Geoff Ramsey: “Hay que canalizar la presión hacia soluciones realistas y duraderas”

Fotografía tomada de Provea.com

Hay señales de humo en el horizonte, parece que las negociaciones en México se van a reanudar en las próximas semanas. Así lo espera la comunidad internacional. La estrategia de Washington es clara: el conflicto lo tienen que resolver los venezolanos, aunque los incentivos para que el gobierno de Maduro se siente a la mesa los creó el gobierno de Estados Unidos. Apertura democrática, reinstitucionalización de la justicia, compensación a las víctimas y elecciones libres a cambio de un progresivo levantamiento de las sanciones. No tiene mucho sentido discutir cómo llegamos hasta aquí. Sería como tratar de recoger la leche derramada. Quien habla es Geoff Ramsey*, quien es experto en la crisis política de Venezuela y ha viajado regularmente al país desde 2014.

¿Cuál es la percepción que tienen en Washington sobre la situación actual del proceso venezolano, del clima en general, digámoslo así?

Hay que empezar el análisis sobre la coyuntura actual en Venezuela haciendo una mención al reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas. En ese informe se documentan los graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido, así como las graves violaciones a los Derechos Humanos, en el contexto de la represión estatal. Ellos son muy claros en destacar que el gobierno de Maduro no ha cooperado con las recomendaciones que hizo Michelle Bachelet en su gestión como alta comisionada de la ONU. Todavía estamos muy lejos de ver reformas e investigaciones genuinas que podrían garantizar la reinstitucionalización judicial del país. Es decir, Venezuela, al día de hoy, es un Estado cuyas instituciones están completamente cooptadas por el poder Ejecutivo. En ese contexto, creo que la comunidad internacional tiene una oportunidad de seguir impulsando soluciones políticas que podrían reestablecer el Estado de derecho, el acceso a la justicia de las víctimas y ampliar el espacio democrático en Venezuela.

Creo que es el informe más grave que se ha publicado sobre Venezuela, el que ha profundizado y documentado, rigurosamente, las violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido. Y la pregunta es: ¿Realmente los Estados Unidos están comprometidos con la defensa de los Derechos Humano? ¿Qué diría alrededor de esta duda?

No veo a la administración Biden abandonando sus esfuerzos por buscar una solución democrática a la crisis. La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos no va a normalizar las relaciones con el gobierno de Maduro sin que se despeje el camino para que se celebren elecciones libres y se apliquen reformas genuinas en el sistema de justicia. El informe de Naciones Unidas contiene una serie de recomendaciones para poner fin a la impunidad generalizada. Se incluyen, además, cambios significativos que permitan una verdadera investigación y persecución de estos crímenes. En el memorándum de entendimiento firmado en 2021 –entre el gobierno de Maduro y la oposición, en México- las partes se comprometieron a hablar del Estado de derecho y la reparación a las víctimas. No veo como contradictorio apoyar al mismo tiempo un proceso de negociación como lo está haciendo los Estados Unidos.

Lo que planteé fue una duda, no una contradicción. Son dos cosas distintas, ¿verdad? ¿No cree que el gobierno del señor Maduro ha traspasado unas líneas de las cuáles ya no hay retorno?

El informe presenta evidencias claras que señalan a los responsables, desde los niveles más altos de la cadena de mando hasta los funcionarios involucrados. Sin justicia y reparación a las víctimas de violaciones y crímenes a los Derechos Humanos, no puede haber una solución política a la crisis en Venezuela. Y con esto no quiero decir que una transición sea imposible. Hemos visto muchos casos, en otros países de Suramérica, en los que ha habido transiciones hacia la democracia. Por eso hay una necesidad de canalizar la presión hacia soluciones realistas y duraderas. Uno de los errores de la administración de Trump fue insistir en la “máxima presión” como un objetivo en sí mismo, sin ofrecer incentivos claros para Maduro y su entorno. Se insistió en una hipótesis de que la “máxima presión” iba a generar cierto tipo de quiebre y una transición automática, pero eso no ocurrió.

