Fracaso de proceso constituyente y reforma de pensiones
Los chilenos votaron abrumadoramente en septiembre de 2022 contra una Constitución que buscaba establecer un sistema de pensiones basado en el reparto. El propio gobierno se ha visto obligado a retroceder en su propuesta inicial.
Después del fracaso del proceso constituyente, la demanda por crear un sistema de reparto ha perdido fuerza. Los chilenos votaron, dos veces, por ratificar la Constitución de Pinochet y el modelo de libre mercado. Aunque los chilenos estén descontentos con las pensiones que pagan las AFP y quieran mejores pensiones, es evidente que la gente quiere mantener el sistema de capitalización individual.
La gente quiere que el dinero adicional en imposiciones (el 6%) se quede en sus fondos individuales y prefiere que el Estado busque fondos en otra parte para mejorar las pensiones de los jubilados actuales.
Las elecciones tienen consecuencias. En los cuatro años que han transcurrido desde el estallido social, las elecciones han ido marcando el zigzagueante camino que ha tomado el país. El fervor del octubrismo llevó a muchos a creer que los chilenos querían sepultar el modelo neoliberal. Pero la aplastante victoria del rechazo en septiembre de 2022 echó por tierra los ímpetus refundacionales. Los chilenos, con voto obligatorio y a través de una mayoría abrumadora, rechazaron la propuesta de nueva Constitución que incluía una hoja de ruta para nacionalizar el sistema de pensiones. Los chilenos dijeron fuerte y claro que querían mantener el sistema de capitalización individual.
El efecto de los retiros de fondos de pensiones durante la pandemia no solo ayudó a producir más inflación. El hecho que las AFP entregaran el dinero de las personas de forma tan expedita y directa despejó las dudas sobre la propiedad de los fondos. La gente confirmó que la plata estaba allí y era de ellos. Aunque los retiros probablemente pasen a la historia como una de las peores políticas públicas de estos 35 años de democracia, la consecuencia directa que tuvieron en el debate sobre la reforma previsional es innegable. La gente sabe que tiene dinero guardado y pudo acceder a una buena parte de esos fondos durante la pandemia.
Hoy, cuando se empieza a calentar el debate sobre el destino del 6% adicional que se deducirá de los ingresos formales de las personas (con cargo al empleador, como gustan decir los políticos), el recuerdo de los retiros de fondos durante la crisis inevitablemente impacta en las preferencias de la gente. Las encuestas repetidamente muestran, con incuestionable consistencia, que la gente quiere que sus fondos sigan siendo propios y que el Estado encuentre recursos adicionales para fortalecer el pilar solidario que ya existe en el sistema desde la reforma en el primer gobierno de Bachelet. La entrada en vigor de la Pensión Garantizada Universal durante el segundo gobierno de Piñera consolidó y legitimó el pilar solidario.
Pero la gente no quiere que el gobierno haga solidaridad con sus imposiciones para pensiones. La gente quiere que el Estado busque dinero en otra parte para mejorar las pensiones de los que ahora están jubilados y de los que se jubilarán en los próximos años. La gente no cree que la mejor forma de hacer solidaridad es tomando el dinero que imponen hoy los trabajadores para pagarle a los actuales pensionados. Los motivos son evidentes. La gente sabe -o al menos sospecha- que este sistema de reparto (usar las imposiciones de los que cotizan hoy para pagarle a los pensionados actuales) no es sostenible en el tiempo. Precisamente porque la gente vive más tiempo y porque la cantidad de la población pensionada crece a una velocidad mayor que la fuerza laboral, el sistema de reparto no tiene viabilidad. El sistema de pensiones deberá seguir teniendo como su principal base la lógica de la capitalización individual.
Los chilenos votaron abrumadoramente en septiembre de 2022 contra una Constitución que buscaba establecer un sistema de pensiones basado en el reparto. El propio gobierno se ha visto obligado a retroceder en su propuesta inicial de reforma que implementaba un sistema de reparto y debilitaba el de capitalización individual. Ayer, el gobierno se abrió a aceptar que la mitad del 6% adicional de imposiciones mensuales vaya a las cuentas individuales.
Esta propuesta de 3% a reparto y 3% a capitalización individual nos retrotrae, irónicamente, a un punto muy cercano al debate que se estaba dando en Chile antes del estallido social de 2019. Pero como las elecciones tienen consecuencias, cuatro años después, con fallido proceso constituyente a cuestas y con un electorado que rechazó rotundamente los intentos refundacionales y optó, dos veces, por confirmar la constitución de Pinochet que privilegia el modelo económico de libre mercado, da la impresión de que el 3% a cotización individual y 3% a reparto es más un punto de partida que un punto de llegada en la negociación.
Todavía falta que corra mucha agua bajo el puente antes de que haya humo blanco en la reforma de pensiones. Pero a partir de cómo ha ido evolucionado la voluntad popular y cómo se ha expresado la ciudadanía en las urnas, la reforma de pensiones terminará con una parte claramente mayoritaria del 6% adicional de contribuciones yendo a las cuentas individuales y mandatando al gobierno a buscar recursos adicionales en otra parte para poder mejorar las pensiones de los que ahora están jubilados o en pocos años más lo estarán.
