Guillermo Lasso, el presidente de dos países

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso cumplió 100 días en el poder y el país que gobierna parece, en realidad, ser las dos caras de una misma moneda. Con nueve millones de personas vacunadas en estos primeros meses, Lasso alcanzó su principal oferta de campaña con éxito. Este logro se ve directamente reflejado en la confianza en su gobierno. En agosto, siete de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas aprobaban su gestión, según la encuestadora Cedatos, y seis de cada 10 creían en su palabra.

Con las expectativas tan bajas que dejó su antecesor, Lenín Moreno, lo alcanzado por Lasso no solo apuntala su imagen, sino que también refuerza un imaginario social: el país empieza a recuperarse de la crisis. Ese ha sido el mensaje de sus ministros en los espacios de entrevistas, reforzado por los sectores industriales y empresariales que, desde los primeros meses de la pandemia, han hecho un llamado a la reactivación económica por medio del trabajo presencial, únicamente posible con altos niveles de vacunación.

Para esa cara del país, la vacunación desemboca en una oleada de optimismo porque la narrativa creada desde el gobierno refuerza la idea de que ese logro permite que las empresas e industrias produzcan con mayores certezas; los bares, restaurantes y discotecas vuelvan a abrir, y dinamizar a las ciudades; y que los ingresos de todos mejoren.

Eso no es del todo cierto. En Ecuador, apenas 30% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado; es decir, cuyas condiciones incluyen trabajo por ocho horas diarias, un pago del salario mínimo y prestaciones sociales obligatorias por ley. El resto sobrevive al día. La incidencia de la vacunación sí beneficia a la economía porque impacta positivamente en los sectores productivos pero no es suficiente si la política de gobierno no incluye medidas para esa gran mayoría de la población.

Si el gobierno enfoca sus logros únicamente en la vacunación y sus mensajes en una edulcorada realidad de optimismo, descuida al otro país. Al país que sobrevive. El que está azotado por el latigazo de la crisis: en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó, 7.8%. La cifra es mayor a la de 1999, cuando Ecuador vivió la peor crisis financiera en la historia reciente. Entonces la caída fue de 4.7%. Producto de esa crisis, ha aumentado el número de personas que salen del país y no regresan, muchas, utilizando vías irregulares, sobre todo para llegar a México y de ahí, cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Según el canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo, entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de 2021, hay 69,083 ecuatorianos que salieron rumbo a México y no regresaron. Además, en ese mismo período, se registraron 62,040 ecuatorianos detenidos en Estados Unidos por ingreso irregular a ese país —solo en junio, fueron detenidos 12,743. Entre 2019 y 2021 hubo nueve fallecidos en México; 55 en Estados Unidos y 53 casos de desaparecidos, todos intentaban cruzar la frontera entre ambos países. Esto provocó incluso que el gobierno de México restableciera temporalmente el requisito de visado para las y los ecuatorianos que viajan hacía ese país, el cual se había eliminado en 2018.

¿Qué medidas ofrecerá el gobierno para ese país desesperanzado y en crisis? ¿Qué políticas sociales efectivas aplicará el gobierno para ese 80% de hogares con niños que han visto reducidos sus ingresos y tienen mayores dificultades para acceder a alimentos nutritivos? En un país donde uno de cada cuatro niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, estas son cifras desoladoras que, además, deberían obligar al gobierno a acelerar la estrategia para erradicar la desnutrición infantil.

¿De qué sirve que el gobierno organice un homenaje para el personal de primera línea que perdió la vida durante la pandemia si, a la par, despiden a varios médicos especialistas que hicieron frente a los peores momentos de crisis sanitaria por el COVID-19?

Tampoco ha quedado claro qué medidas económicas aplicará el nuevo gobierno para paliar la crisis: aún no ha enviado sus reformas tributarias ni laborales a la Asamblea Nacional ni parece haber un rumbo claro en su política económica. Mientras, sí hay alarmas preocupantes sobre la delincuencia y el crimen organizado. La crisis carcelaria está lejos de resolverse. Este se perfila para ser el año más violento en las cárceles: hasta el 22 de julio pasado, se habían registrado 121 muertes violentas al interior de los centros de privación de libertad, una cifra 2.3 veces superior a los 51 fallecidos en 2020.

Esa violencia en las cárceles también se ve reflejada en las calles. Guayas, la provincia más afectada por el COVID-19, es también la que registra mayor número muertes violentas: en los ocho primeros meses de 2021, suman 408, casi el doble que en el mismo período de 2020. ¿Qué respuesta concreta propondrá el gobierno, tras estos 100 días, para reducir esos niveles de criminalidad?

A partir de ahora, tras haber dado una respuesta eficaz a la consecuencia más dura de la pandemia, empieza lo realmente desafiante: gobernar, dar respuesta a problemas sistémicos y encontrar la forma de reunificar a un país polarizado. Eso pasa también por la capacidad de escuchar a los gremios sociales, a los sectores indígenas y de oposición —más aún con una Asamblea Nacional fragmentada y con mayoría de legisladores con tendencia más bien de izquierda— para lograr acuerdos y evitar estallidos sociales como ya hemos visto en otros países de la región.

Si no hay capital político apalancado en políticas sociales, no habrá optimismo que dure y el costo para Guillermo Lasso y su gobierno, pero sobre todo para el país entero, puede ser demasiado alto.