El intercambio de presos -unos ejecutivos de PDVSA con nacionalidad estadounidense por los sobrinos de Cilia Flores-  ha generado un fuerte rechazo en sectores opositores. ¿Esto es una línea de negociación distinta a la crisis política venezolana? ¿Son dos negociaciones distintas?

Sí. Son negociaciones distintas, pero obviamente están relacionadas. Para el gobierno de Biden es una muestra de flexibilidad. Es una manera de señalarle a Maduro que realmente los Estados Unidos están comprometidos –aunque esto signifique un costo político- con la posibilidad de ofrecer concesiones significativas, siempre y cuando Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México. No lo podemos ver como un ablandamiento. La verdad es que no puede haber una flexibilización de las sanciones más importantes, las que más pesan sobre el gobierno venezolano, como petroleras y financieras, si no hay avances en un contexto de negociación. Esa ha sido la postura, reiterada en varias ocasiones, por la administración Biden.

Creo que la oposición venezolana no tuvo ninguna injerencia en esta negociación de intercambio de prisioneros. Entonces, ¿podemos pensar que el gobierno del Biden sigue apoyando a Juan Guaidó?

Creo que el gobierno estadounidense tiene un compromiso fuerte con todos los actores de la oposición venezolana. Ciertamente ha habido cierta distancia entre Washington y el gobierno interino, pero hay que decir que ese distanciamiento lo hemos visto en otros países de la comunidad internacional, particularmente de la Unión Europea y de otros países en la región. Lo que esto nos dice es que estos actores han visto la necesidad de adaptar su estrategia a la realidad. Y la realidad es que el gobierno de Maduro ejerce el poder de facto. Lo que veo –por parte de Estados Unidos- es un intento de relacionarse con una coalición más amplia de la oposición. Hemos visto un mayor énfasis en la plataforma unitaria que en el gobierno interino y para nadie es un secreto, en Washington, que el gobierno interino, actualmente, está cada vez más aislado dentro de lo que es la propia coalición opositora en Venezuela y que son cada vez menos los partidos políticos, involucrados en esa figura. Básicamente es Voluntad Popular y algunos partidos minoritarios. Por eso, en Washington se ha entendido la importancia de diversificar su comunicación con otros factores de la oposición. Eso tiene que ver, igualmente, con una estrategia electoral. Vimos, justamente en estos días, la insistencia de Washington en el camino electoral.  Han intentado promover un debate más técnico en la oposición, dentro de lo que serían las condiciones electorales, que va más allá del dilema de participar o no.

El señor Henrique Capriles calificó al gobierno interino como “un gobierno de Internet” y el hecho de que no tenga el control de los mecanismos y los elementos del poder lo debilitan en grado superlativo. ¿Podemos interpretar que Estados Unidos está negociando con el gobierno de Maduro, asumiendo que controla el poder fáctico? Yo creo que eso envía un mensaje y plantea una nueva realidad política. ¿Se eligió un nuevo camino?

Tendríamos que agregar el hecho de que hay, dentro de los factores opositores, una disposición creciente a modificar la estructura de la oposición. En la misma comisión delegada (parlamento electo en 2015), Voluntad Popular parece que no tiene los votos necesarios para renovar la figura del gobierno interino en enero del próximo año. Sin embargo, eso no significa que los países que han reconocido al gobierno interino como un interlocutor válido van a establecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro de un día para otro. Dudo mucho que los activos que están congelados en el exterior puedan ser devueltos al gobierno de Maduro si no vemos avances significativos en la mesa de negociación. Se ha hablado de conversaciones tras bastidores que tienen lugar en Caracas, entre la plataforma unitaria y Maduro, sobre la posibilidad de crear un mecanismo para que estos activos puedan beneficiar a la población venezolana y abordar la crisis humanitaria en el país. Creo que esa es la apuesta del gobierno de Biden y de Estados Unidos. Hay un optimismo creciente, en la comunidad internacional, de que pueda reactivarse la mesa de negociación en las próximas semanas.

