lograse. Pero sería un sueño muy corto, porque ese Gobierno ni podría gobernar ni estaría libre de que se le sometiese a una moción de censura, incluso con algunos diputados tránsfugas. En efecto, este Gobierno de izquierdas naufragaría por insuficiencia de votos. Desde luego, sus posibles 186 diputados le darían la posibilidad de la investidura e incluso la de aprobar cualquier proyecto de ley, incluso orgánica, en la Cámara Baja. Pero las izquierdas (y también C’s) se han olvidado de que en este país para poder gobernar por ahora es necesario contar con la mayoría absoluta no sólo en el Congreso, sino también en el Senado. En consecuencia, un eventual Gobierno de izquierdas únicamente dispondría de 118 senadores, (el PP por sí solo tiene 145), lo que significa que no podría aprobar fácilmente leyes orgánicas ni modificar la Constitución, puesto que la mayoría absoluta en el Senado es 134. Yo no sé si los mandarines de la izquierda, comenzando por Pablo Iglesias, han echado estas cuentas. Pero si es así es que desprecian entonces las reglas del Estado de Derecho, lo que es mucho más grave, porque piensan saltar por encima de ellas.

Por lo demás, hay un hecho decisivo, a juicio de la mayoría de observadores, que es consecuencia del diabólico resultado de las elecciones y que parece demostrar que el bipartidismo se ha acabado en España. Por lo pronto, la existencia ahora de cuatro partidos nacionales importantes parece atestiguarlo así, al menos en lo que se refiere a todos los comicios celebrados en el año 2015. Craso error, sin embargo, porque si realizamos un examen más profundo de la cuestión cabe sostener que el bipartidismo no ha desaparecido de forma definitiva, sino que por ahora simplemente se ha debilitado.

Así es: mientras que no se reforme la ley electoral a fin de igualar lo más posible las actuales circunscripciones, que se corresponde con las provincias tradicionales, lo normal es que sean los dos partidos más fuertes en ellas los que se lleven el gato al agua, pues nuestro sistema electoral es imperfectamente proporcional. Pero no, como se dice con tanta frecuencia, a causa de la fórmula inventada por el jurista belga Victor d’Hondt, pues se trata de un método sencillo y eficaz para convertir los votos en escaños. Sino que la razón de la desigualdad del valor de los votos depende de la diferente población en cada una de las provincias, pero en ningún caso se debe a la fórmula de d’Hondt, que es muy adecuada para repartir proporcionalmente los votos, siempre que haya un número mínimo suficiente de electores. De ahí que cuando se trata de una circunscripción única nacional, como ocurre en las elecciones europeas, el resultado es muy justo proporcionalmente, como sabe perfectamente Pablo Iglesias.

Sea lo que sea, cabe afirmar que no hay ningún sistema electoral -mayoritario o proporcional- que sea totalmente justo. En cualquier caso, su adopción depende de lo que se prefiera entre dos opciones: la gobernabilidad o la representatividad. Ciertamente, si lo que se busca, como en los países anglosajones, es que exista una estabilidad gubernamental por encima de una mayor representatividad parlamentaria, se debe optar por un sistema mayoritario. Pero si, por el contrario, lo que se desea es que estén representadas todas las principales opciones políticas de un país en el Parlamento, no hay más remedio que pronunciarse por alguno de los sistemas proporcionales existentes.

Ciertamente, en el caso español, los constituyentes se decidieron, en cuanto al Congreso de los Diputados, por un sistema proporcional, aunque en lo que respecta a más de la mitad de las circunscripciones, que poseen escasa población, la fórmula de d’Hondt funciona más bien como un sistema mayoritario, mientras que en las provincias de mayor densidad de población es propiamente un sistema proporcional.

En cualquier caso, el hecho es que este sistema de naturaleza mixta favorece sobre todo a los grandes partidos, al bipartidismo y a la gobernabilidad. Al menos ha sido así hasta ahora en las diez elecciones que se han celebrado en España hasta el año 2015. Sin embargo, la influencia del actual sistema electoral no ha sido lo suficientemente fuerte para evitar que en las elecciones de este año hayamos pasado de dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE) a cuatro (PP, PSOE, Podemos y C’s). ¿Significa entonces que esto va a ser siempre así? Probablemente no a causa de dos razones: primero, porque las circunstancias extraordinarias que han hecho cambiar el comportamiento de muchos electores a favor de los dos partidos emergentes no se darán posiblemente en el futuro. Y segundo, porque mientras no se modifique el tamaño de las circunscripciones para igualarlas lo más posible, la tendencia normal es la que siempre se ha impuesto hasta ahora. Luego si se quiere acabar con el bipartidismo para adoptar un sistema más plural, en el que ningún partido por si solo pueda gobernar, es necesario modificar la Constitución y la ley electoral. Por consiguiente, sería posible conseguirlo en la legislatura que se va a inaugurar el 13 de enero, siempre que se cuente con la mayoría absoluta o cualificada tanto en el Congreso como en el Senado, capacidad que puede tenerla un Gobierno de coalición tripartito, pero de la que carece un eventual Gobierno-mosaico de izquierdas.

En definitiva, la consecuencia de todo lo dicho es, por un lado, que no hay voluntad para formar el Gobierno tripartito (PP, PSOE y C’s), lo que sería lo mejor para España y, por otro, que tampoco es posible formar la coalición de izquierdas y nacionalistas, por lo que no queda más que una sola posibilidad: las elecciones lo antes posible. Y eso significa que tal y como están las cosas, lo más probable es que vuelva el bipartidismo, puesto que no se habrá reformado la ley electoral. Por tanto, la consecuencia lógica es que se impondrá el voto útil. Lo cual significa que el PP se mantendrá o mejorará su resultado absorbiendo casi por completo al titubeante partido de Ciudadanos. Mientras que en la izquierda, Podemos acabará engullendo al PSOE y a IU para ser quien gobierne o quien ejerza el liderazgo de la oposición. Dicho de otro modo: el viejo bipartidismo fue expulsado por la puerta y el nuevo puede volver a entrar por la ventana.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro es El naufragio del Estado de las Autonomías (Iustel).