Frenar ya las masacres

El país no puede anestesiarse ante las masacres. No puede dejar nunca de conmover tan repugnante despliegue de sevicia y desprecio por la vida. La respuesta debe ser una movilización que exija justicia, por supuesto, pero, sobre todo, que pretenda transformar todos esos factores que se juntan y permiten que esta barbarie sea algo habitual, casi natural, para los grupos armados ilegales.

Esta vez fueron Betania (Antioquia) y Argelia (Cauca) los escenarios. En el primer caso, ocho personas –cuatro de ellas recolectores de café– fueron asesinadas en una finca la madrugada del domingo. En el segundo hubo cinco muertos, tras un mortal recorrido de los asesinos por tres establecimientos nocturnos en la noche del sábado.

Hay que detenerse en la ubicación geográfica de los dos sucesos: uno en Antioquia otro en Cauca. Aunque es cierto que el suroeste antioqueño había gozado de cierta tranquilidad en tiempos recientes, no es el caso del resto del departamento, en donde más hechos violentos de este tipo han ocurrido en el 2020: 18. De segundo en la lista aparece justamente el Cauca, con nueve. En ambas regiones, y esto hay que tenerlo muy presente, florecen economías ilegales –minería o narcotráfico– en territorios en los que la presencia estatal es exigua y muchas veces limitada al despliegue aleatorio de las tropas de las fuerzas de tarea allí asignadas.

Aterra constatar, una vez más, cómo la codicia que generan las expectativas de acumulación de capitales fruto de dichas economías anula cualquier consideración humana y moral de los respectivos señores de la guerra. Controlar a la población es necesario para el buen funcionamiento de sus macabros negocios, y para ello los asesinatos colectivos son vistos como la mejor manera de enviar el mensaje a una población civil inerme sobre ‘quién manda acá’. No quieren que nadie estorbe. Mensaje que ha de llegar también a las organizaciones rivales, movidas por los mismos incentivos. Llama la atención, en el caso de Betania, que estas dinámicas de muerte se estén produciendo, al parecer, debido no a una realidad, sino a una expectativa. Según Camilo González Posso, director de Indepaz, en declaraciones a este diario, hay gran expectativa en esta parte del departamento por futuras explotaciones de oro.

Reiteramos, es vital para parar esta barbarie tener claro qué es lo que se suma para que tal nivel de violencia surja, se consolide y se convierta en algo lastimosamente habitual. Aquí debe tenerse presente que cuanto más robusto sea el tejido social, más difícil le resultará al crimen organizado echar raíces. No se puede perder esto de vista. Y en la tarea de fortalecer la cohesión social es vital construir confianza entre la gente y la institucionalidad: una tarea que implica buen gobierno, cero corrupción, cumplimiento de promesas y espacios efectivos de participación con el fin de que las políticas para los territorios no sean asumidas como una imposición. La respuesta estatal ante las masacres no puede limitarse a dar con los responsables y a aumentar en la zona el pie de fuerza. Ambas acciones son necesarias, quién lo duda, pero se comete un error cuando se asumen como suficientes.