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Gobierno de Trump pide al Tribunal Supremo que le permita deportar venezolanos de manera sumaria

La administración de Donald Trump presentó una solicitud de emergencia al máximo tribunal estadounidense después de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuvo en vigor el bloqueo temporal al uso de esta ley dictado por el juez James Boasberg el 15 de marzo

 

El gobierno de Donald Trump pidió este viernes al Tribunal Supremo que le permita implementar la ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para así poder deportar a venezolanos sin el debido proceso, tal y como hizo a mediados de mes cuando envió a cerca de 200 ciudadanos del país caribeño a una prisión en El Salvador.

La administración de Donald Trump presentó una solicitud de emergencia al máximo tribunal estadounidense después de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuviera en vigor el bloqueo temporal al uso de esta ley dictado por el juez James Boasberg el 15 de marzo.

La argumentación de la administración es que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.

El escrito del gobierno señala que la Constitución deja claro que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera indudable en el presidente y pide levantar el bloqueo judicial.

El magnate neoyorquino ha asegurado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país e invocó el 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no usada desde la Segunda Guerra Mundial, que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.

Ese mismo día, pese a la orden judicial de Boasberg, tres aviones fletados por el gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a cerca de 200 venezolanos, a quienes las autoridades acusan de ser miembros de Tren de Aragua, que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.

El miércoles el tribunal federal de apelaciones mantuvo el bloqueo a la ley, en lo que supuso el penúltimo episodio de un caso que subraya el pulso que el gobierno mantiene con los jueces que han bloqueado iniciativas suyas y a los que pide destituir, poniendo en duda la separación de poderes en Estados Unidos.

 

 

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