Las penalizaciones suponen la congelación de los activos en EE UU de los ocho individuos y la prohibición a ciudadanos estadounidenses a hacer transacciones con ellos. Representan una escalada de la posición de la Administración Trump, que lleva semanas criticando el deterioro político en Venezuela —ha habido al menos 44 muertos en las protestas callejeras de las últimas seis semanas tras anunciar Maduro la voluntad de redactar una nueva constitución que aísle a la oposición—, pero sin adoptar ninguna nueva represalia contra el país caribeño.
Poco antes de anunciarse las nuevas sanciones, Trump alertó del “estado de deterioro en Venezuela”. “Es sobre todo una crisis humanitaria. La gente no tiene comida, no tiene medicinas, es una situación que no veíamos desde hace mucho tiempo”, dijo el presidente en una rueda de prensa con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. “América se mantendrá unida a los países del hemisferio para encontrar una solución a la crisis”, agregó.
El Gobierno, según explicó a la agencia Reuters un funcionario estadounidense, tiene previsto adoptar nuevas medidas en el futuro contra “malos actores” en Venezuela.
En la tercera semana del republicano en la Casa Blanca, el Tesoro incluyó el pasado febrero al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, en su lista negra de sancionados por su “significativo papel en el narcotráfico internacional”, lo que le convirtió en el funcionario venezolano de más alto cargo en ser castigado por Washington.
Maikel José Moreno Pérez es desde el pasado febrero el presidente del Supremo venezolano, que ha afianzado en los últimos meses su politización. Moreno es un personaje polémico. Poco antes de asumir el cargo, ratificó la condena al opositor Leopoldo López de casi 14 años de prisión por su participación en las protestas contra Maduro en 2014. Y en 1987, fue acusado de haber asesinado a una mujer en el sur de Venezuela.
El Tesoro justifica las nuevas sanciones en algunas de las sentencias de los últimos meses del Supremo venezolano. Por ejemplo, menciona la decisión el pasado enero de que Maduro diera su discurso anual en el Supremo y no en la Asamblea Nacional como establece la Constitución. O la designación en diciembre del año pasado por parte del poder judicial de miembros del Consejo Electoral Nacional, una función que suele corresponder a la Asamblea Nacional.
“El pueblo venezolano está sufriendo una economía en colapso por la mala gestión y corrupción de su gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo han exacerbado la situación al interferir de forma consistente con la autoridad de la rama legislativa”, señaló el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en un comunicado.
A principios de abril, el Gobierno de Maduro autorizó al Supremo a revisar la legislación penal, civil y militar del país. También a asumir las competencias del Parlamento “mientras persista la situación de desacato e invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”. Sin embargo, rectificó parcialmente a los pocos días ante la presión de las calles y de la comunidad internacional.
El Tesoro congela sus activos en EE UU por dictar sentencias que usurpan la autoridad a la Asamblea Nacional