Gélido ambiente electoral en Cuba

Faltan menos de 60 días para que la Asamblea Nacional del Poder Popular elija al presidente y al vicepresidente de la República. En el mismo acto serán elegidos también los tres máximos cargos del Parlamento -presidente, vicepresidente y secretario- y los demás miembros del Consejo de Estado.

De esa forma se cumplirá la segunda disposición transitoria de la actual Constitución, que dio un plazo de tres meses a partir de la aprobación de la Ley Electoral, para que el Parlamento eligiera estos cargos entre sus diputados.

«¿Y qué dicen las encuestas?«, pregunta el chistoso.

Esta es la interrogante que se formulan los politólogos en la mayoría de los países desde que se empiezan a perfilar los procesos electorales. Por ejemplo, a mediados de agosto Argentina y Guatemala han tenido procesos electorales; los argentinos publicaban encuestas desde octubre del año pasado y los guatemaltecos lo hacían desde marzo de este año, cuando todavía no se sabía que habría una segunda vuelta.

Eso no ocurre en Cuba, porque confeccionar el proyecto de candidatura para los cargos ya mencionados es formalmente una atribución de la Comisión de Candidaturas Nacional

Eso no ocurre en Cuba, porque confeccionar el proyecto de candidatura para los cargos ya mencionados es formalmente una atribución de la Comisión de Candidaturas Nacional, integrada por miembros de las principales «organizaciones de masas» del país y en esas listas no hay diferentes opciones que elegir, sino nombres que aprobar. Un nombre para cada cargo.

Ahora mismo podría estarse produciendo el primer incumplimiento de lo dispuesto en la nueva Ley Electoral que, en su sexta disposición transitoria, dio un plazo de 30 días para que las direcciones de las organizaciones de masas designen a sus representantes en la Comisión de Candidaturas Nacional.

Si se lee bien la primera disposición especial de la propia ley se entiende que para el cómputo de los plazos y términos «los días se entienden como días naturales, salvo que se disponga lo contrario expresamente por autoridad competente».

Hoy 13 de agosto han transcurrido 31 días desde aquel 13 de julio en que se aprobó la Ley Electoral y la prensa no ha dicho una palabra sobre dichos nombramientos. En el sitio digital del Parlamento no hay mención alguna a que las organizaciones de masas hayan presentado sus propuestas de miembros de la Comisión Nacional de Candidaturas.

Aunque para nadie es un secreto que Miguel Díaz-Canel será designado presidente de la República, los otros puestos no están tan claramente definidos. Cosa curiosa, en la prensa oficial nadie especula, nadie pregunta, nadie hace propuestas. En este asunto, como en muchos otros, impera el síndrome del misterio.

Probablemente se adopte la fecha del 10 de octubre para la toma de posesión del nuevo mandatario. Resulta notorio que los cargos civiles de la República tomen posesión en fechas marcadas por gestas militares, pues si el 10 de octubre marca el comienzo de la primera guerra de independencia, el 24 de febrero señala el inicio de la segunda y el 19 de abril la «Victoria de Playa Girón».

Atendiendo a la limitación de dos mandatos de cinco años para los altos cargos políticos y gubernamentales, existía la duda de cómo se consideraría el tiempo transcurrido desde el pasado 19 de abril, en que el seguro candidato a presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, tomó posesión de su actual puesto de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. ¿Se le contará como una etapa de entrenamiento previo o se lo anotarán como tiempo cumplido en el nuevo cargo?

La respuesta la ofrece la tercera disposición transitoria de la nueva Ley Electoral que especifica que los ahora electos lo serán «en esta ocasión, por lo que resta del presente mandato» o sea, hasta abril de 2024. Si los que redactaron esta disposición no supieran de antemano que el «próximo» presidente va a ser el mismo que hoy ostenta el puesto con otra denominación no hubieran introducido esta cláusula, pues de ser otro el elegido le estarían restando seis meses de su mandato de cinco años.

No habrá nadie saliendo al balcón de su casa para gritar vítores, ni alegría dentro de las casas frente a la pantalla del televisor cuando la monótona voz de la presidente de la Comisión Electoral pronuncie el nombre del nuevo jefe del Estado

En cuanto a los cambios en el Parlamento habrá que esperar a la misma fecha, lo cual queda claro en la primera disposición especial de la Constitución que establece que los diputados de la IX legislatura «se mantienen en su cargos hasta tanto concluya su mandato».

Miguel Díaz-Canel exhibe una intachable conducta en su propósito de darle continuidad al legado de la generación histórica; probablemente no habrá tomado un peso de forma indebida de la caja pública, ni se le podrá señalar alguna componenda nepotista para mejorar a los suyos. Pero no habrá sido elegido por el pueblo.

Ni los más empedernidos jugadores rivalizarán en apuestas sobre el resultado de este nombramiento. No habrá nadie saliendo al balcón de su casa para gritar vítores, ni alegría dentro de las casas frente a la pantalla del televisor cuando la monótona voz de la presidente de la Comisión Electoral pronuncie el nombre del nuevo jefe del Estado. Ni siquiera podrá contabilizar a sus simpatizantes.

Así de tediosos y aburridos son estos procesos en este país. Faltando menos de 60 días para conocer el resultado de estas mal llamadas elecciones no hay campañas ni debates, mucho menos escándalos. No solo faltan las encuestas, el gran ausente es el entusiasmo popular.