Gabriel Tortella: Un manifiesto manifiestamente mejorable

Ilustración de Alejandra Svriz.

Saltan las alarmas. Esto se va a pique. Hay que hacer algo. Lo que sea. Un manifiesto. Manos a la obra.

Es evidente que el escrito hecho público el pasado lunes 21 por un centenar de incondicionales del sanchismo, en su gran mayoría del mundo del espectáculo y exministros, es producto del pánico de un sector de la izquierda, al que podríamos llamar «sector gubernamental», el que más clara y directamente se beneficia de la continuidad de este engendro político cuya continuidad propugnan.

Este engendro les parece a los firmantes, según se desprende del mejorable texto, un Gobierno normal, que produce «avance social» (arcano sintagma favorito del presidente) y de los «derechos civiles», expresiones ambas que forman parte de la fraseología vacua del sanchismo. En definitiva, se trata casi de una llamada de auxilio, revestida de injurias, de los que viven de la subvención, y de los que se libran de la cárcel por obra y gracia de la colonización por el Gobierno del Tribunal Constitucional.

El problema que debilita gravemente la pobre argumentación del manifiesto es su premisa mayor, que, como acabamos de ver, sostiene que el Gobierno de Sánchez es un Gobierno normal y que, por lo tanto, no hay razón para pedir nuevas elecciones. Los redactores del manifiesto se niegan a ver el elefante en la sala de estar: todos los Gobiernos de Sánchez han sido anómalos. Por algo los bautizó, con previsora antelación, como «gobiernos Frankenstein» Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue secretario general del Partido Socialista y su hombre fuerte, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, en los años inmediatamente anteriores a la irrupción de Sánchez.

Se refería con esta expresión Rubalcaba a la propensión de Sánchez a pactar con partidos que, en principio, eran incompatibles con el PSOE, por ser separatistas y terroristas. Hoy parece algo muy lejano, pero el PSOE fue, con Felipe González y luego con sus sucesores, como Almunia y Rubalcaba, un partido constitucionalista, es decir, un partido que se manifestaba fiel a la Constitución española, que habla en sus primeros artículos de «la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles» (Art. 2) y afirma que «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla» (Art. 3).

«Un partido que pacte con los separatistas cualquier cosa que no sea circunstancial está dejando de ser constitucionalista»

Es obvio que para los partidos separatistas catalanes y vascos estos artículos, y varios otros de la Constitución Española, son inaceptables. Por lo tanto, un partido que pacte con ellos cualquier cosa que no sea totalmente circunstancial y concreta (cuanto más un acuerdo de legislatura) está poniendo en duda la aplicación o aplicabilidad de la Constitución. En rigor, está dejando de ser un partido constitucionalista.

Hagamos un poco de historia, incluso de historia comparada. El siglo XX ha sido el del triunfo de la democracia y de la socialdemocracia. Pero la historia nos muestra que los pueblos son ingratos y que desconocen la historia o, mejor dicho, la olvidan muy rápidamente. En el siglo XIX triunfó en Europa el liberalismo y los partidos liberales se fueron imponiendo a los conservadores. Pero el liberalismo trajo consigo a los partidos socialistas reclamando justicia social; poco a poco, los partidos socialistas desplazaron a los liberales.

Pero a medida que se generalizaba la socialdemocracia y el Estado de Bienestar aparecieron nuevos partidos que desplazaron a los socialistas, que dejaron de ser necesarios, puesto que su programa ya estaba en plena aplicación; y resultó que los antiguos partidos conservadores se renovaron, se hicieron socialdemócratas ellos también (en el sentido de que aceptaron plenamente el papel asistencial del Estado, es decir, el llamado Estado de Bienestar). Ya no había más revolución que hacer, la izquierda tradicional ya no era necesaria y el pueblo ingrato votó a los conservadores, que, con un lenguaje más sosegado, parecían garantizar mejor la estabilidad de la socialdemocracia.

Esto ocurrió especialmente en Europa, el continente socialdemócrata por excelencia, y sobre todo en el sur, donde el lenguaje semirrevolucionario y la propensión a la corrupción de las izquierdas les hicieron mucho daño. En la Europa septentrional la izquierda ha sido más sensata y menos corrupta, y en general ha sobrevivido mejor que en el sur. En España las cosas pintaban igual que en el resto de la cuenca mediterránea, pero el legado de la guerra civil y la dictadura franquista han hecho de nuestro país, una vez más, un caso aparte.