La posibilidad de que algunos activos congelados se canalicen para atender la emergencia humanitaria ha sido una solicitud, más bien un clamor, de las organizaciones civiles de la sociedad venezolana. ¿En esas conversaciones deberían participar organizaciones distintas a los partidos políticos?

Es fundamental. La verdad es que en cualquier tipo de negociaciones políticas en Venezuela debe abrirse un espacio para la participación de la sociedad civil. Incluso, en el acuerdo que se firmó en México, en agosto del año pasado, se hace referencia a un mecanismo de consulta con actores sociales. Creo que la comunidad internacional debe hacer más énfasis en la necesidad de crear ese mecanismo, que permita la participación directa o indirecta de esos actores. Lo hemos visto en otros procesos y esa participación puede contribuir a la búsqueda de acuerdos significativos.

¿Esa participación debería abrirse a temas distintos a la ayuda humanitaria? ¿A la reinstitucionalización de la justicia o los asuntos electorales, por ejemplo? Es decir, ¿debería haber participación de la sociedad civil en todos los temas que se pongan sobre la mesa en México?

No siempre de una manera directa. Obviamente hay decisiones que solamente pueden ser tomadas por los actores políticos. Ese no es el papel de la sociedad civil. Pero sí creo que cualquier tipo de acuerdo debería ser consultado con las organizaciones de víctimas o de Derechos Humanos, entre otras. Los análisis en los acuerdos de paz, en los siglos XX y XXI, han encontrado, una y otra vez, un vínculo muy fuerte entre la viabilidad y durabilidad de los acuerdos y el grado de participación de los actores de la sociedad civil. Sería muy importante crear este tipo de mecanismo, porque además de ofrecerle a los negociadores información de organizaciones que cuentan con una experticia en temas claves, como los asuntos electorales o que tiene que ver con la emergencia humanitaria, también podrían crear un espacio para construir un consenso más amplio sobre la importancia de este proceso de negociación, al que se le han hecho críticas muy duras.

En algún momento, el gobierno de Nicolás Maduro planteó la incorporación de Rusia a la mesa de negociación. ¿En medio de la invasión a Ucrania, en la que hay una confrontación entre Estados Unidos y Rusia, no se crea un nuevo obstáculo? ¿No afecta el hecho de que el gobierno de Maduro es un aliado de Rusia?

Generalmente, en estos procesos de diálogo, las partes eligen a sus propios garantes. En las negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, la organización armada eligió a Venezuela como su garante y el gobierno colombiano accedió a esa demanda. Diría que el hecho de que los garantes estén en conflicto no necesariamente impiden su participación en los diálogos y negociaciones, siempre y cuando los facilitadores sean imparciales, algo que han demostrado los noruegos a lo largo de todo el proceso. Incluso, hay que recordar que en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán (sobre el programa nuclear iraní) los rusos están participando como garantes del gobierno de Teherán y no por eso Estados Unidos se ha negado a participar en esas negociaciones. Creo que podría ocurrir algo similar en el caso venezolano.

¿Cómo interpreta la estadía en Caracas del señor Zapatero, que durante esta semana estuvo hablando con actores políticos?

Lamentablemente, Zapatero no siempre ha jugado un papel conducente a la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela. De hecho, en el proceso del año 2017-2018, en República Dominicana, la oposición denunció que Zapatero presionó para que ellos suscribieran un acuerdo que consideraban inaceptable. Creo que Zapatero debería buscar maneras de ser útil, en un momento en el cual el reino de Noruega parece estar muy activo y muy conectado con las partes para reactivar un proceso de negociación. Sería un error de su parte creer que él podría reemplazar el trabajo de los noruegos.

¿Zapatero está involucrado en el entorno de las negociaciones donde participan los Estados Unidos?

