Gehard Cartay: Un tema preocupante, digno de reflexión y respuesta

No se entiende, en verdad, un mes después de su publicación, el extraño silencio de algunos sectores -incluidos ciertos dirigentes opositores- ante el informe de la Comisión investigadora de las Naciones Unidas denunciando los graves delitos de lesa humanidad que viene cometiendo el régimen venezolano desde hace varios años.

Sí se entiende, en cambio -aunque no se justifique de ninguna manera-, la censura o autocensura que se han impuesto algunos medios de prensa, especialmente los televisivos, temerosos y cuidadosos al no dar cabida a ese mismo informe, cuya publicación hubiera sido escandalosa en cualquier sistema democrático y obligaría al establecimiento político, parlamentario y judicial, y hasta al propio gobierno acusado, a realizar las investigaciones del caso para establecer responsabilidades y juzgar a los culpables de esos crímenes de lesa humanidad.

Quien lea ese informe no puede ser indiferente frente a su escabroso contenido y las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que denuncia, a menos que sea alguien sin sensibilidad humana, a quien nada ni nadie le importan por carecer absolutamente de compasión y piedad. Ya se sabe que los hay de esta calaña, ajenos a toda actitud que implique enfrentar el poder, plácidos en su zona de confort, pendientes solo de sus intereses, y cuidadosos de no molestar al todopoderoso que pueda hacerle favores y le permite disfrutar de su cómoda postura. Solo una persona que actúe de esa manera podría quedarse callada ante una terrible situación como la descrita por el muy noticioso informe de la comisión investigadora de Naciones Unidas.

O tal vez, como lo ha señalado Elías Pino Iturrieta, podría tratarse de gente con miedo, temerosa de enfrentarse al régimen, algo que no puede formar parte de la contextura moral de un dirigente político ante un adversario como el chavomadurismo. Por desgracia, no son pocos los timoratos ante el ejercicio totalitario y autoritario del poder en Venezuela, que ha dado muestras de tratar con terror y violencia extrema a quienes lo adversan (si alguien lo duda, solo tiene que leer el citado informe). Ese temor es comprensible, desde luego, pero en cualquier circunstancia los dirigentes están llamados a sobreponerse al mismo, a pesar de los riesgos y amenazas que comporta enfrentarse a una dictadura de cualquier signo, aunque, en el fondo, siempre sean similares en sus métodos y mecanismos de opresión.

No faltan tampoco algunos opositores que aparentan una cierta compostura “políticamente correcta”, si cabe la expresión, y actúan como “estadistas” asumiendo posiciones como si viviéramos en una democracia plena, con respeto absoluto al Estado de Derecho, las instituciones democráticas y los Derechos Humanos. En realidad, son una caricatura de estadistas, porque, por ejemplo, uno de los más característicos, Winston Churchill, no habría dejado de usar su oratoria corrosiva y temible para denunciar los crímenes de lesa humanidad, aunque ya sepamos que ahora mismo no hay comparación posible entre los sistemas políticos de Inglaterra y nuestro país.

Pero, en realidad, lo que más preocupa es el silencio de buena parte de eso que llaman “opinión pública” que se supone aún existe en este país, a pesar de “la hegemonía comunicacional” que como objetivo primario impuso el régimen desde sus inicios y que ha cumplido con una eficacia digna de mejor causa.

Si en un país la opinión pública no reacciona de manera contundente y firme ante una denuncia de las características espeluznantes que detalla el informe de la comisión investigadora de los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano, entonces, sin duda alguna, estamos ante una nación casi deshumanizada, insensible y ajena al dolor del otro. No sé, en realidad, si eso es exactamente lo que ahora ocurre en Venezuela, pero no deja de ser preocupante el silencio de mucha gente, el miedo de algunos otros, la indiferencia de las instituciones y la absurda carencia de una acción cívica de protesta multitudinaria ante un hecho de tan terribles características.

En cambio, la condena de la opinión pública internacional democrática ha sido contundente y firme, manifestada en los organismos internacionales de derechos humanos, que ya han acordado medidas concretas, las cuales comentaremos más adelante. Independientemente de que no contengan eficacia coercitiva, esos pronunciamientos han sido muy importantes.

El propio informe de la comisión investigadora de la ONU es demoledor al describir los crímenes de lesa humanidad que le imputa al régimen venezolano: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, secuestros y detenciones arbitrarias, todo ello en un marco político donde no hay independencia de Poderes. El informe denuncia también la situación criminal y atentatoria que se sucede en el llamado Arco Minero del Orinoco, ubicado en el estado Bolívar, donde se ejecuta un plan depredador y explotador del medio ambiente y de valiosos recursos minerales, mientras se acosa y persigue a las comunidades indígenas -con resultados lamentables de varios muertos y heridos- que han vivido en ese territorio desde tiempos inmemoriales.

Ese informe también revela la violación permanente a la Constitución y al Estado de Derecho en Venezuela para detener, secuestrar, perseguir e inhabilitar ilegalmente a los adversarios políticos del régimen, así como el acoso y cierre de medios de comunicación social independientes y la brutal represión contra manifestaciones pacíficas opositoras, con decenas de muertos en años recientes.

A causa de estos hechos, el régimen acaba de ser derrotado en dos ocasiones sucesivas hace pocos días. Aparte del informe de la comisión de la ONU en comento, el pasado siete de octubre el Consejo de Derechos Humanos de esa misma organización mundial aprobó renovar por dos años más el mandato de la citada Comisión investigadora, a pesar de los desesperados esfuerzos para impedirlo por parte del régimen y sus impresentables aliados internacionales, que son también dictaduras especializadas en la perpetración de delitos de lesa humanidad.

La segunda derrota se produjo seguidamente: el régimen venezolano quedó fuera de la citada Comisión de Derechos Humanos de la ONU, al ser derrotado en su aspiración de mantener su puesto por los gobiernos de Chile y Costa Rica, todo lo cual pone en evidencia el desprestigio internacional de quienes, por ahora, ejercen el poder en Venezuela.

Surge entonces una inquietud: si hasta en el país de los ayatolas anacrónicos y fanatizados la muerte de una joven acusada por la policía de portar mal el velo islámico -asesinada luego por agentes suyos- ha desatado una ola de justas protestas y masivas manifestaciones que han colocado a aquel régimen dictatorial y bárbaro contra la pared; uno tiene entonces perfecto derecho a preguntarse: ¿Cómo es que los crímenes de lesa humanidad denunciados por la ONU aquí no han producido mayores críticas y reprobaciones, al contrario de lo ocurrido en el plano internacional?

Se trata, sin duda, de un tema preocupante tanto por la tibia reacción de la dirigencia nacional, en todos sus niveles, como de la opinión pública. ¿Será que nuestra anomia como nación ya ha alcanzado las cotas más altas?, ¿será que estamos en camino de “normalizar” definitivamente las violaciones, atropellos y abusos de un régimen que ha sido condenado por los organismos internacionales especializados por sus delitos de lesa humanidad?

Se trata de una situación digna de reflexión, análisis y respuesta.