Martha Alvarado recuerda la alegría que sintió cuando le informaron que le entregarían un reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer, el ocho de marzo de 2020. Pronto esa emoción se convirtió en rabia, porque un día antes de la ceremonia varias patrullas de la Policía Nacional se apostaron afuera de su vivienda para impedirle que saliera.

Llegaron a las seis mañana del siete de marzo, colocaron una patrulla frente al portón principal de su casa para impedir que cualquiera saliera o entrara al lugar. Salió a reclamar indignada a los oficiales y una de las policías le respondió que se metiera porque ellos “solo seguían órdenes”.

No es la primera vez que permanecía encerrada. El hecho le recordó los nueve largos días que permaneció atrapada en la iglesia San Miguel de Masaya, en noviembre de 2019, cuando junto con otras mujeres inició una huelga de hambre exigiendo la liberación de sus familiares presos políticos. En esa ocasión, decenas de policías y turbas sandinistas impidieron la entrega de víveres a las personas que estaban dentro de la iglesia, ni les dejaban salir.

Alvarado exigía la liberación de su hijo Melkissedex Antonio López, ahora excarcelado. “La dictadura me tuvo preso a mi hijo 386 días. Yo anduve en las calles, estuve en huelga de hambre en la (parroquia) San Miguel encerrada y me empezó a impedir mi libertad de salir de mi propia casa”, detalla.

Después de esa ocasión, los policías empezaron a llegar viernes, sábado y domingo a su vivienda, ubicada en el Distrito VII de Managua. Permanecían horas afuera “asediando e intimidando”.

Sin embargo, desde el cuatro de diciembre, que fue electa como suplente de los representantes del sector de los territorios de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el asedio policial incrementó.

“Ahora vienen diario, pasan afuera de mi casa de lunes a lunes intimidando al que se quiera acercar. No me dejan salir a la calle. Se van hasta las cuatro de la tarde, por lo que me tienen prácticamente presa”, afirma.

A sus dos hijos los dejan salir, pero los persiguen cuando van a la calle. “Es un acoso permanente para toda la familia”, valora.

La madrugada del 31 de diciembre los policías llegaron a las cinco de la mañana a requisar la vivienda, sin una orden judicial, ni explicaciones. Una vez más le dijeron que “son órdenes de arriba”.

“Todos en la casa vivimos estresados con esta situación. Los deje entrar para que se convencieran que no tenemos nada malo porque no somos delincuentes. Aquí viven seis niñas y no es justo que vean este acoso”, reclama Alvarado.

“Llevo 40 días presa en mi casa”

“Nos les basta tener a mi hermano preso y todavía vienen a joder aquí. Me tienen secuestrada en mi propia casa… desgraciados asesinos”, gritó Karen Lacayo, hermana del reo político Edward Lacayo conocido como “la Loba”, el 12 de diciembre de 2020, en un video que grabó con su teléfono celular.

El cansancio y la desesperación provocaron que Lacayo se enfrentara a los policías que asedian su vivienda en el barrio Monimbó, de Masaya. Pero la pesadilla no terminó. “Llevo cuarenta días presa en mi casa”, denuncia.

Lacayo lamenta que no puede salir a dejar la paquetería a su hermano, encarcelado desde el 15 de marzo de 2019.

A las seis de la mañana del 31 de diciembre, policías antimotines rodearon su vivienda. Esthela Rodríguez, madre de Karen y Edward, fue aventada cuando intentó salir a comprar pan y leche.

“Estamos secuestradas en nuestra propia casa, sin ninguna explicación”, reclama Lacayo. Esa misma noche, durante la celebración de fin de año, los policías seguían asediando. “Estaban en actitud combativa, y querían impedir que me sentara afuera de la casa”, describe Lacayo.

“Metete, metete”, es todo lo que le decían.

El hostigamiento permanente también limita las visitas de familiares y amigos. “Al que llega lo revisan al entrar y al salir. Cuando preguntan por qué, les responden que porque soy tranquera”, relata Lacayo.

Antes la dejaban salir de su casa, pero la perseguían a todos lados. “En una ocasión, en Managua, me detuvieron y me fueron a subir al bus de regreso a Masaya a la fuerza, se vinieron conmigo, me tomaban fotos”, cuenta.

Sin embargo, no desiste de su demanda. “Seguiremos resistiendo hasta lograr la liberación de mi hermano y de todos los presos políticos. Que sigan afuera de la casa no va a impedir que sigamos denunciando y luchado”, sostiene.

Imposición de “casa por cárcel”

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene el asedio contra opositores en varias ciudades de Nicaragua desde el estallido social en abril de 2018. Sin embargo, desde mediados de 2020, el asedio y la modalidad de “casa por cárcel” han incrementado. El recrudecimiento coincide con la movilización de las plataformas opositoras para organizarse en los territorios ante unas eventuales elecciones y la resistencia cívica contra el estado policial.

Las organizaciones han realizado encuentros en municipios y departamentos para establecer consejos o delegaciones; aunque las reuniones se han dado en un ambiente de asedio, intimidación y violencia por parte de la Policía y simpatizantes orteguistas.