No veo una vinculación entre los esfuerzos de Zapatero y el canal de comunicación que existe entre Washington y Caracas. Las dos visitas de la misión estadounidense a Venezuela demuestran que Washington no necesita un interlocutor como Zapatero para establecer esa comunicación.

Una de las cosas que nos preocupa a los venezolanos es que la oposición no tiene elementos de poder para imponer condiciones. No tiene las cartas para negociar. De alguna manera, el interlocutor del gobierno de Maduro no es la oposición, sino el gobierno de los Estados Unidos. No creo que eso sea conveniente ni para el gobierno de Biden ni para la sociedad venezolana. ¿Qué diría usted?

Siempre me confunde ese planteamiento. La verdad es que esas herramientas nunca han estado en las manos de la oposición venezolana. La verdad es que los incentivos que tiene Maduro para negociar han sido creados por Estados Unidos. Así que cualquier tipo de negociación siempre va a tener que contar con el apoyo y la participación estadounidense. Pero eso no significa que Washington sea un protagonista en las negociaciones. Si bien la administración de Biden ha creado canales de comunicación con el gobierno de Maduro, no los ha utilizado para reemplazar un proceso de diálogo y negociación entre los venezolanos. No veo a la administración Biden asumir el papel que debería ser liderado por la propia oposición. Esa ha sido la apuesta. Parece que los Estados Unidos, como otros países de la comunidad internacional, son optimistas con relación a que a que las negociaciones se reanuden en las próximas semanas.

No hemos hablado de una circunstancia que, para bien o para mal, hay que tomar en cuenta. El petróleo y el gas natural se han revalorizado en el mundo, a raíz de la invasión a Ucrania. ¿Tiene algún peso la capacidad energética venezolana, actualmente muy limitada, en este proceso de negociación?

Creo que sería ingenuo pensar que los intereses geopolíticos energéticos no pesan en este momento tan complejo. Pero si la administración Biden solamente estuviera interesada en normalizar las relaciones con una dictadura para tener acceso al petróleo venezolano, yo creo que veríamos una estrategia muy distinta. Por algo no hemos visto la emisión de unas licencias para que empresas petroleras como Chevron puedan incrementar sus operaciones en Venezuela. Eso no va a suceder si no hay avances verificables en un contexto de negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición. Ese ha sido el mensaje del gobierno estadounidense en público y en privado. No veo al presidente Biden olvidando las graves violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en Venezuela en los últimos años ni la importancia que tiene la búsqueda de un camino para que se realicen elecciones libres, así como la búsqueda de justicia. Más bien veo la estrategia compleja del palo y la zanahoria.

La experiencia de República Dominicana dejó un mal sabor. El Vaticano, por ejemplo, se retiró de las negociaciones y no ha hecho ningún intento por involucrase en México. La verdad es que persisten dudas. El gobierno de Maduro tendría que demostrar que va en serio, que no está ganando tiempo y que los acuerdos a que se llegue se van a poner en práctica. ¿Lo ve posible?

Nunca hay garantías de éxito en este tipo de negociaciones. Vimos las negociaciones en Irlanda, en donde el diálogo fracasó una y otra vez, por décadas. En el caso venezolano hemos visto que, si el problema fuera una falta de diálogo, la crisis se hubiera resuelto hace años. Pero la verdad es que no hay alternativa a la búsqueda de una transición pactada. Es decir, no puede haber una transición democrática sin un diálogo con sectores del chavismo y del gobierno de Maduro. Si vas a esperar a que Maduro demuestre buena voluntad para hablar con él, creo que vas a tener que esperar mucho tiempo. A cambio, creo que hay que enfocarse más en los intereses que tienen tanto Maduro como su entorno. Y la verdad es que tienen un interés para llegar a un acuerdo que permita la flexibilización de las sanciones. Esa es la apuesta de la comunidad internacional.

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*Director para Venezuela de WOLA (Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos en las Américas). Maestría en Asuntos Internacionales, en la Escuela de Servicio Internacional de American University. Licenciatura en Relaciones Internacionales acreditada por esa casa de estudios.