Fábrica de fraudes electorales

Ocupándose de lo divino y lo humano a lo largo de un farragoso articulado, lleno de incisos y numerales, galopa el proyecto del nuevo código electoral colombiano entre pupitrazos virtuales y muñequeos presenciales, dejando intactos los caminos que hoy permiten comprar votos, pervertir con dinero en efectivo el sistema electoral y distorsionar la voluntad popular mientras se abren nuevas autopistas hacia el fraude electoral.

Sorprende que el Gobierno Nacional, que ha mantenido un discurso muy elocuente frente a la lucha anticorrupción, ante este proyecto haya guardado sepulcral silencio. Tengo la esperanza de que ese silencio se rompa para dejarle claro a la opinión pública que le parece inaceptable que se borren de un tajo las inhabilidades derivadas de sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría a funcionarios corruptos o negligentes. El propio procurador Fernando Carrillo es quien ha hecho la denuncia.

Y si de denuncias se trata, también sorprende el silencio del Gobierno ante la gravedad de lo planteado en materia de corrupción por Germán Vargas Lleras en estas mismas páginas el día de ayer. Ni el Gobierno ni el señor Registrador pueden pasar de agache ante semejantes denuncias.

Nadie niega la necesidad de modernizar algunas instituciones y prácticas de nuestro sistema electoral, pero en la política como en la medicina hay que evitar aquellos remedios que resultan peores que la enfermedad. El fraude desconoce la esencia de la democracia, falsea la voluntad del pueblo y se convierte, tal y como está suficientemente refrendado en la historia de Colombia, en el caldo de cultivo para nuevas violencias.

Las medidas discriminatorias frente a los movimientos significativos de ciudadanos, haciendo exigencias en muchos casos impracticables por los costos que representan, así como el tratamiento discriminatorio frente al voto en blanco son manifiestamente inconstitucionales.

Ya hace algunos años gané ante la Corte Constitucional una demanda que interpuse sobre un artículo de otra reforma electoral que pretendía quitarle el efecto político al voto en blanco. Y la Corte fue contundente. Aquí no se le niega de plano el efecto político al voto en blanco, pero se trata a los votantes en blanco como votantes de segunda.

Yo he votado en blanco varias veces. El voto en blanco es un voto triste, pero es un derecho. Es un voto en el que un votante que ama a su país y cree en la democracia se encuentra solo ante un tarjetón donde ninguno de los candidatos lo representa ni lo interpreta.

La regulación de modalidades de voto anticipado y de voto electrónico distintos al voto presencial son, sin la garantía de las condiciones adecuadas, un semillero de fraudes. La tecnología se debe aplicar para apoyar y refrendar la transparencia del sufragio. Pero abrirle nuevas troneras a la pulcritud de los resultados en un país donde muchas entidades públicas ni siquiera han sido capaces de tener una página web amigable puede resultar muy costoso.

El apetito por las comisiones derivadas de estos multimillonarios contratos, dondequiera que ese apetito se pueda estar despertando, no nos puede hacer perder de vista el fracaso del voto electrónico en países mucho más tecnificados que el nuestro. Qué bueno sería que escucharan al exregistrador Juan Carlos Galindo expresarse sobre estos graves peligros.

Finalmente, no conozco ningún gobierno al que no le gusten las facultades legislativas extraordinarias. Y hay, cómo no, facultades necesarias y facultades virtuosas. Pero también hay otras facultades que pueden venir envenenadas, cargadas de compromisos burocráticos y presupuestales.

Que no nos venga a decir Carrasquilla el año entrante que nos tenemos que apretar el cinturón y pagar más impuestos cuando ni siquiera se han dignado calcular cuánto vale este proyecto.