Guadalupe Sánchez: El Estado al servicio del tirano

    Ilustración de Alejandra Svriz

El sanchismo, al igual que el resto de variantes personalistas a través de las cuales se manifiesta el socialismo, se caracteriza por una concepción patrimonialista de las instituciones del Estado. Ese ente abstracto, comúnmente conocido como «lo público», que en teoría debería servir a los ciudadanos con neutralidad y sujeción a las leyes, va poco a poco transmutando en un ariete al servicio de las necesidades personales y políticas de Pedro Sánchez.

Buena muestra de ello es la operación presuntamente urdida desde Presidencia del Gobierno, con la imprescindible participación de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de acabar, de una vez y para siempre, con la rival política a la que el sanchismo ha convertido en el objeto de sus obsesiones: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

A estas alturas, cualquiera que haya prestado una mínima atención a la actualidad informativa de nuestro país sabe que en marzo del año pasado, en plena efervescencia de la ley de amnistía, con las actividades «docentes» de Begoña en el foco, y tras conocerse los primeros detalles escabrosos del caso Koldo, saltaron a las portadas de los distintos medios que integran el equipo de opinión sincronizada informaciones sobre una inspección tributaria abierta contra una empresa administrada por la pareja sentimental de la presidenta madrileña, referido a ejercicios anteriores a que ambos iniciaran su relación.

Lo que empezó con unas noticias que contenían detalles concretos de un expediente tributario no judicializado, acabó derivando en la publicación de una captura de un correo electrónico confidencial entre un abogado y un fiscal por parte de uno de los portalitos que forman parte del engranaje de la máquina del fango de Moncloa, con la clara finalidad de servir como coartada a una campaña de difamación gubernamental dirigida contra la pareja de Ayuso para, a través de él, destruirla a ella.

Ahora, gracias a la instrucción que dirige el juez del Supremo Ángel Hurtado, sabemos que varios fiscales, entre los que se encuentra el Fiscal General del Estado, se organizaron para hacer llegar a Presidencia del Gobierno el correo en cuestión. Sabemos también que García Ortiz pidió que se lo remitieran a su email personal.  Y que fue incapaz de negar a una de las fiscales que había sido él el autor de la filtración: «Eso ahora no importa». Algo que encaja a la perfección con el hecho de que borrase todos sus whatsapps y cambiase de número y hasta de terminal móvil para evitar el volcado de los mensajes y llamadas por parte de la UCO. Pero los mensajes que intercambió con otra imputada y las declaraciones de sus subalternos hacen que todo apunte al fiscal general del Estado como la fuente de la filtración y, por lo tanto, como el presunto autor de un delito de revelación de secretos.

Pero si esta operación de Estado contra una rival política no les pareciera lo bastante fundamentada como para atreverse a afirmar que Pedro Sánchez patrimonializa las instituciones y las pone en su servicio, no me dejan otra opción que recordarles la anunciada reforma de la figura jurídica de la acción popular con el objetivo indisimulado de acabar con las causas judiciales abiertas contra su esposa y su hermano, al tiempo que debilita otras que afectarían a su entorno, a su partido, a sus ministros o a sus socios. Por no hablar de que él mismo podría resultar beneficiado en un futuro no tan lejano de esta reforma constitucional que pretende acometer -otra vez- por la puerta de atrás.

«El máximo intérprete de la Constitución no es más que un títere al servicio de Sánchez. Algo dramático, ciertamente»

Y no me quiero dejar en el tintero la penúltima constatación del control ejercido por el sanchismo sobre el Tribunal Constitucional. Han estimado la recusación del Fiscal General contra el magistrado Macías por haber participado, como vocal del CGPJ, de la elaboración de un informe crítico sobre la ley de amnistía. Algo que parecería razonable si no fuera porque, hace dos años, rechazaban la abstención de una de sus magistradas para intervenir en la votación sobre la ley del aborto de Zapatero a pesar de que ésta manifestó haber participado, también como vocal del CGPJ, en un informe sobre el anteproyecto de la ley en cuestión. Algo que también había hecho Conde Pumpido como Presidente del Consejo Fiscal. ¿Por qué ante tan parecidos supuestos, a unos se les aparta y a otros no? Porque la decisión es una o su contraria en función de las necesidades del Gobierno. El máximo intérprete de la Constitución no es más que un títere al servicio de Sánchez. Algo dramático, ciertamente.

Hay quien se pregunta, sorprendido, que cómo es posible que Sánchez pueda atreverse a tanto. A mí lo que me sorprende es que haya gente que se sorprenda. Porque el presidente no ha pagado ningún precio institucional o electoral por su larga ristra de mentiras y ataques contra los jueces cuyas resoluciones le incomodan. Declaró dos estados de alarma inconstitucionales y cerró el Congreso para evitar la fiscalización de su labor de gobierno durante la pandemia. Concedió indultos arbitrarios a sus socios. Derogó delitos para aprobar los presupuestos. Asaltó el Tribunal Constitucional colocando a ministros y altos cargos de su gobierno. Colonizó el CIS, el CNI, RTVE, el INE, el Banco de España. Aprobó una reforma del Código Penal que rebajó la condena a miles de violadores. Sacó adelante una amnistía que evita a sus socios de Gobierno responder ante la justicia por sus crímenes. Todo sin asumir ni una puñetera consecuencia. Que cómo se atreve a proponer una ley cuyo efecto más inmediato será garantizar la impunidad a los suyos… Es que la candidez que subyace tras la afirmación me provoca carcajadas.