«Con Sánchez el socialismo español ha renunciado a los principios tradicionales de la izquierda»

Un residuo de nuestra guerra civil y el franquismo ha sido la acendrada creencia por parte de las izquierdas en que son superiores moralmente y, por tanto, deben ser ellas quienes gobiernen. Esto es, dicho sea de paso, una gravísima desviación democrática, porque excluiría del gobierno a la mitad del pueblo soberano. Sin embargo, ello explicaría los 14 años seguidos que gobernó el PSOE de Felipe González. Pero cuando por fin los conservadores (populares) de Aznar se adaptaron a la socialdemocracia (que, por cierto, había sido en gran parte establecida por los gobiernos «conservadores» de UCD), ganaron las elecciones —y la segunda vez por mayoría absoluta— sonaron todas las alarmas en el socialismo y empezó a ganar terreno una versión woke anticipada.

Se fueron imponiendo en el partido los que estaban dispuestos a olvidar la Constitución y a pactar con los separatistas y la extrema izquierda de Podemos para montar un gobierno Frankenstein, algo que horrorizaba a la vieja guardia, pero que fue intentado a medias por Zapatero. Y finalmente, con la irrupción de este siniestro personaje que es Pedro Sánchez, el socialismo español se ha convertido en una maquinaria enfocada a la permanencia en el poder en cualesquiera circunstancias y a cualquier precio, renunciando a los principios tradicionales de la izquierda (igualdad, educación, democracia, transparencia) en aras de monopolizar las palancas del poder y excluir de él a la oposición, caiga quien caiga y aliándose con quien sea necesario y en los términos que sean precisos, aun a costa de la Constitución y de los principios de igualdad de los ciudadanos e indivisibilidad de la nación. Y esto es lo que los redactores del Manifiesto de Julio consideran normalidad.

Hablan ellos de que la Constitución es «meridiana» sobre las legislaturas de cuatro años; pero olvidan que también es meridiana sobre el deber del gobierno de presentar presupuestos anualmente (Art. 134-3), cosa que Sánchez se niega a hacer afirmando que es «interpretable». Quien lea el artículo citado verá que no hay nada que interpretar acerca de que «el Gobierno deberá presentar» los presupuestos todos los años. Es la primera vez, desde que la Constitución entró en vigor, en que el Gobierno la viola tan flagrantemente.

También fue la primera vez, tras las pasadas elecciones generales, en que el partido perdedor formó gobierno. ¿Cómo se explica esta anomalía? Muy normal y sencillo: el Partido Popular, fiel a sus principios, no podía pactar con los separatistas por la razón que antes vimos. El Partido Socialista, en cambio, estaba dispuesto a traicionar sus principios y a engañar a los electores, pactando con los separatistas y haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo en campaña y a pasar, por el procedimiento de urgencia, en violación de todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia, una amnistía que la Constitución no admite.

«Este presidente ‘legítimo’ que ahora se aferra a sus ‘cuatro años’, exigía continuamente la dimisión de Rajoy»

Dice el Manifiesto, con tono severo, que «la oposición deslegitima al Tribunal Constitucional» por su (evidentemente incorrecta) sentencia acerca de la tal amnistía. Pero omite el Manifiesto que la asesoría jurídica del Gobierno de la Unión Europea coincide en esto con la oposición española y que el tema está pendiente de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, sentencia a la que el Tribunal Constitucional hubiera debido esperar antes de pronunciarse.

En resumen: la premisa básica del Manifiesto de los Cien Sanchistas no se cumple. Esta no es una legislatura normal, todo lo contrario: es una aberración basada en una traición. Por otra parte, este presidente «legítimo» que ahora se aferra a la «meridiana» Constitución y a sus «cuatro años», exigía continuamente la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas porque el entonces presidente se había visto obligado a prorrogar los presupuestos, algo que Sánchez lleva ya no se sabe cuántos años haciendo.

El Manifiesto de los Cien Sanchistas es manifiestamente mejorable: el Gobierno que defiende es manifiestamente dimitible.

Gabriel Tortella es economista e historiador, Premio Rey de España de Economía, miembro del Colegio Libre de Eméritos. Su obra (científica, ensayística, y periodística) es voluminosa.