“La dictadura sigue ampliando sus modalidades de represión y violación de derechos humanos al tener a muchos opositores encerrados en sus casas, con el objetivo de impedir que la gente se organice de cara a un posible proceso electoral y para generar temor entre la población”, denuncia la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El régimen, afirma, pretende sembrar el mensaje de que “es el dueño hasta de tu privacidad, de tus decisiones”. Es, subraya, “un acto perverso”.

La jurista y académica integrante de la Alianza Cívica, María Asunción Moreno, explica que “no existe argumento ni base legal que faculte a los agentes policiales para impedir la libre movilización o circulación de los nicaragüenses en el territorio nacional de la forma en que lo están haciendo mediante retenes, requisas y asedio que tienen como objetivo intimidar y amenazar a quienes se oponen al Gobierno”.

“No me dejan salir de Carazo”

A algunos opositores les impiden dejar sus casas, y a otros la ciudad o el departamento, como a Róger Reyes, un abogado de 34 años a quien no le permiten salir de Carazo.

Este jinotepino denuncia que es víctima de hostigamiento policial constante. “Aunque no es diario que vienen afuera de mi casa, es muy constante. A veces vienen vestidos de civil, me han seguido en carro por todo Jinotepe sin importar que solo voy con mis dos hijas de cuatro y dos años”, describe.

Reyes, coordinador departamental de la UNAB en Carazo, detalla que le impiden participar en reuniones políticas, en misas dedicadas a los asesinados en las protestas de 2018 o en cualquier acto opositor.

“Deja de joder que no podés salir”, le dijo un policía cuando intentaba ir a una reunión de la UNAB. Le dijeron que ya sabían a dónde iba y no lo dejaron ir.

Este siete de enero también ingresaron a su vivienda, y en su vehículo pintaron la frase: “Ojo golpista. Plomo”.

“Esa frase y esa invasión en propiedad privada dice mucho del nivel de persecución, mi esposa ya no puede dormir tranquila pensando en que no puede quedarse sola en la casa”, lamenta.

“Ya perdí el miedo”

La primera vez que la Policía Nacional intentó encerrar a la opositora Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la UNAB, fue el 25 de septiembre de 2019. “Mi casa estuvo cercada por más de diez horas para impedir que realizáramos una marcha”, recuerda.

Álvarez había salido la noche anterior, pero su familia sufrió ese encierro. La presencia policial se intensificó cada vez que se organizaban plantones o actividades de opositores.

En una ocasión, un policía vestido de civil la amenazó para impedir que saliera. “Hizo el gesto de buscar un arma en su ropa”, detalla.

La persecución empezó a ser diaria. La “acompañaban” cuando iba de compras o a comer a cualquier lugar.

“Incluso me llegaron a seguir cuando iba al baño de un restaurante hasta que los encaré y les dije que fuéramos a la estación policial si tenían algo contra mí”, recuerda.

En diciembre de 2019 fue citada a la Policía, junto con otros opositores de Tipitapa, pero ese día no la dejaron salir de su vivienda.

“Siempre que salgo me detienen en la calle. El 24 de diciembre pasado me detuvieron en la calle y me tuvieron varias horas retenida bajo el sol”, detalla.

Tres días después le quitaron el carro. “Se lo llevaron con la grúa y siguen sin regresármelo. Me mandan a la estación y no me dan una explicación, todo parece que me lo quieren robar”, denuncia. Álvarez está convencida que con estas acciones “quieren sembrar el miedo entre la población”.

“Lo que hago es no darle importancia —sentencia— porque no van a parar la protesta, ya perdí mi trabajo, ya perdí el miedo también”.

“No nos van a detener”

El asedio contra Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga

El pasado 25 de octubre, el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, supo que no podía salir de la capital, cuando no lo dejaron ir a una actividad. Lo confirmó el 13 de noviembre, que lo regresaron a su casa en una patrulla. “Me dijeron que no podía salir y me llevaron de regreso”, relata.

En el camino, le argumentaron que era “sujeto de una investigación”, pero a la fecha, sigue sin saber las razones.

Según Chamorro, esta forma de represión sigue “el método cubano” de persecución. “Es una intimidación constante: donde me muevo van las patrullas detrás”, denuncia.

A su juicio, “Ortega tiene miedo de que la oposición nicaragüense se pueda reunir, pueda trabajar, y pueda derrotarlo por la vía cívica y pacífica”.

“Esta persecución y hostigamiento es una señal de debilidad. Estos abusos —advierte— no nos van a detener en nuestra lucha por la democracia”.

24 días encerrado

El 17 de diciembre, la Policía agredió a Félix Maradiaga, del Consejo Político de la UNAB, cuando pretendía llevar ayuda a los damnificados por los huracanes Eta y Iota en el Caribe Norte.

Desde entonces, ha documentado varios intentos fallidos a través de Facebook.

“Este tipo de arresto tiene como primer objetivo generar un limbo legal, porque sin ser arresto, hace difícil la denuncia nacional e internacional (…) nos tienen inmovilizados y logran con efectividad no pagar el costo político de arrestarnos”, argumenta.

Para Maradiaga, el “efecto perverso” es normalizar la represión.

“Es tan recurrente, que hace que algunas personas lo empiecen a ver como normal, porque para ellos no estás preso, aunque no estás libre”, valora.

Admite que la situación “no es tan terrible como la de los presos políticos”, pero reclama que “no debería ser normal” que se esté privado de libertad, desde la casa o la cárcel.